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INDAGATORIA A EX SUPERSERVICIOS

El ex superintendente de Servicios Públicos Enrique Ramírez Yáñez comenzó ayer a rendir indagatoria dentro del proceso de TermoRío.

El ex superintendente de Servicios Públicos Enrique Ramírez Yáñez comenzó ayer a rendir indagatoria dentro del proceso de TermoRío.
Los fiscales buscan establecer si Ramírez, como jefe de ese organismo, cometió alguna irregularidad o favoreció intereses particulares en los procesos de liquidación de las electrificadoras del país, entre ellas TermoRío, en la cual la Nación quedó condenada al pago de 61 millones de dólares.
EL TIEMPO reveló cómo luego de que Ramírez nombró intendente a su amiga Marlén Valderrama, el abogado Marino Zuluaga, hoy prófugo de la justicia, empezó a obtener jugosos contratos provenientes de las electrificadoras intervenidas. Entre los contratos a favor de Zuluaga está el de la defensa de la Electrificadora del Atlántico dentro del litigio de la firma TermoRío. Valderrama se entregó a la justicia el pasado miércoles.
Ayer, Ramírez, en compañía de su abogado y ante un fiscal de la Unidad Nacional Anticorrupción, comenzó a dar sus explicaciones desde las 8 de la mañana. Al finalizar la tarde terminó la diligencia. Ramírez ha dicho que sus actuaciones son claras y conforme a la ley.
De otro lado trascendió, que la estrategia de demandar el contrato entre Electranta y TermoRío fue compartida por los gobiernos de Ernesto Samper y Andrés Pastrana.
Así lo indicó el viceministro de Energía yGas, Juan Manuel Rojas Payán, al explicar que era lo que correspondía a hacer a un gobernante diligente y honesto .
De esta manera, Rojas Payán rebatió las declaraciones del ex Superintendente de Servicios, Enrique Ramírez, quien señaló que la culpa del escándalo de TermoRío había sido de los ministros del gobierno de Ernesto Samper.
El problema no es si fue este Gobierno o el pasado, no es si eran rojos o azules, privados o públicos -agregó el viceministro--: aquí el punto es de principios. Significa obrar en la misma dirección en que obraron los ministros del anterior y del actual gobierno. Cuál era esa dirección? La de evitar que unos pocos se apropien indebidamente de 500 millones de dólares .
Inverlink, banca de inversión que dirigió todo el proceso de capitalización de las electrificadoras de la costa Atlántica, corroboró esta versión. Camilo Villaveces Atuesta, presidente de la empresa, fue testigo de cómo en 1998 los entonces ministros Orlando Cabrales, Antonio José Urdinola y Cecilia López, se pusieron de acuerdo con quienes llegaban a integrar el nuevo gabinete, encabezados por Jaime Ruiz, para demandar el contrato con TermoRío.
EL TIEMPO estableció que Inverlink, empresa sobre la cual el senador Jaime Dussán dijo que debía ser investigada, no está siendo objeto de averiguación por parte de los organismos de control del Estado. No hay ningún tipo de proceso en su contra en la Procuraduría.
De acuerdo con Villaveces, el entonces presidente Ernesto Samper, pocos días antes de dejar su cargo, y cuando se definía si se instauraba la demanda o no, dijo que la única razón por la que no demandaríamos el contrato de TermoRío sería que el presidente Pastrana dijera que no .
El presidente electo Pastrana no puso objeción alguna y el contrato fue demandado por el ex magistrado Jorge Arango Mejía.
Hoy, dos años y medio después, esa misma demanda es la última posibilidad que le queda a la Nación de salvar los 61 millones de dólares de la condena del tribunal internacional, porque si el contrato es declarado nulo, de acuerdo con lo expresado por el procurador general Edgardo Maya Villazón, la condena quedaría también sin vigencia.
El viceministro Rojas habló durante el debate que se dio el martes sobre el caso de TermoRío. Entre otras cosas, señaló que el contrato entre la empresa estatal y la privada (TermoRío) habría significado a los colombianos un sobrecosto de 80 millones de dólares solamente en los dos primeros años de vigencia del contrato, que se firmó por veinte.
En tan onerosas condiciones, señala Rojas, un gobernante diligente tenía que parar el contrato y demandar su nulidad, a sabiendas de que iba a haber pleito . Como en efecto se hizo.
Inverlink entregó a la Fiscalía copia de todas las comunicaciones y las medidas que tomaron en ese entonces los ministros Urdinola y Cabrales y la directora de Planeación Nacional Cecilia López, tratando de cortarle el paso al mencionado contrato de TermoRío.
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