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DETECTAN MÁS CORRUPCIÓN EN ADUANA

DETECTAN MÁS CORRUPCIÓN EN ADUANA

Un nuevo ataque frontal contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito en la Aduana Nacional, terminó de perfeccionar la Procuraduría General de la Nación. El organismo fiscalizador abrió 22 pliegos de cargos contra funcionarios y exfuncionarios de esa entidad en Cundinamarca y se prepara a iniciar cerca de 20 procesos más en el resto del país.

Por: REDACCIÓN EL TIEMPO
03 de marzo 1993 , 12:00 a. m.

Los funcionarios investigados estarían comprometidos en el delito de enriquecimiento ilícito, estimado en una cifra superior a mil millones de pesos.

Los empleados de la Aduana comprometidos en la investigación ocupan cargos de jefes de división, almacenistas, técnicos administrativos, cabos de guardas, técnicos de investigaciones, supernumerarios y guardas.

El Ministerio Público les pidió explicaciones por el incremento patrimonial, presuntamente injustificado, que oscila entre 3 a 220 millones de pesos.

Las investigaciones hacen parte de las 62 denuncias que por este ilícito hizo el procurador General de la Nación, Carlos Gustavo Arrieta, a finales del año pasado.

La Fiscalía General de la Nación conduce los procesos en el aspecto penal y la Procuraduría en la parte disciplinaria.

Esta es la segunda gran investigación que por enriquecimiento ilícito realiza la Procuraduría en la Aduana.

Entre los expedientes que actualmente adelanta el organismo fiscalizador se encuentra el de Alba Lucía Orozco, técnica Administrativa de la Aduana, que debe justificar un incremento patrimonial cercano a los 220 millones de pesos.

Después de hacer un análisis de los ingresos y egresos de la funcionaria y de su núcleo familiar, la corporación estableció que en 1987, 1988 y 1989, tuvo incrementos sin una justificación clara.

Así, durante ese lapso, el grupo familiar adquirió propiedades por 76 620.502, cuando, según la investigación, solo tenía disponibilidad de recursos por 37 358.899. Es decir, la funcionaria tiene que justificar 39 261.603 pesos.

El Ministerio Público también le pidió a Orozco que justifique el manejo de 183 718.079 pesos a través de numerosas cuentas bancarias.

En el análisis contable elaborado a partir de los ingresos y egresos la Procuraduría sostuvo que la funcionaria y sus parientes más cercanos solo podían disponer, mediante el uso de cuentas corrientes y de ahorros, de una cifra no superior a 39 millones de pesos.

No obstante, los registros indican que el monto de las consignaciones llegó a 222 366.289.

En sus descargos, la implicada aseguró que no incurrió en el delito de enriquecimiento ilícito porque en su concepto los investigadores se confundieron y no tuvieron en cuenta que una misma transacción está repetida en varias oportunidades.

Según dijo, esa inexactitud elevó en forma considerable los ingresos patrimoniales de su familia. Además, aseguró que hay al menos cinco propiedades que la Procuraduría le atribuye a ella, cuando éstas aparecen escrituradas a nombre de otras personas. Cargos y descargos Caso similar es el de Juliana Artunduaga Martínez, auxiliar administrativa, que durante 1998 y 1991 tuvo un incremento patrimonial no justificado de 20 795.994 pesos.

En su respuesta a la Procuraduría, Artunduaga dijo que ese dinero fue producto de la venta de joyas, del cobro del arriendo de una casa, el producto de trabajar horas extras y la venta de un predio de su familia.

El dinero de esta última transacción comercial fue consignado, según la investigada, en una cuenta a su nombre.

Un caso más es el de Arturo González Beltrán, técnico administrativo de la Aduana. Según el Ministerio Público, su salario y sus ingresos adicionales no compensan el dinero que representa la adquisición de algunos bienes comprados.

Según la Procuraduría, el funcionario deberá explicar con qué dinero compró una casa en Bogotá, una finca en el Guamo (Tolima) y dos vehículos. Además, aclarará el manejo bancario de 43 845.840 pesos.

En sus descargos, González dijo que su patrimonio se ajusta a los ingresos recibidos (sueldo y prestaciones sociales de cerca de diez años de servicio en la administración pública) y al negocio de compra y venta de vehículos, que ejerció durante algunos años.

A estos casos en que el monto del presunto ilícito es considerable se suman los de Fernando Mahecha León y Edgar Ignacio Bautista, quienes deberán justificar ingresos no mayores a los cinco millones de pesos.

Mahecha, por ejemplo, obtuvo 3 239.481 de manera poco clara; así: 1 845.599 pesos en 1988; 13.214 en 1989; 1 191.693 en 1990, y 188.975 en 1991. Bautista, por su parte, deberá explicar la forma como obtuvo una cifra cercana a los cinco millones de pesos.

Otros casos son los de Isabel Clemencia Alvarez, Deyanira Cardona, Héctor Horacio Gil, Juan Cañón, Héctor Medina, Arturo Sastre, Luis Martínez, José Rentería, Rafael Montañez, Hilda Tarazona, Bernardo Mejía, Henry Castillo e Isabel Alvarez, entre otros.

Estas 14 personas, según los investigadores de la Procuraduría, tendrán que justificar, en conjunto, una fortuna cercana a los 750 millones de pesos.

Los 22 pliegos de cargos fueron abiertos por la procuradura departamental de Cundinamarca, Beatriz Vargas, que deberá resolver la situación disciplinaria de los implicados.

Las investigaciones a funcionarios de alto nivel, no solo en la Aduana, es más difícil porque ellos, como saben exactamente qué están haciendo, esconden sus fortunas utilizando terceras personas o consignando el dinero en el exterior , dijo una fuente.

Actualmente, la Procuraduría, a través de la Oficina de Investigaciones Especiales, prepara a funcionarios de la Aduana para que realicen controles internos. Cómo se investiga? La metodología de la Procuraduría para realizar una investigación por enriquecimiento ilícito es la siguiente: Los especialistas hacen un estudio del patrimonio de la persona investigada. Primero examinan sus declaraciones de renta de los últimos cinco años y a través de las oficinas de instrumentos públicos establecen si tiene propiedades y de qué valor.

Posteriormente, identifican el núcleo familiar del sindicado y comienzan a hacer un rastreo del patrimonio de estas personas para evitar el traspaso de bienes y para detectar cuentas bancarias clandestinas.

Una vez determinan los bienes del investigado y su de familia, hacen un estudio de ingresos y egresos. Así determinan si hay o no enriquecimiento ilícito.

Esta fase del proceso la realiza la Oficina de Investigaciones Especiales. Una vez concluye, el expediente se divide en dos. Una parte va a la justicia ordinaria (parte penal) y la otra a las procuradurías delegadas competentes (aspecto disciplinario).

Cada delegada estudia las pruebas y determina si abre investigación formal o archiva el proceso.

Si hace lo primero, formula pliego de cargos. Luego escucha los descargos, practica nuevas pruebas y posteriormente falla.

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