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DEL APAGÓN A TERMORÍO II

DEL APAGÓN A TERMORÍO II

La indignación del país es justa. La crisis exige seriedad y serenidad , reconoció el jueves 28 de mayo de 1992 en una alocución televisada y con media Colombia en tinieblas el hombre que un año y medio antes había ilusionado al país con su propuesta del revolcón .

Por: REDACCIÓN EL TIEMPO
19 de febrero 2001 , 12:00 a. m.

La indignación del país es justa. La crisis exige seriedad y serenidad , reconoció el jueves 28 de mayo de 1992 en una alocución televisada y con media Colombia en tinieblas el hombre que un año y medio antes había ilusionado al país con su propuesta del revolcón .

El apagón y la fuga de Pablo Escobar Gaviria amenazaban seriamente la popularidad del entonces presidente César Gaviria. Pero solo esa noche, dos meses y 22 días después de que Colombia empezó a vivir en la penumbra, el jefe de Estado destituyó a los ojos de todo el país a nueve altos funcionarios del sector eléctrico y suspendió a ocho más que a manera de chivos expiatorios aparecieron como los culpables.

Hoy, una década después, los colombianos continúan pagando los costos de ese apagón que dejó durante trece meses a Colombia a media luz entre 1992 y 1993--. Y más aún, tendrán que pagarlos por lo menos durante una década más (vea mañanaDos pesadillas llamadas PPA y BOOTi ).

Aunque en un principio el Gobierno responsabilizó del apagón aEl Niñoi y a la sequía que produjo, el informe de un grupo de expertos señaló que por encima de la naturaleza estaban otras dos causas: la corrupción y la mala administración del sector.

Si se descubren casos de enriquecimiento ilícito u otras conductas dolosas, impulsaré acciones penales contra los responsables , aseguró también aquella noche el presidente Gaviria.

Gracias aEl Niñoi.

Niñoi , más allá del apagón, destapó una olla que se estaba pudriendo en el cruce de cables de los políticos clientelistas y las electrificadoras, particularmente las de la Costa Atlántica.

El déficit del sector eléctrico para 1992, según el Ministerio de Hacienda, era de 1.039 millones de dólares, que equivalía al 2,12 por ciento del Producto Interno Bruto. Mucho más de lo que esperaba recaudar el Gobierno de la época con su reforma tributaria.

Y como si fuera poco el sector eléctrico era el responsable del 30% de la deuda externa del país, más de 6.000 millones de dólares de los cerca de 20.000 que debía la Nación.

Lo urgente para el gobierno de Gaviria, que perdía capital político a la luz de las velas y del ruido de la plantas eléctricas, era conjurar el problema y garantizar que el país jamás volvería a vivir una experiencia semejante.

Haciendo uso del estado de emergencia económica , Gaviria expidió el decreto 700, que abrió las puertas para la entrada de inversionistas privados al negocio de la generación de energía.

Sin embargo, hasta 1998, la privatización no se concretó ni el país resolvió los problemas que el Banco Mundial identificó cuatro años antes: mala administración e imprevisión.

En contraste, desde la expedición del primer decreto privatizador, en 1992, y hasta 1997, la Nación les giró a las electrificadoras 1 billón de pesos. La Costa Atlántica, que habían padecido como pocas los rigores de la politiquería y la deficiente gestión, se llevó la mayor parte de ese ponqué.

La Costa.

William Murra, gerente de la Electrificadora de Bolívar durante 13 años (1978-1992) en calidad de cuota política del ex presidente Misael Pastrana Borrero, reconoce sin problemas que las electrificadoras se entregaban por dichas cuotas.

"El presidente Julio César Turbay le dio esa electrificadora al pastranismo, otra al martinleyismo, otra a Abel Francisco Carbonel y otra a Martínez Simahán. Pero la diferencia es que las manejábamos con celo. Luego de 1995 nombraron gerentes que se dedicaron a saquearlas .

El informe oficial del apagón no le da, sin embargo, la razón a Murra. El saqueo se venía dando también, y desde antes, con el aumento por encima del 200 por ciento de las prestaciones laborales que, según los expertos, estaba directamente relacionado con los intereses electorales.

A las electrificadoras se incorporaron entre 1985 y 1990, 2.800 personas, es decir un 25 por ciento de su planta de trabajadores. Así, el cáncer que venía de entonces hizo metástasis en la década de los 90.

Corelca, que hasta 1998 tutelaba a ocho electrificadoras de la Costa, tuvo que asumir el costo oneroso de Tebsa y Termoflores (cerca de 300.000 millones al año, según la Contraloría), los dos primeros experimentos antiapagón de Gaviria, así como la voracidad que demostró la bancada costeña del Congreso en la época de Samper.

Un alto directivo de la administración Samper recuerda un diálogo que ilustra:.

- Oye pero ustedes por qué me están persiguiendo -le preguntó un día un senador costeño.

- Persiguiendo?... cómo se le ocurre Senador! -respondió aquel, sin comprender a qué se refería el congresista.

- Entonces por qué se están metiendo con mi electrificadora? -le preguntó sin empacho alguno el senador de marras.

Bancada costeña.

En la Costa, medio en broma medio en serio, a las electrificadoras se les conocía como Electro-Name, Electro-Náder o Electro-Guerra (Atlántico, Córdoba y Sucre, respectivamente), haciendo referencia a sus padrinos políticos.

Incluso en 1996, cuando trascendieron denuncias de corrupción de pequeña monta en las electrificadoras, la publicación económica Portafolio de EL TIEMPO, advirtió que se pretendía tapar la verdadera dimensión del desangre.

El nombramiento del nuevo gerente de Corelca se robó la atención política en la región. Enrique Javier Pacheco dejó el cargo acusado de ser el responsable de un par de apagones en la Costa.

La realidad era otra y estaba consignada en los libros de contabilidad y de balance de su gestión: de un superávit de 18.500 millones pesos en 1993, Corelca pasó a un déficit de 45.000 millones de pesos en 1996.

A pesar del dramático salto al saldo en rojo, los políticos de la Costa sacaron a relucir sus mejores armas para ganarse esa gerencia.

El senador Carlos Espinosa Facio-Lince de Bolívar, parecía no tener chance pues ya había quemado su oportunidad con su cuota, Pacheco.

El turno le correspondía a la corriente de Julio César Guerra Tulena de Sucre. Pero José Name Teherán, jefe liberal del Atlántico, argumentó que Corelca estaba en Barranquilla y reclamó un gerente de su cuerda.

En medio del toma y dame se les adelantó a todos Facio-Lince. No faltó quien dijera (Portafolio, 23-09-96), que recién nombrado presidente de la Comisión Primera del Senado de la República, abiertamente planteó: si quieren que pase la reforma constitucional, la gerencia de Corelca es mía. En efecto, Rodolfo Smith, amigo del senador de Bolívar, asumió.

Sin licitaciones.

Qué hacía tan atractiva a una empresa con un déficit de 45.000 millones? 200.000 millones de pesos que fueron presentados por el presidente Samper en febrero del 96 como el Plan de Inversiones Prioritarias (Planiep) para construir infraestructura eléctrica en la Costa.

El plan, que el gerente Pacheco como gerente de Corelca alcanzó a iniciar, había sido declarado urgente y excento del proceso de licitaciones.

Cómo de manejó tal flexibilidad? Entre un año y otro, por mencionar apenas dos de las perlas de la época, los servicios contratados en Corelca pasaron de valer 1.180 millones de pesos en 1994 a 3.685 millones en 1995. El aseo y vigilancia, de 1.700 millones a 2.300 millones.

Además, entre enero y julio del 96 se pagaron un promedio de 120 millones de pesos por mes en contratos de asesoría de todo tipo.

Pero esterifirafei entre la bancada costeña, era apenas un botón para la muestra del carrusel de contratos y saqueos en las electrificadoras que se vio claramente cuando en 1998 el gobierno Samper decidió privatizarlas (o capitalizarlas como se vendió la idea).

PMG Peat Marwick, la empresa auditora que debía dar los informes contables de las electrificadoras para el proceso de capitalización, se declaró, por decirlo de alguna manera, incapaz.

No tenemos manera de dar una opinión sobre los estados financieros, la calidad de la información que hay no lo permite , aseguró la firma.

En lenguaje corriente, PMG Peat Marwick se encontró con que en muchas electrificadoras no llevaban contabilidad ni soportes de las transacciones hechas.

Mientras el promedio de las demás empresas de energía del país es de un trabajador por cada 500 usuarios, en las de la Costa la relación era de 1 por 250.

Electrificadoras como la de Córdoba, Magdalena y Cesar, perdían más de la tercera parte de la energía que producían, y otras como las de la Guajira, apenas si lograban recoger la mitad del pago por la energía que vendían.

Quien tenía algún padrino político iba a la empresa y decía que no le cobraran la cuenta de energía de tal o cual dirección , explican quienes se han encargado de investigar los desfalcos.

Las perlas.

En medio del caos afloraron otras realidades. En la Electrificadora del Magdalena, una convención laboral dispuso que no se podrían remplazar a los trabajadores de una cuadrilla cuando estos se enfermaran, lo que se tradujo en que sus compañeros solo volvían a trabajar cuando el enfermo se recuperara.

A los trabajadores de la Electrificadora de Bolívar, una convención colectiva les otorgó una pensión doble. Tenían derecho a la de la empresa y a la del Seguro Social. El regalo le podría llegar a costar 100.000 millones de pesos a la electrificadora.

En Sucre, en 1994, la Procuraduría les abrió pliego de cargos a funcionarios de la electrificadora que engañaron a los habitantes de siete barrios en época preelectoral, a los que les aseguraron que sus cuentas de recibo quedaban canceladas con supuestos sellos oficiales.

Episodios como estos parecen explicar las multimillonarias pérdidas de cada una de las electrificadoras. Solo la Electrificadora del Atlántico en la época de la gerencia de Antonio Holguín Calonge, el mismo que permitió que timaran a la Nación en el contrato con TermoRío y hoy prófugo de la justicia presentó pérdidas para 1997 por 111.331 millones de pesos.

El despilfarro creció como espuma y para 1998 el desgreño en las electrificadoras pasó de ser un problema local a convertirse en un hueco fiscal de 500.000 millones de pesos, según el Ministro de Hacienda entrante, y de poco más de 1 billón de pesos, según cálculos de la banca de inversión Inverlink, que además estimó en 50.000 millones por mes el incremento de ese oneroso taxímetro.

Contra el reloj.

Contra todos las expectativas, incluyendo la de los columnistas que le achacaban al Gobierno el patrocinio del contubernio de políticos y electrificadoras, el 14 de junio de 1998 el presidente Samper inició la carrera de la privatización.

Su Gobierno no dejaría a la deriva a las electrificadoras que venían desde hace años entregadas a la politiquería, como tumores de corrupción dedicados a la compraventa política de kilovatio", dijo.

En efecto, la privatización se consumó en las postrimerías del gobierno Samper: el 14 de julio del 98, 20 días antes de la entrega del poder. Una audacia que los más connotados tecnócratas del país le reconocen como uno de los más importantes logros de su administración.

Por supuesto la reacción de la bancada costeña no se hizo esperar y el 28 de julio convocaron a los ministros de Minas y Energía (Orlando Cabrales), a la directora de Planeación (Cecilia López) y al ministro de Hacienda (Antonio Urdinola), a un debate en el cual pidieron aplazar la privatización dos semanas. La idea que tenían era la de lidiar el tema con el gobierno entrante de Andrés Pastrana.

Lossenadores eléctricosi , como se les conocía entonces, Amylkar Acosta, Julio César Guerra Tulena, Salomón Náder, Carlos Espinosa Facio-Lince y Mario Varón, participaron activamente. Se pronunciaron en contra de la capitalización (o privatización, para otros) y responsabilizaron al Gobierno de llevar a la postración a las electrificadoras.

No han sido porque los parlamentarios de la Costa Atlántica los que convirtieron a Corelca en un feudo fueron los funcionarios del gobierno los que quisieron acabar con Corelca , decía Náder.

"El gobierno de turno debió poner en cintura las deficiencias técnicas, operativas y financieras que se presentaban. Sin embargo fue negligente y permisivo", agregaba Tulena.

El gobierno fue valiente al tomar la decisión de capitalizar , sorprendió Acosta.

Hitos eléctricos en los años 90.

1992.

El déficit del sector eléctrico era de 1.039 millones de dólares y tenía una deuda externa de 6.000 millones de dólares.

6 de marzo de 1992.

Comienza el apagón que dejó cerca de 13 meses a medio país en tinieblas.

25 de abril de 1992.

El gobierno expide el Decreto 700 que destinó $1,65 billones para la crisis energética.

28 de mayo del 92.

El presidente Gaviria, en alocución televisada, destituye a directivos del sector eléctrico por posible responsabilidad en el apagón.

2 de abril del 93.

Termina el apagón y se calcula que dejaron de producirse 1.600 millones de dólares.

12 de noviembre de 1993.

Se construye Termoflores, primera inversión de los privados en la generación de energía. Hoy, un dolor de cabeza para Corelca.

1994.

Se expiden las leyes 142 (de servicios públicos) y 143 que dieron el marco legal para la inversión privada en el sector energético.

Febrero de 1996.

El presidente Samper lanza el Planiep para la construcción de infraestructura en la Costa, por 160 millones de dólares.

1997.

Desde 1992 y hasta la fecha, la Nación le giró a las Electrificadoras 1 billón de pesos.

20 de julio de 1997.

Se firma el contrato entre la Electrificadora del Atlántico y TermoRio, por el cual hoy la nación está condenada a pagar 61 millones de dólares.

Marzo de 1998.

La Superservicios toma posesión de nueve electrificadoras de la Costa Atlántica.

28 de julio de 1998.

Debate sobre la capitalización de las electrificadoras de la Costa citado por el Senado.

4 de agosto de 1998.

El Gobierno adjudicó el 65 por ciento de las acciones de las electrificadoras de la Costa a un consorcio de Venezuela y Estados Unidos por 1.055 millones de dólares.

Diciembre de 2000.

La Nación es condenada por un tribunal de arbitramento a pagar 61 millones de dólares por el escándalo de TermoRio.

2001.

Se conocen los juicios fiscales a las electrificadoras de la Costa y la renuncia del Superintendente Enrique Ramírez.

Espere mañana: Dos pesadillas llamadas PPA y BOOT

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