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EN MANOS DE LA SUPERSERVICIOS IV

EN MANOS DE LA SUPERSERVICIOS IV

A Henry Cobo, un abogado entrado en años y reconocido en Riohacha, Guajira, por ser un hombre correcto, lo destituyeron fulminantemente del cargo como gerente liquidador de la Electrificadora de la Guajira en 1999. (VER INFOGRAFIA: IRREGULARIDADES)

Por: REDACCIÓN EL TIEMPO
21 de febrero 2001 , 12:00 a. m.

A Henry Cobo, un abogado entrado en años y reconocido en Riohacha, Guajira, por ser un hombre correcto, lo destituyeron fulminantemente del cargo como gerente liquidador de la Electrificadora de la Guajira en 1999.

(VER INFOGRAFIA: IRREGULARIDADES).

La insubsistencia fue el precio que Cobo tuvo que pagar por no aceptar 2.000 millones de pesos a cambio de hacerse el de la vista gorda frente a las trapisondas que fraguaba por tierras guajiras una funcionaria de la Superintendencia de Servicios Públicos. Cobo le explicó a EL TIEMPO está dispuesto a declarar a las autoridades.

El episodio no es único. A un hotel en San Andrés, según la auditoría que ha hecho la Contraloría General de la República, un funcionario de la Súper le perdonó 700 millones de pesos de los cerca de 1.200 millones que debía por facturas atrasadas de energía.

Aunque mediaba un reclamo del hotel, la deuda se condonó como por salir del paso y sin seguir los procedimientos de ley , concluyen hoy los investigadores del caso.

Eduardo Cortés, de Santa Marta, denunció que el propio Superintendente de Servicios Públicos y otros funcionarios de esa entidad lo presionaron para que modificará los términos de un contrato con la Superservicios.

Se trataba de que él elevará de 15 a 30 por ciento la comisión que venía recibiendo sobre el recaudo de deudas de los morosos, estimadas en 32 millones de pesos. La idea, explica Cortés, era repartir entre ellos el otro 15 por ciento como pago de favores.

Frente a todas estas denuncias que reposan en los organismos de investigación y control del Estado, Enrique Ramírez, quien renunció a su cargo de superintendente el pasado 5 de febrero y ayer fue detenido de manera preventiva por la Fiscalía (ver nota anexa), alega que la justicia tiene que dilucidar si se robaron plata o no .

Eduardo Cortés y sus dos socios me pidieron que se liquidara el contrato. Yo le dije que lo íbamos a estudiar y se acabó por justa voluntad de las partes , explica en su defensa.

La nueva Superintendencia se abstiene de hablar sobre las denuncias: el doctor Diego Humberto Caicedo Ortiz se posesionó hace apenas 24 horas y no se pronunciara hasta tanto no esté plenamente enterado de la situación , aseguró el vocero de prensa del nuevo funcionario.

Cae por tercera vez.

Los episodios citados corresponden apenas a tres casos en una lagar cadena de lo que podría llamarse el tercer capítulo del desgreño de las electrificadoras de la Costa. Capítulo que incluye también los contratos por 3.291 millones ha firmado el abogado particular, hoy prófugo de la justicia, Marino Zuluaga, gracias a la intermediación que desde el cargo de Intendente para las Entidades Intervenidas y en Liquidación realizó Marlén Valderrama, desde hace una semana en prisión.

A las electrificadoras de la Costa se las robaron antes, durante y después de la privatización , coinciden quienes hoy hurgan en el sector eléctrico.

Primero, desde décadas atrás y hasta 1998 cuando se privatizaron, el uso de las electrificadoras para cubrir cuotas políticas se tradujo en una precaria administración. El hueco fiscal del sector eléctrico se ensanchó como ninguno otro en el país: en 1992 equivalía al 2,12 por ciento del Producto Interno Bruto y era el responsable de una tercera parte de la deuda externa de la Nación ( Del apagón a TermoRío , EL TIEMPO 19/02/2001).

Después, entre 1993 y 1999, los esquemas de privatización propuestos en el gobierno de César Gaviria -PPA y BOOT- con la intención de garantizar que no se diera un nuevo apagón le quedaron grandes a las electrificadoras: pusieron en jaque su viabilidad financiera presente y futura a un costo de 460.000 millones durante cada uno de los próximos 15 años ( Tres TermoRíos al año , EL TIEMPO 20/02/2001).

Y finalmente, entre 1998 y 1999, cuando llegó la privatización con la promesa de cortar la corrupción, las electrificadoras sufrieron un tercer desangre, con réplicas hasta hoy. Esta vez el saqueo fue a los cascarones que quedaron luego de la privatización.

La Contraloría General cree estar en capacidad de demostrar que son muchas las irregularidades en el proceso de liquidación por parte de la Supeservicios.

Viáticos por 1.163 millones.

Entre 1999 y el 2000, época de la liquidación de las electrificadoras por parte de la Súper, la Contraloría ha encontrado contratos irregulares por 45.000 millones de pesos, y en los primeros seis meses, sólo en el rubro de viáticos, pagos por 1.163 millones de pesos.

Lo que dice el Contralor es completamente exagerado. El patrimonio de las electrificadoras está prácticamente intacto , sostiene Enrique Ramírez.

Entre el 18 de marzo y el 22 de mayo de 1998, la Superservicios tomó posesión de las ocho grandes electrificadoras de la Costa (Magdalena, Cesar, Sucre, Chocó, Atlántico, Bolívar, Guajira y Córdoba) y de la de Magangué.

Se trataba de intervenirlas para depurar sus balances y convertirlas en un negocio atractivo a los ojos de los inversionistas privados. El proceso de capitalización de las ocho electrificadoras, histórico por demás, se dio en medio de la oposición de una bancada mayoritaria del Senado y de las amenazas contra el anterior superintendente.

Un consorcio (Houston Energies, de Estados Unidos, y Electricidad de Caracas de Venezuela) pagó el 4 de agosto 1,035 billones de pesos por ElectroCosta y ElectroCaribe, que recogían los activos de las electrificadoras. De las demás quedó prácticamente el cascarón. Una cifra nada despreciable. Activos por un billón de pesos.

Aparece Ramírez.

Enrique Ramírez Yáñez, amigo del presidente Andrés Pastrana y coordinador de su campaña en Cúcuta, se posesionó como Superintendente de Servicios Públicos el 18 de agosto de 1998. Su administración asumió el proceso de liquidaciones a través de gerentes especialmente nombrados para finiquitar lo pertinente.

De hecho este es el primer cuestionamiento que se le hace a la Superintendencia. La Ley le ordenaba acudir a una fiducia y no a gerentes liquidadores.

Mientras que la fiducia costaba 5.828 millones durante seis meses, la Superintendencia tuvo que pagarle a sus funcionarios por viáticos y contratos 14.447 millones, suma que implica un sobrecosto de 8.649 millones de pesos, de acuerdo con la explicación que dio el contralor Ossa en el Senado.

El ex superintendente Ramírez reconoce que la ley habla de la fiducia Pero cómo pongo yo de funcionario en una electrificadora estatal a un privado?", se pregunta.

Al desconocimiento de la Ley, se sumó la falta de capacidad de los funcionarios contratados. Para citar un solo ejemplo: una funcionaria que en Bogotá cumplía un papel casi de auxiliar de secretaría y debía llenar formas destinadas al Instituto de Seguros Sociales terminó en San Andrés como asesora de la liquidación.

Las cifras sobre recuperación de cartera a deudores morosos explica por sí misma el desastre del proceso. De los 500.000 millones adeudados a las electrificadoras se han recuperado 71.000. De estos, 16.000 millones ha ido a parar a las empresas contratadas para recuperarlos.

Dónde están las bases de datos de los deudores morosos? Quiénes tienen acceso a ellas? Han sido manipuladas y reducidas ilegalmente? la Contraloría tiene la sospecha de que sí.

Como sostiene el senador independiente Samuel Moreno Rojas: la Súper fue laxa, fue ineficiente, fue incapaz y en muchos casos actuó de manera perversa en el cuidado de los activos de las electrificadoras que sobrepasan el billón de pesos a finales de diciembre del 2000 y que son los activos de 40 millones de colombianos .

El papel que Ramírez y sus liquidadores, Marlén Valderrama y Marino Zuluaga, han jugado en esta nueva quiebra del sector explica que la Contraloría haya tenido que solicitar la suspensión de seis gerentes para evitar interferencias en las investigaciones, y que la Fiscalía haya expedido hasta hoy 20 autos de detención.

A pesar de semejante desgreño -dice el contralor Carlos Ossa- en las electrificadoras que se están liquidando, todavía está en juego una cartera de 500.000 millones de pesos que la Nación puede salvar .

"Queda detenido doctor Ramírez".

Con estas palabras la Fiscalía General de la Nación le notificó ayer al ex superintendente de Servicios Públicos Enrique Ramírez Yáñez que se le acababa de librar una orden de captura por la presunta comisión de los delitos de peculado e interés ilícito en la celebración de contratos.

A las 2 de la tarde en punto, cuando Ramírez terminaba su tercera sesión de indagatoria ante un fiscal de la Unidad Nacional Anticorrupción, se le informó la decisión.

"Es una detención de carácter preventivo mientras se le define su situación jurídica", aseguró a este diario Alvaro Luna, abogado defensor del ex funcionario.

La medida tomada por la Fiscalía está relacionada con los millonarios contratos que se celebraron durante su administración y que beneficiaron directamente a su viejo amigo y compañero de estudios Marino Zuluaga, hoy prófugo de la justicia. Este diario conoció que la Fiscalía efectuó ayer 19 allanamientos en varias partes del país en busca del abogado Zuluaga.

Tal como lo reveló EL TIEMPO, Zuluaga obtuvo contratos por más de 3 mil millones de pesos con las electrificadoras intervenidas por la Superintendencia. Uno de ellos, el más polémico, es el de la defensa en el caso TermoRío, en el cual el abogado pactó honorarios superiores a los 2.500 millones de pesos. Dentro de este litigio, la Nación fue condenada en diciembre pasado a pagarle 61 millones de dólares a la firma privada TermoRío.

"Si se llegan a comprobar irregularidades en la defensa en el caso TermoRío, renuncio", le dijo Ramírez a EL TIEMPO el 28 de enero pasado. Cuatro días después renunció a su cargo: "Ese es el costo político que tengo que pagar", argumentó.

Ramírez, abogado conservador de Sardinata, Norte de Santander, llegó a ese cargo el 18 de agosto de 1998 por nombramiento directo del presidente Pastrana, con quien ha trabajado en los últimos nueve años, cuando este era senador.

Un mes después de su llegada a la Superintendencia, Ramírez le entregó varios contratos de asesoría a Zuluaga y, más tarde, nombró como Intendente de Entidades Intervenidas y en Liquidación a la abogada Marlén Valderrama, también amiga y quien anexó a su hoja de vida un certificado en el que consta que trabajó durante 14 años en la oficina de Zuluaga.

A Valderrama, detenida desde hace una semana por este mismo caso y por presuntas irregularidades en la liquidación de la Electrificadora de Arauca, le fue dictada ayer mismo medida de aseguramiento.

A su expediente se anexaron varias conversaciones telefónicas entre Valderrama y Zuluaga, en las que, entre otros temas, se habla de conseguir testaferros para obtener contratos y se menciona que si "a Ramírez le va bien, también a nosotros".

Ramírez insistió durante su indagatoria que sus actuaciones frente a la Superintendencia se ciñeron a la ley y que este caso no es otra cosa que una persecución política.

Admitió su relación con Zuluaga y agregó que los contratos que este había obtenido fueron adjudicados por los gerentes liquidadores de las electrificadoras que, aunque él los nombró, son autónomos en sus decisiones.

Esto es injusto, yo no he cometido ningún peculado, por favor revisen todas mis cuentas , le dijo ayer Ramírez a los fiscales que siguen el caso.

Mañana: Otros protagonistas del saqueo.

FOTO:.

El ex superintendente Enrique Ramírez Yañez rindió indagatoria durante tres días. En la foto aparece a la salida de la Fiscalía en compañia de su abogado lvaro Luna (izquierda).

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