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COLOMBIA, PUEBLO SIN NACIÓN

COLOMBIA, PUEBLO SIN NACIÓN

Si a mediados del siglo XX el país hubiese experimentado la etapa populista, común a los grandes países latinoamericanos (Brasil, Argentina, México, Chile, Perú, Venezuela) nos habríamos ahorrado, quizás, gran parte de

Por: REDACCIÓN EL TIEMPO
25 de febrero 2001 , 12:00 a. m.

Si a mediados del siglo XX el país hubiese experimentado la etapa populista, común a los grandes países latinoamericanos (Brasil, Argentina, México, Chile, Perú, Venezuela) nos habríamos ahorrado, quizás, gran parte de.

La Violencia y de las violencias posteriores, incluida la actual guerra y sus inocultables e incalculables secuelas degenerativas en el tejido social colombiano. El populismo, con todas sus fallas de política económica, sus proclividades autoritarias y sus ambivalencias, fue una etapa fatal que sirvió para integrar el pueblo a la Nación y fortalecer el Estado, dándole legitimidad popular mediante simbolismos y fórmulas institucionales de inclusión y negociación e inhibiendo la violencia como método apto para lograr el cambio social. Me refiero a un eventual populismo a mediados del siglo XX, o sea al gaitanismo en el poder, no al neopopulismo fiscal y clientelar de la década de 1990 que nos ha llevado a una de las peores crisis económicas de que se tenga noticia.

Lo peculiar del desafío de Gaitán poco tiene que ver con las políticas macroeconómicas populistas recientemente criticadas por Rudiger Dornbusch y otros. El populismo gaitanista puede ser considerado como un desarrollo, en mejor tradición liberal colombiana, de las tensiones entre liberalismo y democracia; una petición de más democracia y más justicia social dentro de las instituciones del liberalismo representativo y de los valores de la solidaridad social. Aunque sería un sinsentido especular qué tipo de políticas económicas hubiera proseguido Gaitán de haber sido presidente en 1950, no es muy probable que se hubiera comportado como un Luis Echeverría en México, un Alan García en el Perú, o inclusive como el primer Perón en Argentina. A este respecto valga anotar que prestaríamos flaco servicio al desarrollo de las ciencias sociales y a la comprensión de nuestra historia reciente si reducimos el populismo a sus meras dimensiones macroeconómicas.

En este punto hay que hacer tres aclaraciones. Primera, Por qué no llamamos populista al modelo proteccionista, comúnmente conocido como sustitución de importaciones? La protección industrial, en una vena de nacionalismo económico, figura en el programa clásico de los populistas latinoamericanos (no de muchos neopopulistas que en política económica son neoliberales, como Fujimori), pero en Colombia fue una política proseguida en interés y representación de lo que llamamos en un ensayo los cazadores de rentas, como fueron, por ejemplo, los clanes industriales de Medellín. Qué tuvieron ellos de populistas? Segunda, pese a que Colombia no ha experimentado regímenes populistas ni, por tanto, populismo económico propiamente dicho, la posición del país en el ranking latinoamericano (considerando los principales índices, comenzando por el ingreso per capita) no cambió sustancialmente en la segunda mitad del siglo XX. Tercera, al referirmos al populismo (no al neopopulismo) resulta secundario saber si los Estados dispusieron o no de rentas propias. Aunque estas facilitan políticas de populismo económico no deben confundirse con este. Es el caso de la vertiginosa expansión del gasto público en la década de 1990, que comenzó por un gobierno considerado neoliberal, el de Gaviria, típica forma de populismo clientelar por el que además estamos pagando los altos costos sociales y políticos de la crisis fiscal. Populismo clientelar, (facilitado ciertamente por la renta petrolera de los años 90), en cuanto los políticos, de arriba abajo, han empleado recursos fiscales sin reticencias para ganar y consolidar clientelas a la sombra de algunas disposiciones de la Constitución de 1991.

El populismo como coalición inestable de intereses (nuevos industriales, nuevas clases medias, sindicatos y sectores obreros, todos rechazados por la oligarquía de la época agro-exportadora) no prendió en Colombia porque la peculiar economía cafetera permitió que industriales, terratenientes, importadores y exportadores pudieran formar un frente unido contra la amenaza de un Estado fuerte basado en la movilización popular y en la consiguiente democratización de la vida pública que venía en ascenso desde los años 1920 y que había tomado un cauce más promisorio durante los gobiernos liberales de 1930-45.

Elites técnicas.

La polarización social se alimenta de otras, más sutiles, poco explícitas, más estilísticas si se quiere. Nos remiten, entre otros, al asunto de los mandarines. Todo régimen moderno tiene sus élites técnicas. El problema está en cómo las forma, selecciona y controla. Un perfil de exclusión más que de inclusión; de privilegio más que de mérito y derecho; de estilo más que de sustancia, prevalece, a mi juicio, en el caso del reclutamiento de los economistas colombianos para altas posiciones de Estado, el caso de saber es poder , presentado sumariamente en el quinto ensayo del volumen. Para aproximarnos a este asunto valga recordar que las luchas libradas por políticos y expertos, generalmente en el interior del Estado, son más asiduas de lo que solemos suponer. El ejemplo chino, ofrecido en el cuarto ensayo, ilustra la complejidad sociológica y la amplia difusión geográfica de un fenómeno que parece común a los procesos históricos de larga duración de la construcción estatal.

Las relaciones de saber y poder pueden entenderse bajo dos grandes modelos en occidente, particularmente en Europa. El francés, en el cual el Estado se apropia del saber y lo considera como algo connatural a su existencia, contrapuesto al modelo británico en el cual el saber es un patrimonio de sus portadores. En el primer caso, el Estado asume obligaciones y responsabilidades; legisla, reglamenta y define no sólo las profesiones, sino la enseñanza, incluida, por supuesto, la superior. En Gran Bretaña (y en EU.) las profesiones dependen de reglamentos elaborados por las agremiaciones profesionales y las universidades son consideradas preferentemente como un ámbito privado de los especialistas, patrocinadores y mecenas que concurren a ellas. El modelo chino del funcionario-burócrata, aunque peculiar y alejado de los tipos occidentales de legitimidad legal-racional, podríamos asemejarlo al modelo francés. Dejó una impronta tan resistente en la cultura política que no pudo ser minada ni por la Revolución china ni por una de sus manifestaciones más extremas: la revolución cultural.

El estudio dedicado a los economistas colombianos tiene un anclaje en este tipo de cuestiones generales. Quizás la lucha entre políticos y expertos sea una tendencia más o menos previsible en aquellos procesos de modernización acometidos desde el Estado cuando los atributos de la modernidad no se han desarrollado suficientemente en la sociedad y en la conciencia social. Por eso sugerimos estudiar con más esmero los cambios operados en la segunda mitad de nuestro siglo XX en los sistemas de reclutamiento de personal para las altas posiciones, particularmente las que atañen al manejo macroeconómico. Hasta 1948 el ascenso a todas las posiciones del Estado se dio por la vía de los partidos políticos. Después, se fue restringiendo socialmente mediante el filtro del saber experto dispensado en universidades exclusivas. Tendencia magnificada durante la globalización.

El cese de la universidad como instrumento de ascenso social ha producido fuertes desarreglos que también deben analizarse desde la perspectiva de la legitimación política. Parece, en todo caso, haber ampliado las fuentes de segregación y privilegio en una sociedad crispada por los avatares de la inseguridad, el secuestro y el asesinato rampantes. El cerramiento del sistema de reclutamiento de personal para las altas posiciones técnicas del Estado no parece radicar en la estructura social per se como en las reglas políticas no escritas del post 9 de abril de 1948. De ser así habría que crear mecanismos institucionales alternativos que renueven vigorosamente una movilidad social más amplia. Para lo cual quizás haya que reorientar el sistema educativo, de una parte y, de la otra, refundar partidos políticos modernos capaces de representar a los ciudadanos.

Pueblo sin nación?.

Los ensayos del sexto al noveno tratan de explicar algunos aspectos del fratricidio colombiano y deben leerse en relación con los tres primeros, dedicados al populismo. Si nos ponemos al lado de Afganistán, Angola, Bosnia-Herzegobina o Ruanda, habremos de concluir que la situación colombiana no es de las más severas, crueles ni destructivas, aunque la constatación no pueda servir de consuelo o de excusa a ningún colombiano. Desde mediados de la década de 1980 los índices de homicidios de Colombia han sido de los más elevados del planeta, aunque en El Salvador la posguerra los disparó a 130/100.000 habitantes o sea unas 1,6 veces más que los colombianos de años recientes. Y convendría puntualizar, desde ahora, que en los últimos 15 años las muertes causadas en actos de violencia propiamente política oscilan alrededor del 7-15 por ciento de las cifras totales.

Cómo responder esta pregunta básica: qué clase de conflicto es el colombiano y qué orígenes puede tener? Cargando como lastre el peso abrumador de nuestro siglo XX, importa subrayar cierta excepcionalidad de nuestro país en el ámbito latinoamericano. Insisto: aquí debemos tener en cuenta, en primer lugar, la precariedad del Estado. Cuando decimos Estado débil, decimos Nación débil. Por eso, los colombianos solemos vernos en medio de dos corrientes aterradoras: la implacable crueldad desatada contra poblaciones humildes e inermes y la ramplona banalización metropolitana de una tragedia que alcanza proporciones bíblicas en las corrientes de desplazados por la guerra.

Lo que diferencia a Colombia de otros países latinoamericanos no es la exclusión social per se, ni la alarmante inseguridad ciudadana, sino la ausencia de símbolos, mitos e instituciones nacionales por medio de las cuales sea posible tramitar la ciudadanía, y dar curso al sentimiento, e inclusive a la ilusión, de que todos cabemos en el país en pie de igualdad frente a la ley y a los tribunales de justicia. Por todo esto estaríamos tentados a afirmar que hoy por hoy los colombianos parecemos un pueblo sin nación.

Guerrillas, paramilitares, cultivos ilícitos, rutas del contrabando, están emplazados en los frentes de colonización. Y esta geografía, que es ahora la geografía selectiva del Plan Colombia, ha contribuido a debilitar todavía más al Estado. La historia de nuestras colonizaciones del siglo XX, colonizador por excelencia ante el fracaso de las políticas de reforma agraria, es la historia de millones de vidas campesinas que han buscado renacer en medio de condiciones adversas, aunque estas parezcan ser menos opresivas que las imperantes en las comunidades de origen. Por eso no debiera sorprendernos que guerrilleros, paramilitares, narcotraficantes y contrabandistas hayan encontrado el favor de poblaciones de colonos individualistas, cuya atomización es más acusada si consideramos que provienen de todos los rincones del país.

La dispersión geográfica y social del pueblo colonizador y su carácter periférico alimentan en los sectores urbanos educados la ilusión de que en Colombia no existe un agudo problema de integración nacional cuya raíz se sustenta en el predominio terrateniente no sólo en la economía agraria, sino en el sistema de representación política (léase Congreso) y en el sistema dominante de valores jerárquicos. Ilusión todavía más inexcusable cuando se supone que las nuestras son ciudades de ciudadanos iguales entre sí.

Conflicto e identidad.

Un resultado insoslayable de nuestra frágil formación como nación moderna es que sobrellevamos punzantes problemas de identidad colectiva. De este modo, el conflicto interno acorrala, en lugar de liberar, las energías públicas puesto que los valores y prácticas culturales y los mecanismos institucionales que eventualmente podrían conducir a una solución creativa son prácticamente inoperantes. Al establecer un punto de comparación entre la Revolución Mexicana y La Violencia en Colombia, el historiador Alan Knight propuso que la primera fue una violencia políticamente positiva (como nosotros consideramos positivas las guerras de Bolívar, incluido su feroz decreto de guerra a muerte) en contraste con la cargas de negatividad asociada a nuestra tragedia de mediados del siglo pasado. Gonzalo Sánchez ha esbozado una comparación similar con la Revolución boliviana de 1952. Más recientemente, María Victoria Uribe no ha dudado en comparar el actual conflicto colombiano con los de Sri Lanka e Irlanda del Norte en cuanto hace parte de la larga historia de crímenes perpetrados con cuenta gotas, de crímenes que remiten a otros crímenes anteriores y estos a otros aún más anteriores. Episodios que pueden durar unas horas, unos días o hasta meses y que a partir de su ocurrencia profundizan el sisma nacional.

En últimas, el problema no sería la reiteración del crimen sino la imposibilidad de suprimir la cadena de venganzas. Por qué? Quizás porque dicha supresión exige, en primer lugar, una valoración profunda y eficaz, por mítica que resulte, del ser y la historia de la nación. La reconciliación de los colombianos entendida como la fusión de pueblo y nación presupone un principio de igualdad democrática y de autoestima colectiva que no parecen dispuestos a practicar y mucho menos a interiorizar quienes mandan y han mandado en la república práctica de Colombia en los tres órdenes weberianos: la riqueza, el poder y el status. (Obviamente no es esa rancia oligarquía de la que suele quejarse demagógicamente el Comandante Chávez, pues la movilidad restringida en las élites ha sido una constante desde la Independencia). De ahí que la arrogancia, es decir, un desprecio radical frente a quienes no tienen poder (la abrumadora mayoría de colombianos) sea una característica básica de todas las élites ya sea que formen el Establecimiento o las élites de los hombres en armas, llámense guerrilleros o autodefensas. De ahí que los discursos de paz o de guerra de los gobernantes del Estado, de los dirigentes de la autodenominada sociedad civil colombiana y de las guerrillas resulten huecos y aparatosos.

A esta crisis profunda de legitimidad ha contribuido la mundialización o globalización de los mercados y, por tanto, del poder. La nueva época de la globalización se caracteriza por el encogimiento de la autoridad política de los Estados nacionales sobre las poblaciones y los ciudadanos que viven bajo su jurisdicción territorial. La globalización pone término a las relaciones de dependencia recíproca que hasta hace poco existieron entre el Estado-Nación y la aparición de un mercado nacional. De esta interdependencia pueden dar testimonio en Colombia los cafeteros y los industriales.

En lugar de conjunción hay un serio desfase entre el tiempo mundial globalizado y el tiempo colombiano. El nuestro es una sumatoria de tiempos locales: el de los ocupantes de turno de la Casa de Nariño, o del Capitolio, o de ese adefesio arquitectónico, construido a precios desorbitantes, que es el Palacio de Justicia modelo 2000; todos estos tiempos están acotados institucionalmente y en eso difieren del tiempo histórico que manejan los comandantes farianos del Caguán. Estos desfases de temporalidad llevan a desgastar, aún más, el Estado. Ayudan a explicar el porqué de esa representación de la guerrilla, o digamos de una manera más comprensiva, de las violencias y la ilegitimidad, como parte del paisaje colombiano. Un paisaje de luto y de dolor; un infierno dantesco que no está formado por círculos pues cada día que pasa se parece más a un laberinto sin salida.

Estado fuerte.

Hoy estamos pagando el alto precio de tener un Estado demasiado débil, incapaz de resolver los colosales problemas sociales, políticos y diplomáticos que nos afligen. Aunque en estos tiempos de globalización ha pasado la hora de fortalecer el Estado Nacional, y más bien nos prescriben su desmonte, me parece que debemos considerar seriamente lo excepcional de la actual situación colombiana.

He aquí un breve listado de problemas nacionales que demandan la actuación de un Estado fuerte. Por fuerte queremos decir legitimado por la ciudadanía de modo que pueda dar respuestas institucionales eficaces, por drásticas que llegaren a ser: exaltar y expandir la conciencia nacional; eliminar los obstáculos estructurales a la democracia, en primer lugar el latifundio ganadero, fuente de violencias, de discursos de exclusión y de formas de vida oligárquicas, incompatibles con la vida pública y privada en una democracia; deslegitimar definitivamente la guerrilla militarista y secuestradora; abolir el sistema cerrado de reclutamiento para las altas posiciones de la administración macroeconómica y dar vía libre a la igualdad fundamental de oportunidades en el campo de la educación; definir soberanamente y conforme a nuestro interés nacional cuál es la mejor estrategia para combatir en el país a los narcotraficantes, capitalistas parias que tanta desorientación de valores, corrupción, sangre y recursos destructivos han traído a la vida pública y privada de los colombianos. Con base en la resolución de la faceta doméstica del problema, concertar con los organismos multilaterales, especialmente las Naciones Unidas, políticas de cooperación para combatir el narcotráfico y la criminalidad organizada en ámbitos internacionales.

En pocas palabras, necesitamos un Estado fuerte para adelantar las reformas sociales postergadas y con las cuales será posible pacificar la sociedad colombiana. En un horizonte de pacificación podrá entonces rehacerse el averiado tejido social y culminar exitosamente la desmovilización de las guerrillas y superar casi 20 años de esquemas de paz de buenas intenciones con que hemos venido empedrando el camino al infierno. Esa es una interpretación posible. Otra sería preguntarse si quienes han representado a las guerrillas y al Estado en estos 20 años tienen intenciones de paz, o, mas bien, si han utilizado los escenarios construidos alrededor de esta para ejercer protagonismo.

En varios trabajos hemos insistido en que los procesos de paz se han ligado al ciclo político, a la voracidad electoral y al oportunismo de precampaña presidencial, como lo comprobamos al momento de escribir estas líneas, en las noticias sobre un supuesto debate entablado entre doña Noemí Sanín y el señor Uribe Vélez. Trasunto de la debilidad estatal es aún la más acusada debilidad de la conciencia nacional. Por eso banalizamos con pasmosa facilidad las tragedias cotidianas del conflicto armado. Muy pocos quieren percatarse de un hecho obvio: que nos estamos asesinando entre colombianos; que estamos destruyendo nuestro patrimonio colectivo; que proseguimos ciegamente sembrando odios. Maniqueos anacrónicos, hemos inventado un enemigo interno y con inexorable lógica fratricida aceptamos que al enemigo interno hay que exterminarlo.

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