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MISIÓN ALESINA

MISIÓN ALESINA

Como ya se ha comentado acertó Fedesarrollo al contratar esta misión con el fin de mirar al largo plazo e identificar las reformas institucionales que el país requiere. Las propuestas contenidas en los ocho informes de la misión han sido analizadas ampliamente por la opinión pública. Unas se han considerado acertadas, otras solo parcialmente y el resto han sido rechazadas. No es el propósito de este artículo hacer un análisis de las diferentes opiniones que se han presentado al respecto, sino precisar más bien el tipo de reformas institucionales que requiere el país.

Por: REDACCIÓN EL TIEMPO
26 de febrero 2001 , 12:00 a. m.

Como ya se ha comentado acertó Fedesarrollo al contratar esta misión con el fin de mirar al largo plazo e identificar las reformas institucionales que el país requiere. Las propuestas contenidas en los ocho informes de la misión han sido analizadas ampliamente por la opinión pública. Unas se han considerado acertadas, otras solo parcialmente y el resto han sido rechazadas. No es el propósito de este artículo hacer un análisis de las diferentes opiniones que se han presentado al respecto, sino precisar más bien el tipo de reformas institucionales que requiere el país.

Partiendo de la base la misión de que la necesidad de las reformas institucionales es evidente, considera que la Constitución de 1991 constituye un formidable obstáculo para realizarlas por el hecho de ser muy detallada y, a diferencia de otros países, los cambios que habría que hacer requieren reformas constitucionales. Sostiene que la Constitución implica una rígida microadministración, llegando a extremos como la obligación de indexar las pensiones, establecer metas específicas para la inflación y para la distribución de los gastos públicos regionales. Pero ahí no llegan sus criticas. Afirma, además, que la Constitución promete mucho a los ciudadanos como si en Colombia fuera posible crear un estado de bienestar o un avanzado estado industrial. Justifica esta afirmación sosteniendo que el Capitulo 2, del Título II, que habla de las libertades públicas y de las garantías sociales, crea altas expectativas para algunos grupos de la sociedad, como los incapacitados, los niños y los ancianos, desconociendo que Colombia, con un ingreso per cápita de US$ 2.600, no puede emular con Suecia y Canadá. Finalmente considera que el marcado énfasis del igualitarismo es contraproducente y que estas declaraciones a cerca del derecho de bienestar y de la equidad están no solo en el papel sino que la Corte Constitucional ha intervenido con frecuencia en estas materias regulando problemas que en otros países son dejados a la legislación ordinaria.

Como puede apreciarse estas criticas a la Constitución del 91 tienen un claro carácter determinista, como si el país estuviera condenado al subdesarrollo, y no se limitan a su carácter excesivamente reglamentario sino a la concepción misma del estado. Desde el punto de vista político la Constitución de 1991, al igual que la anterior con las reformas de 1936 y 1986, se caracteriza por consagrar una república democrática liberal, configurativa de un estado social de derecho. Si la misión hubiera sido consistente con sus criticas lo lógico es que se hubiera propuesto modificar el artículo 1 de la Constitución para eliminar la palabra "estado social de derecho" y el Titulo II que establece los derechos fundamentales y particularmente los de carácter económico y social. Sin embargo las propuestas se limitan a reformar la Corte Constitucional y algunas modificaciones al congreso, al sistema electoral y al régimen de los partidos políticos.

No estando de por medio una modificación de la concepción del estado, ya que el país comparte esta orientación filosófica de la Constitución, Colombia no debe embarcarse en nuevas reformas constitucionales, salvo en aspectos muy puntuales sobre el régimen electoral y para facilitar la descentralización. Lo que se necesita es una gran reforma administrativa para garantizar la gobernabilidad, la gobernanza y la capacidad de promoción del estado El gran esfuerzo que debe realizarse es la preparación de un conjunto de proyectos de ley y de decretos que permitan alcanzar este objetivo y para lo cual algunas de las propuestas de la misión podrían ser de utilidad.

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