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EL BOTÍN DEL SECTOR ELÉCTRICO

EL BOTÍN DEL SECTOR ELÉCTRICO

El laudo arbitral que condenó a la Electrificadora del Atlántico a pagar 61 millones de dólares al consorcio privado TermoRío destapó ante la opinión pública el botín de unos pocos en que se ha convertido el sector eléctrico. Las irregularidades se remontan a la administración Gaviria y han puesto al descubierto el robo continuado de recursos públicos por corrupción, malos manejos, contratos viciados y onerosos esquemas de provisión de energía. Las verdades que salen de esta caja de Pandora y que recogieron cinco informes de nuestra Unidad Investigativa no dejan de sorprender por la desidia, la ausencia de planeación y el descaro con el que el erario fue asaltado antes, durante y después del proceso de privatización de las electrificadoras del país. Detrás de este monumental desangre siempre había lo mismo: una mafia integrada por políticos, abogados y funcionarios, todos ellos especializados en saquear una empresas tradicionalmente usadas para devolver favores electorales.

Por: REDACCIÓN EL TIEMPO
26 de febrero 2001 , 12:00 a. m.

El laudo arbitral que condenó a la Electrificadora del Atlántico a pagar 61 millones de dólares al consorcio privado TermoRío destapó ante la opinión pública el botín de unos pocos en que se ha convertido el sector eléctrico. Las irregularidades se remontan a la administración Gaviria y han puesto al descubierto el robo continuado de recursos públicos por corrupción, malos manejos, contratos viciados y onerosos esquemas de provisión de energía. Las verdades que salen de esta caja de Pandora y que recogieron cinco informes de nuestra Unidad Investigativa no dejan de sorprender por la desidia, la ausencia de planeación y el descaro con el que el erario fue asaltado antes, durante y después del proceso de privatización de las electrificadoras del país. Detrás de este monumental desangre siempre había lo mismo: una mafia integrada por políticos, abogados y funcionarios, todos ellos especializados en saquear una empresas tradicionalmente usadas para devolver favores electorales.

El escándalo TermoRío se convirtió en la punta del iceberg de uno de los sectores públicos más esquilmados y onerosos de la década de los noventa. Investigaciones de la Contraloría revelan que los contratos PPA y BOOT de provisión de energía les cuestan 460 mil millones de pesos anuales a las electrificadoras y a la Nación, es decir, cuatro condenas de TermoRío. Ya en 1998 se había calculado en 50 mil millones de pesos al mes el hueco fiscal de las electrificadoras, en ese entonces ad portas de la entrada de capital privado. Ni hablar de la inversión de 1,65 billones de pesos del gobierno Gaviria para evitarle al país futuros apagones y los 160 millones de dólares del Plan de infraestructura energética de la administración Samper.

Tres años después de la privatización y nueve del decreto extraordinario 700 que abrió la entrada de capital privado al negocio de energía, la viabilidad financiera de empresas como la Electrificadora del Atlántico (en liquidación), Emcali, la Electrificadora de Boyacá y la Central Hidroeléctrica de Caldas, está en entredicho por el compromiso de un gran porcentaje de sus recursos en contratos PPA que las obligan a pagar el kilovatio a un costo varias veces más alto del que se paga en el mercado. En otras palabras, asegurar la provisión de energía ante un eventual segundo apagón le costará al país 10 billones de pesos repartidos en termoeléctricas apagadas y ni siquiera construidas por todo el país.

Nadie se salva en este descalabro y las dudas de Pandora vuelan por todos lados. Por qué los gobiernos Gaviria y los anteriores entregaron a los políticos la mayoría perteneciente al viejo pastranismo el manejo de los recursos energéticos? Cómo esperar unas finanzas saneadas, unas tarifas competitivas y un servicio óptimo prestado con calidad si las electrificadoras estaban hipotecadas a políticos locales y fortín burocrático para asegurar una reelección tras otra? Frente a los modelos de contratación, por qué se desconocieron las proyecciones de los técnicos y dónde quedó la evaluación técnico-financiera que una política de privatización de tanta envergadura demandaba? Lo que debía ser un sector estratégico para el desarrollo del país y su competitividad, se convirtió, como las fincas, en propiedad de unos pocos y se manejó con criterios pueriles y de negocio particular.

La cura demostró ser mucho peor que la enfermedad. Con unos denominadores comunes: la corrupción, los contratos plagados de irregularidades y el desdén por lo público. Ni la privatización de los servicios públicos ni los contratos de provisión son corruptos y onerosos per se. Son las condiciones de contratación las que convierten un modelo positivo en el papel, en una hidra podrida de mil cabezas de robo y descaro. La detención del Superintendente de Servicios, Enrique Ramírez, y su funcionaria clave en el proceso, Marlén Valderrama, deben servir para que nos expliquen los 45 mil millones en contratos irregulares y los sobrecostos de 8 mil millones de los gerentes liquidadores.

Y la ciudadanía? A pellizcarse y a vigilar más de cerca que decisiones políticas como la privatización del sector eléctrico que producen costos e incuban desangres fiscales que al final del camino se traducen en pésimos servicios y tarifas altas no se conviertan en caldo de cultivo de la politiquería y la corrupción.

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