RECORTE ENFRENTA A CONTRALORÍA Y GOBERNACIÓN

RECORTE ENFRENTA A CONTRALORÍA Y GOBERNACIÓN

Por lo menos 136 funcionarios de la Contraloría de Nariño quedarán cesantes como consecuencia del recorte presupuestal que por más de 500 millones de pesos ordenó el gobierno departamental.

27 de junio 1997 , 12:00 a. m.

La Gobernación de Nariño explicó que la reducción del presupuesto del ente fiscalizador se hizo de acuerdo con la Ley 330 de 1966, la cual estableció que en los departamento con rentas de entre 150.000 y 500.000 salarios mínimos legales mensuales le corresponde a las contralorías el 2,5 por ciento de esos recursos.

La Contraloría de Nariño venía trabajando con un presupuesto equivalente al 5,36 por ciento y se hizo indispensable ajustar ese presupuesto a lo que ordena la Ley , explicó la gobernadora (e), Ana María Rodríguez Alava.

La Contraloría respondió que su presupuesto había sido aprobado por la Asamblea en noviembre pasado y sancionado sin objeciones por el gobernador Eduardo Albornoz Jurado. Precisó que el presupuesto de 1.098 millones de pesos fue reducido a 586,3 millones.

El contralor Edgar Zabala López anunció que demandará su nulidad por tratarse de un acto violatorio del estatuto orgánico del presupuesto y de usurpación a las funciones de la Contraloría .

Zabala López explicó que la medida afecta los salarios y otros gastos asociados a la nómina como son salud, pensiones y prestaciones sociales y obliga a reducir en más de un 50 por ciento la nómina de personal e implica que deberán ser suprimidos no menos de 136 cargos.

Sin embargo, Rodríguez Alava observó que este ajuste de ninguna manera implica el cierre del ente fiscalizador, toda vez que la misma ley ordena que las entidades descentralizadas están obligadas a realizar apropiaciones en cuantía del 2 por ciento de su presupuesto como cuota de auditaje, con lo cual se estaría equilibrando el presupuesto de la entidad fiscalizadora .

A los funcionarios de la Contraloría no se les cancela salarios desde hace más de dos meses porque no se han hecho las respectivas transferencias de recursos.

Funcionarios de la Contraloría opinaron que el decreto de la Gobernación es lesivo para sus intereses por cuanto viola los derechos fundamentales consagrados en la Constitución y anunciaron que recurrirán a una acción de tutela para proteger sus derechos vulnerados.

Ante el inminente despido masivo pidieron la solidaridad de las organizaciones sindicales de la ciudad para adelantar jornadas de protesta e impedir que se hagan efectivos los despidos.

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