EN BUSCA DE UN NUEVO CONCEPTO DE ADMINISTRACION PUBLICA

EN BUSCA DE UN NUEVO CONCEPTO DE ADMINISTRACION PUBLICA

Sin que mucha gente lo note, en Colombia se comenzó a aplicar un nuevo modelo de Administración Pública. Lentamente, ese modelo apunta a lograr cinco objetivos prioritarios: productividad social de los recursos públicos, democratización de la administración pública, eficiencia y responsabilidad de instituciones y funcionarios, capacidad de gerencia y administración y fortalecimiento institucional de la Presidencia de la República.

18 de noviembre 1990 , 12:00 a.m.

Las acciones están en marcha, pero para llegar a cada uno de los objetivos habrá que recorrer caminos diferentes.

A unos se llegará a través de decisiones políticas del Presidente de la República (como ya ha ocurrido en algunos casos), y a otros, a través de leyes y de actos reformatorios de la Constitución.

El plan tiene su origen en una decisión del entonces presidente, Virgilio Barco Vargas, a comienzos de 1989.

Barco, a través del decreto 1150, creó la Comisión Presidencial para la Reforma de la Administración Pública del Estado Colombiano . De ella formaron parte Alberto Hernández Mora, Eduardo Aldana Valdez, Alfonso Esguerra Fajardo, José Vicente Kataraín, Manuel Rodríguez Becerra, Fernando Botero Zea y Rudolf Hommes.

Tras un año de consultas, de análisis y de investigación los expertos hicieron las formulaciones.

El informe contó con la fortuna de lograr interesar al presidente César Gaviria, desde antes de ser elegido.

Desde mayo de este año, cuando el estudio terminó, el presidente Gaviria había sido enterado en detalles de sus beneficios.

El primer capítulo en comenzar a aplicarse fue el del fortalecimiento institucional de la Presidencia. Gaviria acogió de inmediato recomendaciones como la de crear las Consejerías de Seguridad Nacional, para la Constituyente y de Comunicaciones.

Es necesario fortalecer la institución de la Presidencia de la República para que en la adopción, seguimiento e impulsión de sus políticas, el Presidente cuente con información suficiente y confiable, conozca los puntos de vista divergentes, y pueda examinar opciones sobre programas gubernamentales y grandes proyectos de inversión, asignación de recursos y evaluación del compromiso de las agencias estatales con los planes de Gobierno , dice la primera recomendación en relación con el fortalecimiento de la Presidencia.

El estudio recomienda, además, crear las consejerias para la agenda gubernamental en el Congreso, para la privatización y la desregulación y para la política exterior. Estas ya han sido aplicadas por el Presidente.

Se plantea también la necesidad de situar en la Presidencia la Oficina General del Presupuesto. Recursos públicos En este capítulo, la Comisión hizo las siguientes recomendaciones: a- Asegurar la adecuada redefinición de roles entre el sector público y el sector privado, utilizando selectivamente instrumentos de privatización o estatización de conformidad con el interés general. b- Eliminación gradual de los subsidios del lado del oferente y transición a un sistema de subsidios del lado del usuario. c- Desregulación y otras medidas dirigidas a controlar la expedición de nuevas normas.

La Comision, en el análisis de este tópico, considera que el Estado abandona sus funciones esenciales, pero incursiona en actividades que podría desempeñar eficientemente el sector privado .

Las propuestas que en esta dirección hacen los expertos, están orientadas a optimizar la productividad social de los recursos públicos, asegurar la eficiencia y la democratización de la sociedad en su conjunto, liberar energías individuales, redefinir los roles del Estado y de los particulares (especialmente en cuanto a la asignación de recursos y a la asunción de riesgos), y afirmar el principio de responsabilidad individual. Democratizar administración La esencia de este asunto apunta a asegurar la legitimidad democrática de la administración pública. Para su logro, se hacen las siguientes recomendaciones: a- Estimular y regular la intervención abierta de grupos de presión, de grupos defensores del interés público y de los demás interesados ante las entidades públicas antes que éstas tomen las correspondientes decisiones. b- Fortalecer los partidos políticos. c- Estimular el ejercicio de la función constitucional del sufragio.

Los analistas consideran que decisiones de gran trascendencia son adoptadas en un proceso cerrado. En asuntos que afectan a los ciudadanos, los funcionarios deciden a su discreción, solo limitados por múltiples presiones ejercidas de manera poco visible. Ello magnifica los riesgos de un ejercicio arbitrario, irresponsable e ilegítimo de poder en beneficio de individuos o grupos particulares .

Para la Comisión, la democratización de la administración pública debe ser una tarea prioritaria. La idea de que la administración pUblica generalmente se limita a ejecutar leyes o implementar políticas en forma neutral para alcanzar fines públicos constitucional y legalmente definidos, no corresponde a la realidad. Sobre responsabilidad La responsabilidad que diariamente dejan de asumir las instituciones y los funcionarios públicos fue detectado como una situación preocupante en el Estado colombiano. Para corregir este problema se propusieron las siguientes recomendaciones: a- Contractualizar alas relaciones entre autoridades centrales y entidades descentralizadas, para precisaf responsabilidades y posibilitar la evalucación del desempeño de las unidades ejecutoras. b- Formar graduarlmente una planta global de empleo público, para facilitar la movilidad y mejor asignación del personal al servidio del Estado. c- Hacer una transición al sistema de cuerpos administrativos, como condición para el desarrollo de un verdadero régimen de carrera que permita a los funcionarios un avance progresivo en su remuneración, capacidades, funciones y responsabilidades.

Los analistas consideran que los ministerios tienen la función pero no la capacidad de formular políticas. Tienen el control de tutela, pero carecen de instrumentos de seguimiento y evaluación de las entidades. Tienen recursos pero excesivas regulaciones para movilizarlos y, en la práctica, no tienen autonomía pero tampoco están sujetas a coordinación y control . Desarrollo de capacidades Se necesita crear una dinámica de gerencia y administración, particularmente en ministerios y departamentos administrativos, donde se origina el mayor número de decisiones estatales. Se recomiendan entonces las siguientes soluciones: a- Crear y/o fortalecer unidades de formulación de política, planeación y evaluación. Para ello se requiere un número plural de viceministros en algunos ministerios; asegurar los gondos necesarios para un gabinete consultivo de cada ministro; reconstruir las oficinas de planeación y establecer unidades de seguimiento y evaluación en los ministerios. b- reducir la carga decisional del nivel directivo en los ministerios, mediante la transferencia de funciones administrativas al nivel ejecutivo y a funcionarios regionales, profundizando la descentralización y la desconcentración. c- Remover obstáculos de gestión, para lo cual es necesario eliminar o reducir regulaciones internas en procedimientos de contratación, presupuesto y personal. d- Suprimir las juntas directivas de entidades descentralizadas.

La comisión encontró que parte sustancial del tiempo y la adción de los ministros se consume en asuntos rutinarios. El esquema institucional no les asegura suficientes elementos de juicio para participar en la toma de decisiones relevantes. El control de tutela que deben ejercer sobre las entidades descentralizadas es, frecuentemente, ilusorio. La planeación en los ministerios es aún más débil -si cabe- que en los establecimientos públicos. Las distorsiones en el régimen de personal son tan evidentes que la mayor aspiración de un funcionario de un ministerio es ascender a una entidad descentralizada .

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