LAS ACCIONES POPULARES

La Constitución de 1991, como es sabido, creó en su artículo 88 las llamadas acciones populares y de grupo, que tienden genéricamente a impedir el quebrantamiento de derechos de la comunidad o de las personas, aisladamente consideradas, cuando determinados agentes externos puedan afectarlos. En cierta manera constituyen un complemento de la acción de tutela, y podrán ejercitarse en materias relacionadas con el medio ambiente, el patrimonio público y el cultural de la Nación, la seguridad y la salubridad públicas, la libre competencia económica, los consumidores y los usuarios, la seguridad y atención de los desastres previsibles, las armas químicas, biológicas y nucleares, los residuos nucleares y tóxicos, las construcciones y los desarrollos urbanos que no cumplan las normas reglamentarias.

Se trata de una novedad institucional, que solo ahora el Congreso ha procedido a reglamentar. Tan solo falta conciliar algunas discrepancias entre el Senado y la Cámara para que el proyecto vaya a la sanción presidencial.

Mediante las acciones populares podrá reclamarse, incluso, el pago de perjuicios porque se haya vendido un producto de mala calidad. En alguna forma representan un notorio avance institucional. Mas desde ahora debe advertirse que su reglamentación debe ser tan específica como severa, para que lo que se pretende sea una conquista social no se convierta, como la acción de tutela, en un verdadero vicio de las instituciones y en fuente de congestión imponderable para la marcha de la justicia.