Uribe dijo a EL TIEMPO que tiene firme evidencia de que el extranjero, capturado el domingo por la Policía, se había ganado la confianza del Eln y que no resultaría extraño que también asesorara a la guerrilla en la identificación previa de sus víctimas.
El primer cargo que Uribe formula contra Klauss , como comienza a ser llamado el comisionista europeo, es el de interferir la acción de las autoridades policiales.
Para probarlo hizo un recuento de la manera como Klauss bloqueó súbitamente los esfuerzos de la Policía y del Unase por rescatar a la señora Brigite Schonne, secuestrada el 15 de agosto en el municipio de Rionegro.
El gobernador y las autoridades militares y de policía entraron en contacto con la familia de la víctima, y después de darle seguridad de que no pondrían en riesgo su integridad, comenzaron a asesorar la negociación que rodeaba el caso.
Sin embargo, al cabo de cuatro semanas, el proceso se interrumpió súbitamente. El coronel Santoyo, comandante de la Unidad Antiextorsión y Secuestro (Unase) fue al despacho del gobernador para informarle de que había información en el sentido de que un alemán que entró clandestinamente al país, se había convertido en gestor del pago del rescate.
La tarifa fijada por el europeo oscilaba entre un millón y un millón y medio de dólares.
Uribe, que de inmediato relacionó el episodio con denuncias que en el mismo sentido le habían hecho otras víctimas, indagó por datos más precisos sobre el intermediario.
Parece que entra al país con 7 pasaportes diferentes , le dijo el oficial.
Con eso es suficiente. Captúrenlo bajo mi responsabilidad , ordenó el gobernador.
En la madrugada del domingo, cuando Klauss fue capturado en momentos en que se disponía a abandonar el país en compañía de la señora Shonne, la Policía encontró en su poder una lista con los nombres de 80 organizaciones terroristas de todo el mundo. También llevaba entre sus efectos la dirección de la página de las Farc en Internet.
Al responder una pregunta específica sobre el tema, el mandatario antioqueño dijo que no cree que las autoridades alemanas intervengan a favor del detenido, salvo para reclamar el respeto a sus garantías procesales.
Este no debe ser un caso de gobierno a gobierno, sino un caso de policía: un ciudadano alemán que viola el ordenamiento jurídico colombiano y que debe responder por ello , expresó.
