ASEDIO AL ESTADO

Las revueltas penitenciarías serán expresión de una crisis más honda y general del Estado como encarnación del concepto social del poder o como reunión de servicios públicos organizados para satisfacer las necesidades públicas de la comunidad? Lo cierto es que en su esfera se observan tres escenarios de disturbio: el de las cárceles amotinadas, el de los hospitales en trance de airados reclamos y el de las zonas razonablemente desguarnecidas para facilitar la entrega de setenta soldados cautivos.

14 de junio 1997 , 12:00 a. m.

La diversidad de motivos no es óbice para comprender la simultaneidad del asedio. Por hacinamiento en los presidios, se levantan los reclusos. Por problemas aparentemente de exclusivo origen salarial protestan los servidores de la salud, sin reparar poco ni mucho en la desarticulación del anterior régimen hospitalario y en la impreparación para administrar sus piezas sueltas. La captura de varias decenas de miembros de la Fuerza Pública permite a la guerrilla exigir su alejamiento de un área muy considerable como condición sine qua non para devolver mañana a los rehenes.

El Estado, democrático como es, se convierte en semillero de conflictos, forzado a negociar o a replegarse; a moverse entre presiones contradictorias para reducir sus gastos y para aumentar los de emergencia con el objeto de apaciguar las tormentas de turno. A la memoria viene aquello de que la sociedad política no se concibe sin un orden y sin una disciplina . Mientras el primero flaquea, la segunda se vuelve cada vez más remisa en medio de la discordia apasionada y múltiple. A la subversión no se le opone un frente común: enconadas rencillas internas le hacen el juego y facilitan sus operaciones.

Quizá pocas veces se había visto aquí tan grande y variada insurgencia contra los mecanismos estatales. No ya para desmontarlos en aras de la ventolera ideológica, sino para ponerlos a funcionar al compás de las apetencias o conveniencias de grupos insatisfechos y díscolos. Aparte de la justicia o la injusticia de las peticiones, dan trazas de compartir, tácitamente, la inclinación a las pruebas de fuerza.

Váyase a saber si aprovechándose de la misma tolerancia del poder público o creyendo que no existe otro medio eficaz para arrancarle determinaciones y soluciones. Hasta un segundo paro de sus funcionarios se esgrime y pretende. En el fondo, debilitando la noción y la efectividad del Estado, arrinconándolo y befándolo.

A abonar el campo contribuyen las circunstancias de la economía en recesión y trance de desempleo. La reducción del margen de actividad productiva y de la oportunidad de movilizar las propias energías sume a muchas gentes en el desánimo y a otras en la sensación de quedar a la deriva. Basta mirar lo ocurrido primero en el agro y luego en los centros urbanos para caer en la cuenta de lo que tal adversidad ha significado e incluso complicado la tarea de liquidar la economía informal del narcotráfico, precursora del desconocimiento del Estado y de la disposición de enfrentársele.

Concatenando los conflictos, ninguno inocuo, se llega a temer que vientos de desintegración estén soplando sobre nuestra organización civil y democrática. Resuelto uno, sobreviene otro u otros en cadena sin fin. Se hallaba imprepara el Estado para afrontar los retos que se le han presentado? En lugar de cohesionarlo y capacitarlo para las complejas funciones de nuestro tiempo, la Constitución del 91 lo habría confusamente fragmentado y enervado? Lejos de insistir en su desmonte y retraimiento crónico de los sectores a donde ni siquiera ha llegado, vale la pena pensar en la necesidad de reivindicarlo y rehabilitarlo como factor de orden y disciplina, de equidad y bienestar. De la causa del desarrollo no puede en vano desertar. Ni de otras obligaciones que le son propias. Entre ellas, la de promover la solidaridad social, sin perjuicio de su irrenunciable misión de gobernar por encima de tendencias nihilistas y disolventes.

Conflictos penitenciarios Es ya lugar común decir que no estaban preparadas la estructura y la organización carcelaria de Colombia para recluir a tan elevado número de personas. Ni para absorber las secuelas de la lucha contra la delincuencia organizada, contra la de común ocurrencia y contra la guerrilla. No lo estaba el Estado para su función de hacer y aplicar justicia.

Los presos de nuevo tipo mantendrían en los establecimientos penitenciarios la solidaridad de que habían hecho gala en sus actividades delictivas y esta sola circunstancia complicaría gravemente su custodia y manejo. No irían a ser, como en la época anterior, resignados, ignorantes y sumisos, cada uno en la costra de sus propias cavilaciones. Conservarían el espíritu combativo, tanto más si en la guerrilla se había entrenado, y, en la primera oportunidad, volverían a ejercerlo. El tránsito de la clandestinidad al encierro entre cuatro paredes no cambiaría milagrosamente sus inclinaciones y convicciones.

La palabra hacinamiento ha venido a constituir la clave del problema. Cómo no se entendió a tiempo que la población de las cárceles no podía duplicar o triplicar la capacidad para la cual éstas fueron construidas y dotadas? Tan grande fue el desconocimiento de la materia que el país se comprometió en la ambiciosa empresa de repatriar los presos colombianos en el exterior. A buen seguro, no se intuía, ni de lejos, la incapacidad física de albergarlos.

Tradicionalmente se ha registrado en Colombia el hecho de que a los acusados se les prive de la libertad por tiempo indefinido antes de definirles su suerte judicial. El autor de esta columna pudo comprobar la anomalía de que por torpes indicios y torcida investigación se tuviera por cuatro años en la cárcel a alguien cuya inocencia al fin resplandeció. Eran tiempos viejos.

Pero, con el correr de los años, semejante problema no ha desaparecido sino que se ha intensificado. Como el de las precarias condiciones de las cárceles, pese a su supuesta modernización. Sintomático fue que la primera intervención del maestro Darío Echandía como ministro de Justicia en la Administración Lleras Restrepo fuera a propósito de las inicuas raciones de los presos.

Presumiblemente la ola de criminalidad ha superado todos los cálculos, y, además, se han perfeccionado los sistemas de detección de los delitos y aprehensión de los sospechosos. No cabe, sin embargo, dolernos de lo que pudo haber sido. Al hervidero de las cárceles es de apremiante urgencia eliminarle motivos válidos para rebelarse y circunstancias propicias.

Corregir su sobre-población, repartirla estratégicamente e impedir que a su seno se trasladen las actividades subversivas. Reconocer que siempre habrá un plan de fuga en el interior o en el exterior. Por sobre todo, obrar con severidad y rectitud, sin complacencias pero también sin debilidades.

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