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SAMPER-CORTE: PULSO ANTE LA OPINIÓN

Me parece estar oyendo a un dictador , exclamó el magistrado José Gregorio Hernández.

La réplica que el presidente Samper hizo el miércoles desde Cartagena al fallo que echó a pique la emergencia económica, produjo irritación en la Corte Constitucional y dejó entre algunos de sus miembros la sensación de desafío, de exhortación a una guerra de poderes.
Samper no es el primer presidente que se queja ante un fallo que descalifica jurídicamente una decisión de fondo, pero según recuerdan integrantes de la corporación, sí es el único que ha puesto en entredicho la legitimidad del máximo juez de la Constitución; el primero que le acusa de estar profiriendo sentencias políticas y el único que, a título de riesgo, le ha amenazado con un proyecto para recortarle poderes.
Mientras resonaban los ecos de disertación presidencial, la Corte calculó internamente riesgos sobre la eventual activación de mecanismos retaliatorios operados desde el Gobierno.
Si bien cuando los ánimos se calmaron la reflexión cayó pronto en el terreno anecdótico, hubo quienes recordaron el episodio que a comienzos de la década produjo la salida del entonces presidente guatemalteco Jorge Serrano Elías.
Serrano quiso disolver de facto la Corte de Constitucionalidad, ésta asumió de oficio el control del decreto dictatorial y lo tumbó y el respaldo de la sociedad civil, expresado en manifestaciones masivas, terminó por producir un relevo presidencial. Como garantía de restablecimiento de la independencia de los poderes asumió la jefatura del Estado el entonces procurador de derechos Ramiro de León Carpio.
Eso no va a pasar...
De hecho, nadie cree que, guardadas las proporciones, algo así ocurra en Colombia, según comenta el historiador e internacionalista Alvaro Tirado Mejía.
Sin embargo, el propio Tirado advierte que la lectura que haga la comunidad internacional de la actitud del Presidente puede ser adversa. Recuerda que de las cosas positivas que tiene Colombia para mostrarle al mundo es la concepción de su Estado de Derecho, con separación de poderes, y comenta que ese es un activo que no se puede malversar.
Puestos en blanco y negro, los riesgos que se ciernen sobre la Corte son dos: el resurgimiento del proyecto de reforma constitucional que le quite poderes, especialmente en el campo del control del uso que haga el Presidente de los estados excepción y la resurrección de un proyecto que en noviembre pasado tuvo la firma de 36 congresistas empeñados en volver al viejo control de constitucionalidad que imperó bajo la vigencia de la Constitución del 86.
En noviembre del año pasado el ministro del Interior, Horacio Serpa, se comprometió públicamente a que el proyecto de reforma no tocaría a la Corte Constitucional y a la Fiscalía, instituciones cuya sensibilidad se sublimó en medio de las tensiones colectivas generadas por el proceso 8.000. Ahora dice que el Gobierno se jugará ante el Congreso para sacar avante una reforma que le quite a la Corte la posibilidad de examinar los decretos mediante los cuales se declara cualquiera de los estados de excepción.
Como ficha de entronque de una temida retaliación figura también el proyecto de liquidar la Corte. La idea, acaudillada entre otros por el senador Roberto Gerlein Echavarría, el parlamentario que acuñó la frase del cogobierno de los jueces , tiene antecedentes que coinciden en el calendario con la famosa sentencia de la Corte que asimiló las condenas penales a las causales de perdida de investidura, a despecho de un demandante cercano al poder legislativo.
Referendo, carta escondida
El magistrado Hernando Herrera Vergara, una de las voces más acatadas en la Corte, comenta que en realidad la institución no ha pensado en mover un dedo para defenderse de embates de esta naturaleza, porque considera que sus mejores resguardos son la propia Constitución y los fallos que siempre estarán abiertos al escrutinio de la historia.
Aún así, la Corte suma el respaldo de 23 organizaciones de origen ciudadano que estarían dispuestas a impulsar un referendo que desafíe a la contrarreforma en el tinglado de la voluntad popular.
Esta es una verdadera prueba de fuego para que aquella masa heterogénea y dispersa llamada sociedad civil , apunta Carlos Vera, politólogo de la Universidad de Antioquia y autor de un ensayo crítico sobre los potenciales efectos de una reforma política de coyuntura.
No es una rabieta
Desde la otra orilla el presidente Ernesto Samper dice a EL TIEMPO que se equivocan quienes creen que su reacción contra el fallo es una rabieta o un signo de que, como se dice coloquialmente, está respirando por la herida.
Es una cuestión de principios , afirma, y se declara convencido de que la valoración subjetiva hecha por la Corte sobre la inconveniencia de la emergencia la sitúa en el terreno de una decisión política y la expone al riesgo de invadir esferas propias del Congreso, a quien reconoce como juez en este último caso.
Recicla entonces lo dicho en Cartagena: Ningún sentido tendría que el constituyente del año 91 hubiera obligado al Congreso a asumir, por derecho propio y plazos perentorios, la discusión sobre la oportunidad y la conveniencia de la emergencia si la Corte, como ahora ha sucedido, se pudiera atribuir el derecho de hacer su propia valoración con impredecibles efectos que escapan a su órbita de manejo .
Congreso, el tercer alfil
La suerte de la reforma depende también del papel que, como tercer alfil en contienda, cumpla el Congreso.
Tirado considera que será difícil en esta época de trastienda electoral que los legisladores se animen a defender públicamente el discurso de quitarle poder a la Corte.
En las secretarías están registrados actualmente 16 proyectos de enmiendas a la Carta Política y ninguno de ello busca tocar el máximo órgano del poder judicial.
Vera estima que, dada la comunión de intereses que pueden rodear los dos temas (intenciones retaliatorias) la contrarreforma tiene hoy por hoy el mismo peso que podría tener la ley espejo .
Las intenciones en los dos casos serán colosales o pigmeas, según la óptica desde donde se les mire .
Reservas entre congresistas
Congresistas de distintas tendencias opinan sobre los alcances del episodio y sobre las posibilidades de que pasara la reforma propuesta:
Viviane Morales
Representante liberal cristiana
Creo que hay unas zonas de penumbra entre el control político y el control constitucional. Sería bueno establecer la diferencia. En el caso de la conmoción interior se justifica el control de la Corte porque se trata de las garantías a derechos fundamentales. En cambio, en el caso de la emergencia económica creo que no porque se trata de decisiones muy técnicas que no creo que correspondan a magistrados. No es el organismo indicado para eso. Si el mismo día en que el Congreso dice que algo es constitucional y la Corte dice que no, hay que hacer algo para evitar ese choque de trenes.
A primera vista en el fallo no sólo hubo unas razones constitucionales sino que se tuvieron en cuenta factores de conveniencia.
Fabio Valencia Cossio
Presidente del Directorio Conservador
Esa propuesta de reducir los poderes de la Corte Constitucional es un acto irresponsable del Presidente de la República, que a manera de retaliación, pretende cambiar la Constitución. Es una demostración de debilidad, y a la vez de arrogancia, del Gobierno. Sabemos que tenemos un Congreso muy sumiso , pero hay sectores independientes que no van a reaccionar ante cualquier rabieta de Serpa o Samper.
Es importante que la Corte Constitucional mantenga sus funciones muy claras de control del Gobierno, máxime cuando tenemos un Congreso que no ejerce el control político y judicial, y se pliega a un criterio partidista.
Rodrigo Villalba
Senador liberal
Reducir los poderes de la Corte sería acabar con el Estado de derecho. A la Corte hay que acatarla, aunque no se guste del fallo. Los magistrados están en todo su derecho de rechazar una emergencia económica absurda. Todos sabemos que no había hechos sobrevinientes que ameritaran la declaratoria.
Los congresistas son habilidosos. Están ad portas de una elecciones y no creo que sean tan suicidas de ir en contra de derecho y de la voluntad de la gente.
Ramón Elejalde
Coordinador de la Comisión Política Central
Ese proyecto no tiene razón de ser y , además, sería de mal gusto. Lo que se necesita es que la Corte entienda que no tiene competencia jurídica para revisar el decreto declarativo de la emergencia económica, aunque tenga capacidad de control sobre los decretos que se deriven de esa declaración. Eso está muy claro en la Constitución.
Luis Guillermo Giraldo
Senador opositor
El Congreso no le jalaría a ese proyecto, porque no está suficientemente estudiado, sonaría a retaliación del Presidente y no se podría aceptar que en la división de poderes que consagra la democracia se le tratara de recortar facultades a la Corte Constitucional, facultades que garantizan un equilibrio institucional.
La tesis de que el fallo es una extralimitación de facultades viene desde el gobierno de Gaviria y de este, cuando declaró inexequible un estado de conmoción interior. Así que eso no es nada nuevo.
(A propósito de la supuesta extralimitación de la Corte), resultaría absurdo que una Corte facultada para revisar la constitucionalidad de los decretos legislativos de una emergencia económica no tuviera la facultad de revisar el que es la base de todos los decretos.
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