RESTABLECIMIENTO DE LA EXTRADICION

RESTABLECIMIENTO DE LA EXTRADICION

Tras laborioso trámite y mucho forcejeo, la extradición pasó la prueba de fuego en la comisión primera de la Cámara de Representantes. Muerta y sepultada por la Carta Política del 91, las circunstancias internas y externas han obligado a revivirla. Según lo ha observado el presidente Ernesto Samper, el país no puede continuar expuesto a aparecer como santuario de delincuentes internacionales. Mucho menos como codicioso proveedor de narcóticos, en perjuicio de la humanidad.

12 de junio 1997 , 12:00 a. m.

La tesis de la legalización de los estupefacientes sirvió para anestesiar la conciencia pública y sofocar cualquier complejo de culpa. Si el problema radicaba en la prohibición, abiertas y legitimadas quedaban las vías para violarla. Allá quienes se empeñaran en mantenerla y, por su causa, extremaran la rentabilidad del ilícito negocio.

En último término, la represión del narcotráfico no impediría que sus rendimientos circularan por el ancho mundo, recalaran en cualquier parte y, en la práctica, fueran legalizados. Por años prevaleció este raro criterio. Hasta el nuevo régimen cambiario de Colombia dio trazas de adoptarlo. La magnitud de las consecuencias, tanto como del incentivo a la contumacia en el delito, forzó a tomar providencias sobre el lavado de dólares y a establecer la extinción del dominio de los bienes así obtenidos.

En realidad, sorprenden los diarios hallazgos policiales de instalaciones y despachos de estupefacientes. De bienes conseguidos con su elaboración y comercio. Tras los muchos éxitos en desbaratar sus redes y aprehender a sus cabecillas, se creerían arrancadas sus raíces. No obstante, el cáncer era, por lo después visto, más grande de lo que aquí se suponía, más extensas sus ramificaciones y mayor su capacidad de reproducirse.

Siempre se consideraron exagerados los cálculos extranjeros sobre su dimensión nacional. Acaso parcialmente lo fueran, pero los descubrimientos ulteriores comprueban su enorme tamaño, profusión y peligrosidad. Los éxitos y heroísmos pasados no excusaban de cumplir la labor que luego se ha llevado a cabo con resultados tangibles.

* * * * * Con frecuencia se pasa por alto que la complejidad del problema estriba en su índole transnacional. En el hecho de distribuir y vender los estupefacientes en países distintos de aquellos donde se produce la materia prima o el artículo terminado. Por esa misma naturaleza, existen convenciones internacionales para combatirlo.

En principio, a cualquiera se le ocurre que cada país juzgue y sancione a sus nacionales por razón de sus delitos. Pero ocurre y ahí está el quid de la cuestión que dichos nacionales delinquen en otro país y que este país no se resigna a ampararlos con una especie de impunidad en su suelo.

Entonces reclama el derecho de someterlos a su propia justicia, estrictamente por actos allí vedados y punibles. Con tanto mayor apremio cuanto más recele de la voluntad o de la capacidad del lugar de origen para aplicar las penas consiguientes a esta clase de incursiones delictivas. Ahí nace la figura de la extradición.

Consistente, según el diccionario, en la entrega del reo refugiado en un país, hecha por el gobierno de éste a las autoridades de otro país que lo reclaman para juzgarlo y, en su caso, castigarlo . La que ha aplicado recientemente Venezuela a un súbdito colombiano y la que Estados Unidos y Colombia se disputaron años atrás sobre otro, refugiado en España. La que se discute actualmente en nuestra Cámara de Representantes.

Ha tocado en suerte al presidente Samper y a su Gobierno patrocinar el restablecimiento de esa figura jurídica, como cosa de honor nacional. Sobre el nombre de la patria no debe haber lugar a que gravite la sospecha de proteger en una u otra forma a quienes delinquen en el extranjero. Ni existir el riesgo de resultar aislada, por este motivo, del concierto de las naciones. No se trata de la certificación o la descertificación unilateral de Estados Unidos, sino de la comunidad internacional. Como quien dice, de la humanidad.

Aprobada por el Senado en un texto susceptible de revisarse en la segunda vuelta de la respectiva enmienda constitucional, los esfuerzos gubernamentales no fueron vanos para persuadir a la mayoría de la comisión primera de la Cámara de Representantes. Resta, con buen presagio, el debate definitivo en la plenaria. Lo que fuera tabú un día impensable en la Constituyente del 91 va siendo asimilado por la opinión y por el Congreso, con los ojos abiertos. Quiera Dios alumbrar a sus miembros. El país ansía dejar atrás la trayectoria tempestuosa del narcotráfico, de sus complicidades y contaminaciones.

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