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UN VALIOSO RESPALDO

UN VALIOSO RESPALDO

Al mantener la posibilidad de que el Gobierno fumigue con glifosato los cultivos de amapola, y al permitir al Estado adquirir bienes y tierras que delincuentes o ciudadanos ordinarios no los hayan reclamado ante la Justicia, la Corte Constitucional le ha dado importante respaldo doble a la lucha contra el narcotráfico. De esta manera, el Gobierno mantiene intacta un arma fundamental para contener la alarmante propagación de la amapola materia prima de la heroína, planta cuyo cultivo en grandes extensiones no solo amenaza convertirse en fuente de un nuevo y poderoso cartel de la droga, sino que está causando verdaderos estragos ecológicos en los páramos y llamados bosques de niebla donde se ha concentrado su siembra ilegal. Por otro lado, se ha ganado un nuevo y valioso instrumento para esa ardua lucha: la expropiación de bienes muebles e inmuebles vinculados al narcotráfico, sin el requisito de previa sentencia judicial y por simple auto interlocutorio. Susceptible, eso sí, de apela

En el caso del glifosato, la acción de tutela entablada por el M-19 para impedir su utilización, alegando el derecho fundamental a un ambiente sano, no fue tenida en cuenta por la Corte, con el argumento de que el M-19 como movimiento solo puede intentar acciones de tutela en defensa de derechos reconocidos a los partidos. Según este criterio, dicho grupo político carecía de legitimidad para adelantar la acción respectiva o estaba actuando en causa abstracta, pues no podía considerarse que existiera un interés directo por vulneración inminente de un derecho fundamemtal del partido. Se trata, en el fondo, de una necesaria y oportuna advertencia de que no es posible desviar el verdadero sentido de la tutela. En otras palabras: la tutela no es para hacer política. En lo que se refiere a la expropiación de bienes, la tesis de la Corte Constitucional, apoyada en la función social que debe cumplir la propiedad, establece un nuevo e importante marco conceptual en materia de extinción de dominio de bienes de particulares en favor del Estado.

Ahora, fiscales y jueces secretos podrán recuperar para el Estado aquellos bienes y propiedades ocupados o incautados, cuando haya transcurrido un año desde la citación del presunto propietario y éste no aparezca a reclamar y demostrar por medios válidos su calidad de dueño y el origen legítimo de las propiedades afectadas.

Se abre así un enorme espacio al Estado para operar contra el poder económico de los narcotraficantes con instrumentos realmente idóneos. Hasta el presente, a la espera de sentencia judicial, el Estado mantiene cerca de un millar y medio de bienes ocupados o retenidos: propiedades rurales y urbanas, aviones, buques, vehículos, divisas, títulos valores, etc., que tras el asesinato de Luis Carlos Galán fueron ocupadas o decomisados por las autoridades.

Ahora, en los casos de abandono, mediante simple auto interlocutorio, la Justicia podrá proceder. Y tanta riqueza mal habida podrá destinarse finalmente a beneficiar a la comunidad. Enhorabuena.

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