APERTURA TRAERÍA ESTRAGOS PARA TELECOM

APERTURA TRAERÍA ESTRAGOS PARA TELECOM

En los últimos dos meses participé en la comisión de expertos conformada para evaluar la conveniencia de la apertura en el sector de las telecomunicaciones. La propuesta consiste en conceder la prestación de larga distancia a dos operadores privados que podrían adquirir el derecho por 150 millones de dólares cada uno.

10 de junio 1997 , 12:00 a. m.

Los estudios y los debates de la Comisión no fueron aislados. El grupo operó en torno a términos de referencia y cifras básicas comunes. Así, el panorama futuro del sector se proyectó con base en las metodologías cuantitativas de Telecom y según lineamientos adoptados en consenso por los miembros de la comisión.

El ejercicio se elaboró para un escenario en que se mantiene el monopolio público y para otro en que la telefonía de larga distancia se abre a los dos operadores privados. Los resultados se resumen en el cuadro 13 de mi ponencia. Allí se observa que dentro de la organización actual, las utilidades operacionales de la empresa aumentan sistemáticamente hasta llegar a 282 mil millones de pesos en el año 2000 (12 por ciento de los ingresos).

También se aprecia que en el caso de la apertura, el balance arrojaría pérdidas crecientes que llegarían a 425 mil millones de pesos en el año 2000. Así, la transacción le significa a Telecom una disminución promedio de utilidades de 200 millones de dólares anuales.

Curiosamente, este resultado no ha sido bien leído por altos directivos oficiales, quienes sostienen que Telecom se precipitará en crisis en menos de un año y que, como consecuencia, no hay más alternativa que privatizarla y fragmentar sus mercados.

Sin embargo, la información básica suministrada a la comisión revela algo muy distinto. La empresa ha operado tradicionalmente con rentabilidad que superan las de las empresas industriales y comerciales. El debilitamiento de los índices de rentabilidad y de utilidad que se observa en el último año es la consecuencia de fallas en la gestión administrativa que se refleja en los pagos desordenados de las pensiones, las transferencias unilaterales al Gobierno y la reducción excesiva de las tarifas de larga distancia.

En las proyecciones elaboradas por la misma Telecom para la comisión se muestra que, si la empresa sigue un manejo adecuado en materia de pensiones, transferencias y tarifas, sus utilidades operacionales y netas aumentarían sistemáticamente hasta llegar al 12 por ciento y al 16 por ciento de los ingresos en el año 2.000.

La catástrofe sucede cuando se autoriza la entrada de los operadores privados y estos se toman la mitad del mercado provocando una reducción de los ingresos de Telecom de 40 por ciento. En tales condiciones, la empresa experimentaría una caída anual de utilidades de 200 millones de dólares que impedirían cumplir con las obligaciones pensionales, adelantar los programas de inversión y, para completar, contribuiría a aumentar el déficit fiscal de la Nación en 15 por ciento.

Tan cierto es esto que algunos de los miembros de la comisión que recomendaron la apertura condicionan su sugerencia a una intervención del Gobierno para corregir los destrozos sobre la empresa y el fisco nacional.

El anzuelo político es la baja de las tarifas, que es una verdad a medias. Probablemente, los operadores procederían a reducir las tarifas de la larga distancia internacional para tomarse el mercado y Telecom no tendría más opción que seguirlos para evitarlo.

Al mismo tiempo, tratarían de aumentar los ingresos ejerciendo su poder monopólico para elevar las cotizaciones nacionales. El resultado final sería un aumento promedio de las tarifas, como ocurrió en Argentina y México con las privatizaciones.

La inconveniencia de la apertura se sintetiza en dos cifras. La entrada de los operadores le ocasiona a Telecom una caída de sus utilidades de 200 millones de dólares anuales y a cambio de ello obtiene por una sola vez 300 millones de dólares de los concesionarios. Es una transacción ineficiente que le causa al país, al Estado y a Telecom mayores costos que beneficios.

Por lo demás, es claramente regresiva. Los ganadores serían los operadores privados que obtendrían la concesión por debajo del costo de oportunidad y obtendrían claros poderes monopólicos para influenciar los precios y los usuarios de larga distancia que están ubicados en los estratos más altos, en tanto que los perdedores serían los usuarios regulares de los servicios locales y, en un mayor grado, los grupos más pobres y las regiones más alejadas que verían recortados los subsidios, y los contribuyentes que tendrían que asumir los cuantiosos déficit de la empresa.

La lección es elemental y diáfana. Una de las características centrales del sector de las telecomunicaciones es la presencia de economías de escala y de diversificación. Por lo demás, muchos de sus componentes están representados por bienes públicos, como el espectro electromagnético y las redes, lo que constituye un monumental estímulo para prestar los servicios con los equipos adquiridos por otros.

A diferencia de la creencia convencional, en este tipo de actividades la competencia y la libertad económica no significan una mayor eficiencia y pueden conducir a graves iniquidades. La mejor solución para la sociedad se logra dentro de una administración del Estado que obtenga las ventajas de las economías de escala y oriente sus poderes monopolistas en favor de la comunidad y de un marco regulatorio que impida el asalto a los bienes públicos.

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