PRIMERAS OCHO HORAS DE JUICIO POR CASO DE CORRUPCIÓN EN EL SENA

PRIMERAS OCHO HORAS DE JUICIO POR CASO DE CORRUPCIÓN EN EL SENA

Cerca de ocho horas duró la primera audiencia pública que se hace en el país para juzgar disciplinariamente un caso de corrupción.

06 de junio 1997 , 12:00 a. m.

El juicio lo presidieron el procurador general de la Nación, Jaime Bernal Cuéllar, y el director de Investigaciones Especiales de esa entidad, Manuel Alberto Morales Támara, para decidir la situación de dos funcionarios del SENA seccional Bogotá que resultaron comprometidos en el cobro de comisión por la adjudicación de un contrato de la entidad.

Miguel Luna Stella, jefe de la División de Servicios Generales y Construcciones que fue retirado definitivamente de su cargo el pasado 9 de abril, y José Daniel Perea Arce, interventor del SENA, debieron comparecer ante el Ministerio Público para explicar sus actuaciones frente al manejo que le dieron a la adjudicación del contrato para construir unas obras en Paloquemao.

El cobro de comisión se conoció mediante unas grabaciones de las conversaciones telefónicas en las que los funcionarios se disputaban el pago del contratista William Rueda Celis. El hecho fue denunciado por la Unidad Investigativa de EL TIEMPO.

La audiencia pública es un procedimiento verbal consagrado en el Artículo 278 de la Constitución y sólo la puede adelantar el Procurador General para casos en los que un funcionario público incurra en violación manifiesta de la Constitución y la ley; aprovechamiento de su cargo para obtener beneficio patrimonial; obstaculización a las investigaciones adelantadas por la Procuraduría o por cualquier autoridad jurisdiccional; negligencia en la investigación o sanción de faltas disciplinarias de los empleados de su dependencia o en la denuncia de delitos de los que tenga conocimiento en ejercicio de sus funciones.

A la audiencia asistieron Perea y su abogado, Carol Iván Abaunza; Mariano Pérez, apoderado de Luna, que no se hizo presente; una comisión de la Contraloría General, que adelanta una investigación fiscal para determinar la responsabilidad que les cabe a los dos implicados, además de varios contratistas que fueron citados en calidad de testigos.

Clara Elena Zabaraín, jefe de la Unidad de Revisión de Cuentas de la Dirección de Control Social de la Contraloría, que declaró como testigo, reveló que el contrato tuvo un sobrecosto de 45,99 por ciento que afectó el patrimonio de la entidad estatal, como lo informó este diario el pasado 15 de mayo.

La audiencia fue convocada nuevamente para el próximo martes y en desarrollo de la misma los dos procesados rendirán sus descargos.

El Procurador podría emitir un fallo ese mismo día o suspender el procedimiento, máximo por cinco días, para adoptar una decisión final.

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