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SÓLO LA JUSTICIA DISOLVERÁ SINDICATOS

SÓLO LA JUSTICIA DISOLVERÁ SINDICATOS

La disolución y cancelación de la personería jurídica de los sindicatos sólo puede proceder en adelante a través de sentencia judicial. Es competencia de la justicia laboral o, en su defecto, civil y no del Ministerio del Trabajo evaluar si una organización sindical debe hacerse acreedora o no a la pérdida de personería jurídica en razón de eventuales violaciones al régimen laboral.

El pronunciamiento es de la Corte Constitucional que ayer en desarrollo de su última sesión antes que asuman cinco nuevos magistrados declaró exequible una disposición demandada del Código Sustantivo del Trabajo.

En concepto de la Corte, el Ministerio de Trabajo tiene la atribución de imponer multas por violaciones al régimen laboral, pero no puede directamente atribuirse la facultad de decidir la disolución, liquidación y cancelación de la inscripción del respectivo registro sindical.

Así, en los casos en que considere que existe mérito para que se declare la disolución de un sindicato, el Ministerio del Trabajo deberá asumir el papel de denunciante de la respectiva organización ante la justicia laboral.

La Corte expuso su criterio sobre una ponencia del magistrado Simón Rodríguez, que declaró ajustada a la Carta el artículo 50 del Código Sustantivo del Trabajo.

La norma permite expulsar de las entidades sindicales a quienes, en razón de sus actuaciones, hacen peligrar la personería misma de los sindicatos.

A ese efecto, el artículo prevé: Todo miembro de la directiva de un sindicato que haya originado como sanción la disolución de éste, podrá ser privado del derecho de asociación sindical en cualquier carácter hasta por el término de tres años, según apreciación del juez en la respectiva providencia o fallo .

La sentencia de la Corte en lo que respecta al Código Sustantivo del Trabajo se produjo a la par con otros dos fallos que, respectivamente, legitiman el Estatuto Antiterrorista y las exenciones del IVA respecto de algunos servicios.

En primera instancia, la Corte asumió la revisión constitucional del Decreto 2271 de 1991, un centenar de disposiciones que recogen los estatutos Antiterrorista y en Defensa de la Democracia. El caos del IVA Las normas, que fueron convertidas en legislación permanente por la Comisión Especial Legislativa o Congresito , tipifican el terrorismo y otras conductas penales y establecen severas sanciones penales frente a la comisión de ilícitos de competencia de la justicia secreta.

La declaratoria de exequibilidad del 2271, que se produjo en el marco de un estrecha votación cuatro a tres, enfatiza en que los estatutos Antiterroristay en Defensa de la Democracia constituyen una legislación especial para la investigación, sanción y juzgamiento de delitos de narcotráfico, terrorismo, sicariato, etc.

Por último, sobre ponencia del magistrado José Gregorio Hernández, la Corte mantuvo incólume las previsiones que sobre Impuesto al Valor Agregado (IVA) introdujo la reforma tributaria.

El nuevo régimen tributario extendió el cobro del IVA del 14 por ciento a los servicios profesionales, pero excluyó los servicios médicos, odontológicos, clínicos y de transporte terreste, aéreo y marítimo.

Otros servicios objeto de exención son el arrendamiento financiero de leasing, los clubes de trabajadores y los servicios de acueducto, gas domiciliario, energía y recolección de basuras, entre otros.

La Corte desechó los argumentos que en contra de la constitucionalidad de las normas habían esgrimido los demandantes: violación de los principios de igualdad y libertad de escoger profesión y oficio, y vulneración de los principios tributarios de equidad y eficiencia.

En concepto de la Corte, la igualdad no puede ser matemática, pues es responsabilidad del Estado con base en un análisis de las capacidades, condiciones y circunstancias sociales determinar la forma en que mejor puede cumplir con sus fines de desarrollo, progreso y justicia social.

En esa dirección, a juicio de la Corte, al afectar algunos servicios profesionales con el cobro de IVA, el Estado simplemente está haciendo efectivo el principio de función social que debe cumplir todo profesional y que, en razón de las características propias de cada actividad, no puede ser medida en forma matemática.

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