ECONOMÍA DE MERCADO Y DERECHO DE CONSUMO

ECONOMÍA DE MERCADO Y DERECHO DE CONSUMO

En principio, la libre concurrencia de oferentes y demandantes, bajo condiciones de transparencia y competencia adecuadas, debería ser suficiente para que sus expectativas en cuanto al precio y calidad de los productos y servicios que requieren sean satisfechas.

02 de junio 1997 , 12:00 a. m.

Así ocurre de ordinario. La conocida mano invisible expulsará de mercado aquellos cuya calidad, utilidad, fiabilidad y precio no sean adecuados. Sin embargo, no siempre el mercado es suficiente para garantizar los derechos de los consumidores. Existen varias razones para que su tarea de purificación no ocurra, su actuación sea tardía o los costos individuales o sociales sean excesivos. Esta circunstancia determina que, aún en los países de capitalismo avanzado, se haya desarrollado un régimen jurídico del consumo. Puede ser útil revisar los factores de falencia del mercado que justifican esta nueva rama del Derecho.

Miopía de los consumidores. La investigación económica ha puesto de presente que la racionalidad de los agentes económicos tiene limitaciones. Una de sus manifestaciones suele conocerse como miopía de los consumidores , la cual es palmaria en muy diversos ámbitos.

Ha sido menester, por ejemplo, que las autoridades exijan a los fabricantes de automóviles que incluyan mecanismos de seguridad para los pasajeros -cinturones, apoya cabezas, vidrios especiales, frenos con determinadas especificaciones-. Si así no hubiese ocurrido, algunos de ellos jamás se hubieran desarrollado o su difusión habría sido muy lenta.

La cortedad de visión de los agentes económicos es también perceptible en el campo de la seguridad social vinculada a la protección de los ancianos. Derrotados por la demografía, los antiguos sistemas de reparto, basados en la financiación de las pensiones exigibles con las cotizaciones de los actuales trabajadores, vienen siendo sustituidos por los de capitalización plena en esquemas de ahorro individual. De este modo, cada generación -y, más aún, cada uno de nosotros- debe proveer los fondos para su jubilación futura.

Si esto es así, por qué razón la ley impone a los trabajadores la obligación de cotizar? La respuesta es clara: si no fuera porque el ahorro pensional es mandatorio, gran parte de la población llegaría a la edad de retiro sin contar con los medios económicos necesarios.

El mercado no es idóneo para preservar intereses colectivos difusos. Sabido es que el mercado no resulta adecuado para generar la oferta necesaria al precio justo de bienes y servicios que requerimos, no como individuos, sino como integrantes de una comunidad.

Es lo que acontece con la defensa nacional, la seguridad interna, la justicia y la provisión de infraestructura. Ninguna persona o grupo tiene la capacidad y voluntad de absorber el costo económico que implica la provisión de estos bienes y servicios para el conjunto de la población.

Algunos de los intereses económicos de los consumidores son difusos en el sentido de que recaen primordialmente sobre el conjunto de ellos. Es lo que ocurre, por ejemplo, con la libre competencia; si los proveedores de un bien o servicio configuran un cartel, es el conjunto de los consumidores quien resulta amenazado.

La elección correcta del consumidor puede implicar un costo individual excesivo. Los mercados son eficientes en la medida en que aportan a sus participantes información sobre oferentes, demandantes, bienes, cantidades, calidades, precios, etc., a costos monetarios y de oportunidad que no sean superiores a los que están dispuestos a pagar.

Cuando excedan los límites que la generalidad de los participantes acepta sufragar, es menester que la información relevante que el mercado no provea fluya como consecuencia de decisiones que se adoptan en el plano político y se plasman en normas jurídicas.

La comercialización de drogas y alimentos ofrece multitud de ejemplos. En casi todos los países, aun en aquellos que tiene economías de mercado muy desarrolladas, existen dependencias estatales cuyo cometido consiste en establecer sus virtudes terapéuticas, los efectos secundarios que pueden producir y la información que debe suministrarse a los consumidores.

La eficacia ex-post del mercado. Las leyes económicas del mercado pueden funcionar eficientemente para expulsar productos o servicios que carecen de idoneidad o cuya utilización acarrea riesgos severos a la integridad física, la salud, el medio ambiente, etc. Sin embargo, ellas son inútiles para impedir que se coloquen en el mercado productos nocivos. Los costos sociales e individuales que en muchas ocasiones habría que sufragar para rechazarlos, justifica la intervención previa del estado para establecer normas de seguridad o patrones de calidad mínima.

No sería razonable permitir, por ejemplo, que se admita la operación comercial de aviones sin exigir el previo cumplimiento de muy severos requisitos.

El desequilibrio de la relación de consumo. Para que la economía de mercado haga factible el suministro adecuado y suficiente de bienes y servicios a precios equitativos, es indispensable que exista un cierto grado de equilibrio entre oferentes y demandantes. En ocasiones este requisito básico no se cumple; los productores o proveedores, sobre todo cuando operan en un contexto internacional, suelen adquirir un poder de facto considerable.

Se trata de la denominada asimetría en la relación de consumo , fuente de abusos recurrentes, y de su atenuación a través de mecanismos tales como la prohibición de ciertas cláusulas en la contratación tipo o por adhesión.

Cursan en el Congreso varios proyectos de ley, presentados tanto por parlamentarios como por el Gobierno, tendientes a la expedición de un nuevo estatuto del Consumidor. Convendría que en los debates pertinentes participen voceros de todos los sectores involucrados. Legislar sobre materias complejas como esta es tarea que debe acometerse con el mayor acopio de elementos de juicio. No olvidemos que el camino del infierno está empedrado de buenas intenciones.

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