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CONSTITUCIÓN Y MONEDA

CONSTITUCIÓN Y MONEDA

En el acuerdo político que se someterá a los colombianos el próximo 9 de diciembre para convocar la Asamblea Constitucional, figura la revisión del artículo 49 de la Constitución política, que prohíbe la emisión de papel moneda de curso forzoso . Esta recomendación servirá para que los constituyentes se ocupen de uno de los temas de mayor trascendencia en el derecho público, a saber: qué debe decir una Constitución moderna sobre el manejo de la moneda? La historia del artículo 49 es aleccionadora. El país solo ha tenido una auténtica época de hiperinflación, que fue la que siguió a la guerra de los mil días. El gobierno del General Reyes tuvo que adelantar una profunda reforma monetaria para controlar la caótica situación de precios en que se encontraba el país al inicio de su mandato. Más tarde el constituyente de 1910, como un repudio contra los excesos monetarios en que se había incurrido durante la guerra de los mil días, resolvió consagrar en la Carta política la perentoria p

Por: REDACCIÓN EL TIEMPO
14 de septiembre 1990 , 12:00 a. m.

Contra lo que a veces se ha dicho, los gobiernos de la Regeneración, aunque crearon el curso forzoso, fueron moderados y cuidadosísimos en su uso. La desmesura vino luego durante la guerra.

En Colombia se repitió la historia de todo el siglo XIX, de que las guerras civiles las ganaba, no quien tuviera el mejor ejército sino quien manejara las planchas litográficas para producir billetes.

El artículo 49 de la Constitución, a pesar de que no se le ha podido dar aplicación desde 1931, cuando se derrumbó el patrón oro al declararse la inconvertibilidad de la libra esterlina, había pasado indemne las reformas de 1936, 1945 y 1968.

Ahora parece que será eliminado por la Asamblea Constitucional. Ojalá que su desaparición no haga olvidar los sanos principios de cordura monetaria que inspiraron su incorporación a la Carta de 1910.

Por cuál tipo de norma va a reemplazarse el artículo 49? En los proyectos de reforma constitucional que circularon el año pasado en el Congreso figuraba una iniciativa según la cual el Banco de la República quedaba autorizado para emitir exclusivamente como prestamista de última instancia del sistema financiero. Todo otro tipo de emisión monetaria le quedaba prohibida. Una norma constitucional de este tipo aunque bien intencionada sería inconveniente.

El país puede eventualmente afrontar situaciones de recesión económica aguda en las que no sería bueno que su Banco central solamente pudiera prestarle al sistema financiero. Estaría con las manos amarradas para contribuir a la recuperación económica, como aconteció al inicio de la gran depresión con el férreo patrón oro que entonces imperaba y que, al decir de Esteban Jaramillo, solo servía para que únicamente los banqueros pudieran entrar al Banco de la República.

Lo que sí resultaría oportuno reafirmar a nivel constitucional sería la independencia del Banco de la República. La historia de los países que han logrado manejos monetarios sanos y estabilidad prolongada de precios, está siempre asociada a la independencia de sus bancos centrales.

En Colombia ha habido una sana tradición de respeto por la independencia con que debe actuar nuestro Banco de emisión. Si la Asamblea Constitucional va a ocuparse del tema de la moneda, sería conveniente que esa tradición se recogiera en una explícita alusión constitucional.

También sería oportuno que el constituyente aclarara que si bien la soberanía monetaria reside en el Congreso (Artículo 76, numeral 15), las decisiones particulares de emisión deben delegarse con exclusividad en una autoridad especializada (en nuestro caso la Junta Monetaria). Así se evitaría la peligrosísima práctica de que el Congreso expida leyes, como lo ha hecho últimamente, para ordenar la apertura de cupos de redescuento en colisión con los que autoriza la Junta Monetaria.

La facultad de emitir dinero es una de las responsabilidades más delicadas de toda sociedad. A una Constitución moderna le corresponde fijar con claridad los linderos en el ejercicio de esas responsabilidades y preservar la independencia de su autoridad monetaria. La Asamblea Constitucional de 1991 debería repetir con nuevo lenguaje jurídico el mismo testimonio de ortodoxia monetaria que en su momento consignaron los constituyentes de 1910.

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