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PARADOJAS DE ESTADO

PARADOJAS DE ESTADO

Comparto plenamente la filosofía jurídica y el realismo práctico que inspiran el Decreto 2047 del presenter año, que ofrece a los integrantes del crimen organizado una oportunidad de reivindicación social y legal, con un juicio blando dentro del ámbito jurisdiccional colombiano. Valga la anterior precisión, al igual que el hecho de no haber recurrido en ningún cargo al servicio del Ejército, a organizar autodefensas, para repetir lo que se ha sostenido en esta columna con respecto al prisma jurídico a través del cual deben mirarse. No parece justo considerarlas en el mismo nivel delincuencial de los mal llamados paramilitares , término ambiguo con el cual se han cobijado toda suerte de grupos armados en la clandestinidad y con finalidades paranarcoterroristas, vale decir afines y complementarias con esta expresión brutal del tráfico de estupefacientes.

Por: REDACCIÓN EL TIEMPO
14 de septiembre 1990 , 12:00 a. m.

Las negociaciones de paz con guerrillas revolucionarias, adelantadas por las dos últimas administraciones, han partido de una base: el delito contra la seguridad del Estado no es un crimen corriente y por lo tanto merece tratamiento especial, así quienes en él se hallen incursos hayan cometido acciones conexas punibles por la ley. Es lo que ha permitido entrar en diálogos con los subversivos, decretarles amnistías e indultos y otorgarles, una vez desmovilizados y depuestas sus armas, consideración preferencial en órdenes electoral y político.

Cómo juzgar a las autodefensas frente a tales guerrillas? En primer término como consecuencia de sus acciones violentas y respuesta de legítima defensa a la barbarie de sus conductas. En segundo, como agrupaciones cobijadas por una ley que autorizó su organización y funcionamiento bajo contro del Estado. Esto las sitúa, al menos, en igualdad de circunstancias. Con un elemento a su favor: jamás se enfrentaron al Estado ni combatieron contra sus fuerzas de seguridad, así hayan podido desbordar cincunstancialmente el ámbito de su acción autorizada.

No se entiende entonces que se pretenda encuadrarlas dentro de marcos de referencia penal más rígidos o menos comprensivos que a las guerrillas revolucionarias. Es cierto que el juez a quien se presenten miembros de autodefensas podrá diferenciarlos de los típicamente criminales, pero de todas maneras su suerte dependerá de la apreciación del funcionario, en tanto a los guerrilleros les bastará su condición de tales para reingresar a la sociedad que maltrataron e hirieron. Apreciación subjetiva nada fácil de hacer, en la que la mayor o menor rigidez del funcionario o el grado de comprensión en el juzgamiento definirán el futuro de las personas.

Es curiosa, por decir lo menos, la preferencia que están recibiendo los guerrilleros ante la autoridad colombiana. Siendo partidario decidido del proceso de paz, como lo atestiguan diversos escritos y actuaciones, estimo que este trato, en contraposición al que se dispensa a otros sectores, no es ni ecuánime ni aconsejable. No son pocos los ciudadanos que se preguntan si para merecerlo se requiere levantarse en armas contra el Estado, manguiancho y paternal ante los desvíos de quienes han tratado de demolerlo por medio de la violencia.

Pasando a otro campo, lo ocurrido en el de la justicia se repite en la designación de delegados a la Asamblea Constitucional. Los guerrilleros desmovilizados ingresan por designación del gobierno, en representación de los respectivos grupos armados. En cambio, militares en retiro que defendieron la Constitución y el orden jurídico levantado sobre su base, así como las instituciones que ella genera y tutela, deben someterse al proceso electivo, sentar fianza y competir en inferioridad de condiciones con los estamentos políticos, dueños del aparato electoral.

Vale más ante el Estado, entonces, el que levanta las armas contra él y esgrimiéndolas comete actos vandálicos, viola la ley, secuestra, aterroriza, asalta, que quien, exponiendo su vida, su tranquilidad y la de los suyos, sufre penalidades de todo orden por defenderlo? Qué poco parecen significar ante ese Estado sus propios servidores! No soy partidario de que militares en retiro busquen cabida en la magna Asamblea por vías electorales. Si el gobierno que designará guerrilleros desmovilizados, no hace lo propio con militares que se opusieron a su embestida violenta, simplemente se debe dejar constancia erguida y herida de este tratamiento discriminatorio e injusto. Lo contrario sería aceptar que merece más miramientos ante la república quien la ataca y vulnera que quien la defiende y sostiene. Es asunto de principios y sobre los principios no se transige.

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