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EL ESTADO FUERTE

EL ESTADO FUERTE

La reciente reunión de gobernadores y la necesidad de prolongar el estado de excepción en la forma prevista en la Carta del 91, confirman la necesidad de disponer de recursos jurídicos para conjurar situaciones de alto riesgo y dominar las que ya se viven como mal endémico. En este aspecto la nueva Constitución resultó endeble. Si bien fortaleció la justicia con la Fiscalía General de la Nación, que tanto está logrando para imponer mayor respeto por la ley, debilitó al Ejecutivo en forma que ya se ha comentado en esta columna. Lo trascendente, en medio de una ruptura crónica del orden público, no era solo crear estados excepcionales de breve duración, sino medios adecuados para hacer frente a una situación turbulenta prolongada.

Serán suficientes noventa días más para poner remedio al desborde de violencia criminal? Todo hace pensar que no. El Gobierno ha tenido que promulgar una nube de decretos para el control de una situación salida de cauce, lo que por sí demuestra la inconsistencia de los mecanismos contemplados por la Carta. Si ésta fuese coherente con las circunstancias imperantes cuando se promulgó, habría previsto un Estado más fuerte, con recursos eficaces y durables. En esta forma los Estados de Excepción, ante casos extremos de desquiciamiento del orden, no hubiesen requerido adiciones de semejante magnitud.

La transitoriedad que la Asamblea Constituyente previó para circunstancias de conmoción interior, no guarda equilibrio con la alteración continuada que sufre el país. Se diseñó una Carta para un país distinto del que tenemos, y esta carencia de realismo político debilitó al Estado, que tenía la obligación de restaurar un orden público en pedazos. Ante reflexiones similares a las presentes, el entonces ministro de Gobierno, doctor Humberto de la Calle Lombana, manifestó su disgusto en carta pública.

Sin embargo, el distinguido funcionario, cuya excelente labor en el despacho a su cargo y en la Constituyente es grato reconocer, debe aceptar que, al fenecer los próximos 90 días de prolongación constitucional, el Gobierno se encontrará en el desierto, despojado de los recursos que le han permitido manejar el problema.

Es cierto que, prevalido de las facultades especiales del Estado de Excepción, el Gobierno ha fortalecido su gestión con los decretos a que se ha hecho referencia. Pero no lo es menos que ellos deben surtir ahora el trámite legislativo que podría alterar aspectos fundamentales. Después será del resorte de la Corte Constitucional revisar su exequibilidad. En otras palabras, el proceso jurídico apenas ha surtido su primera instancia que, de tener éxito, podría convertirse en legislación permanente, llenando en parte los vacíos ya comentados.

El Presidente de la República hubo de recordar a los gobernadores que en él reposa constitucionalmente el manejo del orden público. No fue este un hecho ocasional, sino la salida al quite de ciertas tendencias de gobernantes seccionales que, elegidos popularmente, dicen responder a la voluntad de sus gobernados con actuaciones que creen favorables localmente, pero que serían traumáticas en el orden nacional. Por fortuna la Corte se pronunció en forma acorde con el jefe del Ejecutivo, lo que evita la atomización de la responsabilidad.

En esta columna se pronosticó una vida breve a la nueva Carta. En parte por las circunstancias en las que se redactó y su débil vertebración filosófica, en parte por su falta de realismo frente a circunstancias que no desaparecerían como por encanto al entrar en vigencia lo que se promulgó para un país en paz. Ya en el Congreso avanza un proyecto que, por lo que se sabe, no hará sino agravar la situación, porque no se endereza tanto a corregir fallas sino a recuperar prerrogativas parlamentarias en buena hora suprimidas en la Carta.

Parece importar menos a quienes de ello se ocupan, la articulación entre la Ley de Leyes y la realidad nacional. Es aquí donde cabe y urge estudio de fondo. Retornar a vicios superados, que todo el país condena, sería sumir en el descrédito al cuerpo legislativo que el pueblo colombiano quiso regenerar con la Constitución del 91. Y con ello, hacer más difícil la gestión gubernamental en las adversas circunstancias actuales.

En una democracia sólida el Estado es fuerte porque los ciudadanos cumplen sus deberes y sujetan sus conductas a una ética de libertades y derechos. Insurgencias, criminalidad organizada y rampante, guerrillas, son inimaginables. No así en la nuestra, perturbada a lo largo de los últimos 45 años por fenómenos de ruptura, que no pueden contrarrestarse si no se dispone de mecanismos constitucionales adecuados. Es hacia allá a donde debería apuntar básicamente cualquier contrarreforma. Gainesville, febrero de 1993

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