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CON CARTERA ICT PAGARÁ INVERSIONES FORZOSAS

CON CARTERA ICT PAGARÁ INVERSIONES FORZOSAS

El Gobierno entregará parte de la cartera hipotecaria del Instituto de Crédito Territorial (ICT), a través de convenios internos, para pagar las inversiones forzosas que actualmente adeuda al sistema financiero. El ministro de Desarrollo Económico, Ernesto Samper Pizano, hizo el anuncio durante una citación que le formuló la Comisión Tercera de la Cámara para que explicara en qué consistía la política de vivienda de interés social de la actual administración, el esquema de subsidios y cuál era la situación del ICT.

Por: REDACCIÓN EL TIEMPO
14 de septiembre 1990 , 12:00 a. m.

Los representantes hicieron duros cuestionamientos al manejo que le han dado los sucesivos Gobiernos al Instituto.

Y, mientras las dos terceras partes de los congresistas dijeron que, a pesar de las críticas, fue mucho mejor el manejo que le dio Betancur a la política de vivienda con la construcción de 400.000 unidades, que el que le dio Barco, quien a duras penas hizo 20.000; una tercera parte de los parlamentarios señalaron que era el colmo que aún existieran defensores del programa sin cuota inicial que dejó una cartera morosa superior a 160.000 millones de pesos.

Samper, quien asistió en compañía del gerente general del ICT, Gabriel Jaime Giraldo, dijo que a pesar de todos los problemas que ha enfrentado esta entidad, el Gobierno se propone darle una segunda oportunidad, dotándolo de nuevos mecanismos, nueva estructura y recursos frescos.

El ICT no volverá a ejecutar vivienda, sino que se convertirá en un promotor de programas habitacionales. Para tal efecto, asesorará y dotará de recursos a los municipios y a las asociaciones y cooperativas de vivienda, legalmente constituidas. En consecuencia, será drásticamente recortada la planta de personal de Bogotá para ampliarla a nivel regional.

Tampoco financiará más créditos individuales y el manejo de la cartera hipotecaria de la entidad será entregado a entidades financieras.

Y será el motor de la reforma urbana, principalmente en la aplicación de toda la normatividad que cobija la vivienda de interés social.

El Ministro de Desarrollo expuso en detalle la nueva política de vivienda que diseña el equipo económico del Gobierno y que será plasmada en un proyecto de ley que presentará en los próximos días al Congreso de la República.

El ingrediente más importante lo configura un subsidio directo, que totalizará 180.000 millones de pesos durante los cuatro años y que será entregado a las familias que aún no tengan techo propio y que su ingreso familiar no supere los cuatro salarios mínimos mensuales (160.000 pesos).

Se trata de un pagaré por 500.000 pesos, que le permitirá completar la cuota inicial, para adquirir en el mercado de la vivienda la solución que se ajuste a sus y posibilidades.

La deuda hipotecaria será asumida por el Upac-Social, que según Samper, tendrá cuotas que crecerán más lentamente de lo que suben las actuales cuotas de amortización del sistema de Valor Constante.

Las entidades ejecutoras de la política de vivienda serán, en consecuencia, el ICT, el Banco Central Hipotecario (BCH), que también es sometido a reajustes para que enfile sus baterías exclusivamente hacia los planes de vivienda para clase media, los programas de División de Vivienda y la financiación de vivienda usada.

El Fondo Nacional de Ahorro deberá hacer énfasis en las soluciones habitacionales para los empleados públicos de los sectores populares y medios.

La Caja Agraria financiará la vivienda rural y, para tal efecto, el proyecto de ley contempla su vinculación al Sistema Nacional de la Vivienda de Interés Social.

Los Fondos de Vivienda Obrera, las Cajas de Vivienda Popular y las organizaciones autogestoras, completan el abanico de los responsables de construir, remodelar y mejorar más de 500.000 unidades de vivienda en los próximos cuatro años.

Cálculos del Gobierno indican que el desarrollo de esta política de vivienda superará los tres billones de pesos, así: Para 1990, 65.000 unidades, por 400.000 millones de pesos; 1991, 122.000 unidades, por 557.000 millones de pesos; 1992, 126.000 unidades, por 700.000 millones de pesos; 1993, 127.000 unidades, por 875.000 millones de pesos, y para 1994 128.000 unidades, por un billón de pesos.

Las fuentes de recursos serán el Presupuesto Nacional, las corporaciones de ahorro y vivienda, mediante el Upac-Social, el Iva al cemento, la Financiera de Desarrollo Territorial y los aportes que hagan los municipios en especies como terrenos.

A pesar de que los congresistas se mostraron algo escépticos frente a estas cifras, expresaron su voto de confianza al Gobierno de Gaviria en cuanto a la política de vivienda.

En el proyecto de ley es abolida la Póliza de Calidad y Estabilidad de la Vivienda, creada por la Reforma Urbana. Es su defecto, el Gobierno fijará otros mecanismos directos de control.

Y, mientras comienza en firme la ejecución de la política de vivienda de Gaviria, que será en enero del año entrante (una vez aprobada la ley), Samper Pizano anunció que el ICT se dedicará a legalizar más de cuatro millones de metros cuadrados que tiene invadidos.

Comenzará por Cartagena, Riohacha, Santa Marta y Bogotá, donde están los mayores problemas de invasión. Terminará algunos programas que tiene en curso y solucionará algunos entuertos como Bochica IV.

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