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DESDE CUENTA DE DOMÉSTICA GIRARON CHEQUES A VARIOS FUNCIONARIOS DE CALI

DESDE CUENTA DE DOMÉSTICA GIRARON CHEQUES A VARIOS FUNCIONARIOS DE CALI

Desde una cuenta bancaria abierta a nombre de su empleada del servicio, el ingeniero Luis Fernando Jiménez, gerente de la Constructora Brugés, pagó comisiones por $6.740.000 para lograr la adjudicación de contratos a su firma. Esos contratos estaban destinados a la construcción de canales de desvío en el Distrito de Aguablanca, una de las zonas más deprimidas de Cali, por un valor inicial de $807.566.667.

Por: REDACCIÓN EL TIEMPO
13 de septiembre 1990 , 12:00 a. m.

El descubrimiento del manejo de estas maniobras sirvió de fundamento a la Procuraduría General de la Nación para abrir investigación por enriquecimiento ilícito contra cuatro miembros de la junta directiva y 5 funcionarios de las Empresas Públicas Municipales de Cali.

Los investigados son Diego Restrepo Gómez, el ex senador Luis Antonio Escobar Concha, Mauricio Mejía López y Humberto Bejarano Sandoval, miembros de la junta directiva, y los funcionarios Elena Fernández, directora del Departamento Jurídico; José Vicente Montoya Quintero, secretario general; Roberto Londoño Cortés, auditor general; Lucrecia Sánchez Cifuentes, gerente de la Empresa de Acueductos y Alcantarillados, y Eder Alfonso Sánchez, jefe de asistencia técnica de la auditoría general.

Según los investigadores, el hecho de recibir dineros de los contratistas como comisión para conceder el contrato, se enmarca además dentro del delito de cohecho impropio, y por eso se ordenó enviar copiar de esas actuaciones a la justicia penal ordinaria.

La parte disciplinaria está a cargo de la Procuraduría Regional del Valle.

El delito de cohecho impropio está contemplado en el artículo 142 del Código Penal, según el cual el empleado oficial que acepte para si o para un tercero, dinero u otra utilidad o promesa remuneratoria... incurrirá en prisión de dos meses a seis dos años , y multa e interdicción de derechos.

Entre tanto el delito de enriquecimiento ilícito esta regulado por el artículo 148 del mismo Código. Proceso contractual El contrato a partir del cual se inició la investigación, tuvo la siguiente evolución: Se adjudicó por licitación el 20 de noviembre de 1987, y fue suscrito el 3 de marzo de 1988.

Su ejecución se produjo el 10 de mayo de 1988, en tanto que las obras fueron suspendidas parcialmente el 11 de julio de 1988, ante la oposición de habitantes del barrio El Poblado II, que iniciaron invasiones en el área donde se iban a ejecutar las obras.

El 16 de febrero de 1989 fue acordada la suspensión provisional de las obras. Así mismo, en marzo de 1989 fue adiccionado el contrato en la suma de $144.860.461, a noventa días de término. Posteriormente, en octubre del mismo año, el plazo fue ampliado a 45 días, sin modificaciones del valor inicial.

Por acuerdo entre las partes contratantes y ante la suspensión de las obras, las Empresas Municipales de Cali pagaron a la Costructora Brugés una indemnización de $41.639.563, con lo cual el valor del contrato aumentó a la suma de $1.472.056.711. Los trabajos están suspendidas parcialmente.

El 8 de febrero de este año se modificó el contrato, dando a las obras un valor de $840.023.851 y las Empresas Públicas se comprometieron a pagarlas así: el 40 por ciento como anticipo en los primeros cien días, y el resto de acuerdo con el desarrolllo mensual de los trabajos.

De esa manera el contrato asciende a 2.112 millones de pesos, cuando había sido pactado en un poco más de 800 millones. Por lo tanto, los costos se multiplicaron mientras las obras están parcialmente paralizadas.

Como antecedente del contrato se encontró que en 1982 había sido suscrito otro de similar naturaleza con Hugo Calderón para la ejecución de las mismas obras por valor de $19.919.500, pero estas nunca se llevaron a cabo por los problemas sociales de invasión descritos.

Esto hizo que en 1983 las Empresas Municipales de Cali tuvieran que pagar un excedente equivalente a $3.295.000.

La cuenta de la empleada del servicio es la 2882518-2, cifrada en el Banco de Occidente sucursal Avenida Chile, en Bogotá.

De esa cuenta le fue girado dinero a las siguientes personas: dos cheques por valor de $1.950.000 y $500.000 a Jaime Plaza Botero, esposo de la directora del Departamento Jurídico de las Empresas Públicas de Cali; un cheque por $1.500.000 a Humberto Bejarano Sandoval, miembro de la junta directiva; otro por $1.950 a José Vicente Montoya, secretario de las empresas, consignado en su cuenta del Banco Ganadero, y un último por $2.790.000 a favor de Flower Agudelo.

La cuantía total de los dineros girados fue de 6.740.000.

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