Secciones
Síguenos en:
FALSEDAD EN TRÁMITES PARA JUBILACIÓN

FALSEDAD EN TRÁMITES PARA JUBILACIÓN

El gerente de la Caja de Previsión de Social de Cundinamarca (Caprecundi), William Parra Durán, cinco de sus asesores jurídicos y un funcionario de la Contraloría serán sometidos a una investigación disciplinaria que buscará establecer por qué aprobaron una jugosa pensión de jubilación a un abogado que aportó información falsa o inconsistente para llenar el requisito sobre tiempo de servicio al Estado. La acción de la Procuraduría compromete, de manera singular, a Martha Peñarete, funcionaria de la Oficina Jurídica de la Caja, que recibió de Milciades Novoa Rodríguez, el beneficiario de la prestación, dos millones de pesos como aparente pago por agilizar y darle fachada de legalidad a los trámites.

Por: REDACCIÓN EL TIEMPO
13 de septiembre 1990 , 12:00 a. m.

Agentes de la Oficina de Investigaciones Especiales del Ministerio Público encontraron que, pese a la advertencia de su auditor, la Caja acogió documentos carentes de validez con los que Novoa quiso demostrar, faltando a la verdad, que entre 1950 y 1960 se desempeñó como magistrado auxiliar del Consejo de Estado, cargo que para entonces no había sido creado.

Hallaron también inexacta su información sobre el tiempo laborado en la Asamblea de Cundinamarca y como profesor en instituciones departamentales.

En total los investigadores solo hallaron justificados 2.309 días de servicio, lapso muy inferior al previsto por la Ley 6a. de 1945, que es de 7.200.

Al comprobar que el jubilado se benefició como la conducta omisiva de quienes intervinieron en los trámites, la Procuraduría determinó investigar disciplinariamente, además del gerente y la abogada que habría recibido el soborno, a los funcionarios de la Caja Luis Edgar Rozo Rodríguez, Gloria Amparo Cuéllar Moreno, Amparo Bocanegra Jaramillo y al auditor de la Contraloría ante la Caja, Miguel Antonio Devia Jiménez. Pago de favores Poco después de ser aprobada su pensión, el supuesto exmagistrado auxiliar giró cinco cheques por sumas superiores a dos de ellos.

Los investigadores obtuvieron copias de dos de ellos, girados a Martha Peñarete. El primero por ocho millones de pesos, contra el cual presentó luego orden de no pago, y posteriormente otro por dos millones que sí se hizo efectivo en la cuenta de la abogada.

El gerente de la entidad, William Parra Durán ha dicho que él solo se limitó a firmar la resolución y que por exceso de trabajo no se dio a la tarea de verificar si toda la documentación se encontraba en orden.

Las responsabilidades más directas se atribuyen a Peñarete y a sus compañeras de la oficina jurídica, Amparo Bocanegra y Gloria Amparo Cuéllar, quienes según el informe del organismo fiscalizador continuaron la tramitación de la pensión, haciendo caso omiso al oficio del Auditor Especial que advertía sobre inconsistencias en relación con el tiempo laborado por el beneficiario.

Al revisor Devia Jiménez se le atribuye haber dado el visto bueno a la resolución ignorando las fallas de que adolecía el expediente.

La Procuraduría consideró que los implicados faltaron a los deberes de los empleados públicos consagrados en el artículo 6o. del Decreto 2400 de 1968, mofificado y adicionado por el 3047 de 1968 y 1950 de 1953.

También cuestionó a fondo el pago de prebendas y recordaron que, según las mismas disposiciones, en defensa de la economía del Estado está prohibido a los empleados solicitar o recibir, directamente o por interpuesta persona, gratificaciones, dádivas o recompensas como retribución por actos inherentes a su cargo.

Simultáneamente presentó denuncia penal por falso testimonio contra los declarantes Eduardo Espinosa Camacho, Alberto Echeverría Novoa y Rómulo Anzola Linares, que manifestaron, bajo juramento, que Novoa había trabajado como magistrado auxiliar del Consejo de Estado.

Las diligencias de carácter disciplinario fueron remitidas a la Procuraduría Regional de Cundinamarca.

La Procuraduría Delegada para el Ministerio Público designará un agente especial ante el juzgado que le corresponda conocer de la acción penal.

En tercer término se dispuso que la Oficina de Investigaciones continúe con la indagación preliminar en lo que se refiere al presunto enriquecimiento ilícito por parte de funcionarios de la Caja de Previsión Social de Cundinamarca.

Llegaste al límite de contenidos del mes

Disfruta al máximo el contenido de EL TIEMPO DIGITAL de forma ilimitada. ¡Suscríbete ya!

Si ya eres suscriptor del impreso

actívate

* COP $900 / mes durante los dos primeros meses

Sabemos que te gusta estar siempre informado.

Crea una cuenta y podrás disfrutar de:

  • Acceso a boletines con las mejores noticias de actualidad.
  • Comentar las noticias que te interesan.
  • Guardar tus artículos favoritos.

Crea una cuenta y podrás disfrutar nuestro contenido desde cualquier dispositivo.