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EL TALENTO NO SE PUEDE ENCAJONAR DENTRO DEL CRITERIO DE PROFESIÓN

EL TALENTO NO SE PUEDE ENCAJONAR DENTRO DEL CRITERIO DE PROFESIÓN

La reciente ley que reconoce como actividad profesional, regularizada y amparada por el Estado, el ejercicio de la actuación y dirección escénica a través de la radio y la televisión, vulnera en su integridad la Constitución Nacional. Esta actividad es un oficio y no una profesión suceptible de reglamentación. Ese es el criterio jurídico del procurador general Alfonso Gómez Méndez, quien solicita a la Corte Suprema de Justicia sentencia de inexequibilidad para los 16 artículos que estructuran el controvertido estatuto que apenas si tiene 7 meses de vigencia y solo ha sido aplicado parcialmente.

Por: REDACCIÓN EL TIEMPO
12 de septiembre 1990 , 12:00 a. m.

Si el alto tribunal acoge los planteamientos del Ministerio Público, se registraría un hecho que tiene pocos antecedentes: el derrumbe de la totalidad de un ordenamiento legislativo. El jefe del Ministerio Público dio su concepto, luego de que el ciudadano Juan Manuel Arboleda Perdomo, planteara un pleito de inconstitucionalidad del decreto.

La Pocuraduría, en su concepto, recuerda antecedentes doctrinarios en otros pronunciamientos de la Corte: Toda persona es libre de escoger profesión u oficio. La ley puede exigir títulos de idoneidad y reglamentar el ejercicio de las profesiones .

Para la corporación, la diferencia entre profesión y oficio se halla en el hecho de exigir a la profesión toda una reglamentación legal previa, además del requisito de un título académico que lo acredite como tal.

Al contrario, los oficios no requieren de acreditación de títulos de idoneidad, ni licenciatura académica, porque se trata de actitudes adquiridas por la experiencia que ofrece la vida.

Al elevar la ley, dice el concepto, a categoría de profesión la actividad de los actores y directores escénicos de radio y televisión, violó cinco artículos de la Constitución.

El Procurador recuerda que el artista es la persona dotada de la virtud o disposición necesaria para alguna de las bellas artes, y que el actor, en estricto sentido del lenguje, es quien representa en teatro como persona dotada de tales disposiciones.

El reglamento al respecto está por ser expedido. Además crea la Junta de Calificación Artística y dispone que el 20 por ciento de la programación dramatizada extranjera debe ser doblada a nuetro idioma en el país.

Igualmente la ley dejaba las sanciones disciplinarias en manos del Gobierno nacional, que vigilaba el cumplimiento de las disposiciones regalmentarias en manos del Instituto de Radio y Televisión.

Al efecto el procurador dice que también esta norma es inconstitucional, pues no puede entregarse el ámbito de las sanciones que correspondía al Congreso, al poder ejecutivo.

El negocio regresa del Ministerio Público a la Corte para que la Sala Constitucional elebore el proyecto de sentencia. Sin embargo el concepto del Procurador no es obligatorio. En menos de dos meses la Sala Plena dictará sentencia definitiva.

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