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PRESIONES EN EL 8.000 DENUNCIA SALAMANCA

PRESIONES EN EL 8.000 DENUNCIA SALAMANCA

El fiscal general de la Nación (e), Adolfo Salamanca, denunció ayer que durante las investigaciones desarrolladas en el Proceso 8.000 la institución a su cargo fue objeto de interferencias y presiones por algunos funcionarios del poder Ejecutivo y de la Procuraduría.

Por: REDACCIÓN EL TIEMPO
08 de enero 1997 , 12:00 a. m.

Salamanca manifestó que las obstrucciones al trabajo cumplido por la Fiscalía se tradujeron en las diferentes denuncias que contra la cúpula de ese organismo de control fueron presentadas por funcionarios del Ministerio Público.

Precisamente, el ex procurador Orlando Vásquez rindió ayer una ampliación de indagatoria ante los jueces de la Fiscalía Regional, por la posible comisión del delito de enriquecimiento ilícito. El ex jefe del Ministerio Público perdió su fuero constitucional al ser destituido de su cargo por el Senado, tras una orden impartida por la Corte Suprema de Justicia.

Así mismo, Salamanca calificó de grave la alianza entre narcotraficantes y buena parte de la dirigencia política del país.

Por ello, no menos de 68 personas han sido procesadas dentro de la investigación más grande contra la corrupción que se ha llevado a cabo en toda la historia del país.

Según la Fiscalía, sobre el 80 por ciento de los investigados existe ya una decisión de fondo en materia judicial. El 17 por ciento de las personas ha sido condenada, el 9 por ciento se acogió a la figura de la sentencia anticipada, el 32 por ciento está formalmente acusada y el 20 por ciento tiene en su contra medida de aseguramiento.

Esas cifras hacen parte de un balance revelado por la Fiscalía sobre la acción de la justicia frente a procesos relacionados con los carteles del narcotráfico y la corrupción política.

Salamanca se mostró también complacido porque varios de los temas planteados públicamente por la Fiscalía tuvieron un gran debate, entre ellos la extradición y la extinción del derecho de dominio.

Sobre este último aspecto, el funcionario entregó un informe sobre las medidas judiciales adoptadas por la Fiscalía. Dichas acciones fueron desarrolladas antes de entrar en vigencia la Ley 333 del 96, que reglamentó todo lo relativo a la extinción del dominio sobre los bienes.

El organismo acusador ocupó 579 inmuebles, 109 sociedades y 31 establecimientos de comercio. Embargó 112 inmuebles, 7 sociedades, 24 cuentas corrientes, 20 vehículos y 28 armas de fuego.

Igualmente incautó 84 cuentas corrientes y 47 vehículos.

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