Víctimas buscan a los suyos en las páginas de los diarios

Víctimas buscan a los suyos en las páginas de los diarios

Los dedos de Ángela Cano pasaban por las hojas amarillentas de un viejo periódico local hasta que en una página halló la noticia de la muerte de su hermano Wilmar René. Él era taxista. Fue asesinado dentro de su vehículo: "Sabía que lo habían abaleado en un barrio de Bello", comentó la mujer. Sus ojos se iban desorbitaando. Pero cuando leyó que el cuerpo de su hermano presentaba signos de tortura, se sorprendió. "Eso no lo sabía", dijo. Aquella nota corta de un periódico local, publicada el 6 de marzo de 1990 confirmó lo que pensaba. Ella es parte de las 35 personas que llegan diariamente remitidos por Acción Social al cuarto piso de la biblioteca de la Universidad de Antioquia, buscando en los periódicos locales algún registro noticioso de un acontecimiento relacionado con un familiar que fue víctima de algún delito: desaparición forzada, asesinato o desplazamiento.

01 de abril 2012 , 12:00 a.m.

Para obtener la reparación económica del Estado, personas como Ángela deben cumplir con un requisito que exige la Unidad de Atención y Reparación Integral a Víctimas: tener un artículo o registro de prensa que mencione los hechos violentos en los que perdieron a sus seres queridos. "Se les da ciertas recomendaciones de búsqueda cuando quieren hacer un rastreo minucioso. Al encontrar la noticia se les toma fotográfías, las cuales grabamos en un disco compacto para que ellos las puedan imprimir", explicó José Luis Arboleda, coordinador de colecciones patrimoniales de la Universidad de Antioquia (U de A). Al aquel solo y silencioso cuarto piso de la Biblioteca de la U. de A. llegó también María Ruth Osorio, quien buscó hoja por hoja, renglón por renglón y palabra tras palabra el nombre de su hijo: Jorge Bedoya Osorio. Lo halló en la página 3 del 12 de agosto de 2002.

La noticia narraba la muerte de 20 paramilitares. Allí estaba Jorge.

Al joven, el mayor de los tres hijos de María, lo reclutaron según en Rionegro forzosamente. Tenía 17 años. "No lo volví a ver desde que se lo llevaron. Solo 4 meses después recibí una llamada en la que me dijo que lo tenían los grupos armados, que lo estaban obligando a hacer cosas muy duras", cuenta con una voz baja y solloza.

María Ruth, a pesar de que busca una reparación, dijo que ningún dinero podrá compensar la muerte de su hijo.

Algunas personas han regresado a la universidad para para agradecerle a Arboleda por el servicio prestado: porque o ya recibieron el beneficio económico o gracias a que en las tintas de un periódico encontraron una noticia que contó cómo la vida de sus familiares se apagó. Mientras tanto, la búsqueda en medio de los anaqueles cargados de periódicos continúa diariamente. Allí, también estuvo presente la esperanza de Astrid Cárdenas, quien llegó a la U. de A. a buscar una noticia publicada sobre la muerte de su hermano Juan Carlos.

"A él lo mató un miliciano en el barrio Zamora, un 22 de julio de 1993, cuando estaba sentado en una acera con varios amigos", narró con la voz entrecortada la mujer de alrededor de 40 años.

Ahora lo que sigue es esperar. Como lo harán muchos familiares que continúan llegando diariamente a la biblioteca universitaria, buscando el registro que les ayude aliviar, en parte, la ausencia de sus seres queridos, buscando el alivio: una especie de duelo para recordar a sus muertos.

Así ha sido la reparación en el departamento.

Según datos entregados por la Unidad para la Atención y la Reparación Integral a las Víctimas, sobre las cifras de la población víctima del conflicto armado en el departamento de Antioquia, se tienen registros oficiales de un total de 295.513 hogares (943.127 personas).

En estos registros están la población en situación de desplazamiento y de otros hechos relacionados con el conflicto armado interno como víctimas de homicidio, desaparición forzada, lesiones que causen incapacidad permanente, secuestro, amenaza heridas leves y afectación de bienes.

Toda su atención está contemplada en la Ley 418 de 1997 y en el Decreto 1290 de 2005. Bajo estas normas el Gobierno Nacional ha atendido en un consolidado histórico hasta el 1 de marzo del 2012 unos 154.266 hogares que han recibido pagos por un total de 314.751 millones 504.116 en atención humanitaria. Entretanto, 10.754 hogares recibieron pago por reparación bajo la Ley 418 de 1.997. Y otros 19.645, a los que se les hicieron pagos realizados bajo el decreto 1290 de 2008, obtuvieron por 374.869 millones 580.345 pesos cada uno. Para acceder a estos beneficios de reparación es necesario estar inscrito en el Registro Único de Víctimas. Las personas que se consideren víctimas del conflicto armado pueden acercarse a las personerías para declarar sobre los hechos que generaron la grave violación a sus derechos. Allí deben diligenciar un formulario con el cual se busca obtener información sobre los hecho victimizantes y su situación. Este paso es considerado muy importante, porque es la puerta de entrada a las medidas de asistencia y reparación y del reconocimiento de las víctimas. La Unidad para la Atención y Reparación Integral tiene un plazo de 60 días para responder a la solicitud sobre la inclusión de esa persona en el Registro Único

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