U WA NO DESAPARECERÁN POR CULPA DE OXY

U WA NO DESAPARECERÁN POR CULPA DE OXY

A lo largo de 75 kilómetros en jurisdicción del municipio de Cubará, en la zona limítrofe de los departamentos de Boyacá, Norte de Santander y Arauca, habitan 4.000 indígenas de la comunidad U wa que por estos días, según algunos de sus voceros, han amenazado con suicidarse colectivamente para impedir la exploración del petróleo.

02 de febrero 1997 , 12:00 a.m.

La amenaza no es nueva. Ha vuelto a salir a la luz pública en vísperas de que se produzcan los fallos de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado, que se esperan para mañana, y mediante los cuales se pretende establecer, en últimas, si el Ministerio del Medio Ambiente y la petrolera Occidental de Colombia han violado los derechos de los nativos dentro de un proceso de exploración petrolera que comenzó hace dos años y que, hasta el momento, no ha tocado el resguardo sagrado de los U wa.

La historia reciente comenzó en febrero de 1995 cuando la OXY obtuvo la licencia ambiental por parte del Ministerio del ramo para realizar actividades sísmicas en una extensa región de 275 kilómetros que le había sido otorgada por Ecopetrol a través de un contrato de asociación denominado Samoré.

Desde ese momento, y aduciendo la violación del derecho a la vida de los indígenas y el incumplimiento de una serie de requisitos previos para obtener la licencia ambiental, varias instancias del mismo Gobierno, un senador, cinco frentes de la guerrilla y algunas organizaciones no gubernamentales extranjeras se han opuesto, por diferentes medios, a la ejecución de programas técnicos de búsqueda e identificación de hidrocarburos.

Todos han utilizado el mismo argumento: se va a destruir una milenaria comunidad étnica que habita un resguardo indígena. Una comunidad que, según diversos estudios antropológicos, cuenta con los mismos 4.000 miembros desde hace más de 70 años y que hoy en día es acosada por la escasez de alimentos y el aislamiento de lo que ellos llaman la sociedad de los blancos .

El caso estaba siendo llevado por los conductos legales al punto que durante 1993 y 1994 la OXY realizó más de 30 reuniones de información y consulta con el pueblo U wa. Posteriormente, entre el 10 y el 11 de enero de 1995 se celebró en Arauca la reunión de consulta con la comunidad, coordinada por el Ministerio del Interior, y que a la postre se convirtió en el último paso para obtener la licencia ambiental.

A pesar de que durante 1995 la petrolera estadounidense adelantó un sinnúmero de reuniones con la comunidad indígena para dar cumplimiento a los compromisos adquiridos en la reunión de consulta previa y acordó programas de cooperación en beneficio de la supervivencia de la étnica, la Defensoría del Pueblo interpuso el 22 de agosto una acción de nulidad buscando tumbar la licencia ambiental.

Ese mismo día, la Defensoría puso una tutela por considerar que la exploración sísmica en Samoré estaba amenazando el derecho a la vida de los indígenas.

La acción de tutela prosperó parcialmente en el tribunal Superior de Bogotá pero esta decisión fue revocada un mes después por la Sala de Casasión Penal de la Corte Suprema de Justicia que consideró que la consulta a los U wa fue realizada siguiendo los parámetros legales y constitucionales y que los derechos de la comunidad no habían sido vulnerados.

Las dos acciones judiciales siguieron su trámite y están en el Consejo de Estado y la Corte Constitucional cuyas salas plenas se encuentran próximas a fallar.

Para algunos observadores del caso, que pidieron la reserva de sus nombres, el Gobierno ha jugado un papel ambiguo en todo este proceso en el que se mezclan elementos tan sensibles como la supervivencia de una cultura indígena, la explotación de un recurso natural no renovable y la presencia de unas fuerzas que actúan al margen de la ley.

Un puente en el aire Así, mientras la Defensoría del Pueblo y en algunos casos la Dirección de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior han mostrado interés de velar por la protección de los indígenas, ante los supuestos daños que causarían las exploraciones y explotaciones petroleras, el pueblo U wa siente los rigores del aislamiento del Estado.

Los analistas se preguntan por qué el Gobierno no ha escuchado los reclamos de esa misma comunidad que desde hace tres meses quedó prácticamente incomunicada por vía terrestre con el resto del país cuando el puente hamaca del Chuscal, sobre el río Cobaría, se cayó por el deterioro de unos de sus estribos.

A pesar de que el colapso del paso vial ocurrió el 10 de noviembre del año anterior, hasta el momento la estructura no ha sido reparada.

Y es que dejar aislada del mundo una reserva indígena no es condenarla a la extinción mientras se disfraza su exterminio con los supuestos efectos negativos que tendría una exploración que hasta ahora no ha tocado ni un milímetro de su zona sagrada? , se preguntó un antropólogo consultado por este diario que pidió no ser identificado.

Indígenas explorando? No se trata, sin embargo, de la única contradicción que presenta este tema.

El director de relaciones con la comunidad de la Occidental de Colombia, Luis Fernando de Angulo, recuerda que varios de los voceros de esos mismos indígenas que hoy dicen oponerse a la exploración petrolera, hicieron esfuerzos por vincularse laboralmente a Inversísmica, la compañía que durante 1195 y parte de 1996 adelantó los trabajos de sísmica en el bloque Samoré en busca de identificar un potencial yacimiento de crudo.

Así lo demuestran los certificados expedidos por la Unidad para la Atención de Asuntos Indígenas (regional Boyacá) a solicitud de los interesados José Evelio Aguablanca, Miguel Angel Cobaría, Carlos Tegria Uncaría, Jhon Jairo Cristancho y José Contreras Aguablanca, entre otros. La mayoría de estos indígenas tenían importantes cargos dentro de la organización U wa y, a la postre, terminaron trabajando en la compañía de sísmica (ver facsímil).

Precisamente, los días en que muchos de estos indígenas ingresaban a Inversísmica, el 4 de septiembre de 1995, la Defensoría del Pueblo instauraba la tutela.

La tutela fue interpuesta en nombre de la comunidad U wa y fue aparentemente respaldada con decenas de nombres de indígenas U wa.

No obstante, no todos los que fueron nombrados como avalando la acción de tutela fueron consultados por la Defensoría.

De hecho, según conoció EL TIEMPO en el expediente judicial que cursa en los tribunales, varios indígenas tuvieron que enviar oficios a los magistrados en los que niegan haber otorgado representación a alguien o a alguna entidad para algún acto o acción o en contra de la integridad de la comunidad .

Le manifiesto que yo no dí mi autorización para que mi nombre fuera incluido en la tutela y desconozco quienes de mi comunidad están promoviendo esta tutela , dicen los indígenas y representantes de los cabildos Esperanza Aguablanca y Roberto Afanador Cobaría, en sendas cartas dirigidas a la magistrada Aida Rangel Quintero, de la sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá.

A juicio de voceros de la Occidental de Colombia, no se trata de la única presión que han recibido los indígenas para actuar en contra de su voluntad.

Según relatan, hasta por la red mundial de telecomunicaciones Internet han aparecido mensajes de respaldo a la comunidad U wa por parte de organizaciones extranjeras.

La multinacional, dice De Angulo, lo que busca es promover un diálogo o negociación en el que el se concilien los verdaderos intereses de los indígenas y la decisión del Gobierno de desarrollar unos recursos naturales.

Si el Ejecutivo está promoviendo la participación de la comunidad en actividades estratégicas del Estado, debería convocar a negociar a las partes para que se hablen de cosas concretas de manera que el argumento cultural prime sobre el político y no al contrario , dijo.

En reciente carta al ministro del Interior, Horacio Serpa, la compañía se muestra preocupada porque hasta ahora la discusión de esas soluciones puntuales se ha ido desvaneciendo en una agenda más amplia que va más allá de sus posibilidades institucionales.

La OXY dice que el debate ha desconocido dos hechos fundamentales: Que las actividades sísmicas no han tocado el resguardo indígena y que el acuerdo suscrito con los indígenas hace dos años establece que la petrolera introducirá modificaciones al plan de trabajo para tener en cuenta las particularidades de la cultura U wa de manera que pueda haber una solución eficaz.

Solo la comunidad nos puede indicar cuál es ese ambiente y ese sitio que hay que proteger. El punto de partida es que estamos dispuestos a modificar aquellos aspectos que ellos indiquen, y buscar las alternativas tecnológicas dentro de un escenario creado para una negociación .

A su juicio, esa demostración de buena voluntad de la petrolera se rompió con la judicialización del caso porque ha permitido la intervención de otros actores.

Eso que estábamos buscando después de 33 reuniones se nos bloqueó cuando interpusieron la tutela porque en ese momento aparecieron un conjunto de actores legítimos e ilegítimos en la controversia, pero nunca guiados por la Dirección de Asuntos Indígenas para analizar puntos de encuentro y desencuentro , expresaron los voceros de la OXY.

Y a partir de allí, cuando también apareció en escena el senador guambiano Lorenzo Muelas (de una etnia muy diferente a la de los U wa), que comenzaron a escucharse las amenazas de suicidio colectivo y los conceptos de que el petróleo es la sangre de la tierra .

Para los voceros de la OXY la situación es clara: nos han macartizado un poco porque sabemos que el pueblo está en peligro de extinción porque los han abandonado, porque han perdido tierras y tienen problemas de desnutrición serio. Además, muchos de ellos dependen del intercambio de comercio con esta sociedad y padecen del poder de intimidación de la guerrilla. Si los U wa están en proceso de desaparición no es por culpa de la OXY La guerrilla ronda Los voceros de la OXY dicen que en la Fiscalía reposan los testimonios de indígenas que han sido amenazados por la guerrilla.

En la zona actúan los frentes 45, 38 y 10 de las Farc, así como el Efraín Pabón y el Domingo Laín, del Eln que operan en las zonas limítrofes de Boyacá, Norte de Santander y Arauca.

La presencia de la guerrilla no es nueva y de hecho en la zona de Samoré se han perpetrado varios de los centenares de atentados al oleoducto Caño Limón-Coveñas en los últimos diez años.

En agosto de 1995, luego de estar dos meses en la región, la primera compañía contratada por la Occidental para hacer la sísmica del bloque petrolero (Grant Geophysical Inc) se vio forzada a suspender los trabajos, desistió del contrato y abandonó la zona al no soportar la presión de los subversivos que ya le habían robado equipos y materiales y habían intimidado algunos de sus operarios.

La OXY buscó compañías para realizar las labores de sísmica y el llamado solo fue atendido por Inversísmica.

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