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UN MONSTRUO DE MIL CABEZAS

UN MONSTRUO DE MIL CABEZAS

Cinco años despúes que los 250.000 barranquilleros le pidieran al entonces Presidente de la República, Belisario Betancur, la despolitización y racionalización en el manejo de las Empresas Públicas Municipales de Barranquilla (EPM), la situación de la entidad no ha cambiado. Por el contrario, tiende a agudizarse. Los barranquilleros piden en todos los tonos que se acabe con la excesiva injerencia de los políticos en las EPM, con las irrazonables prebendas sindicales y que se adopten métodos de control dignos de crédito. El alcalde, Miguel Bolívar Acuña, ha tenido que soportar más de diez serenatas con ollas vacías y pitos de automóvil, por parte de los usuarios.

Por: REDACCIÓN EL TIEMPO
10 de septiembre 1990 , 12:00 a. m.

Ante esta situación, el ministro de Salud, Antonio Navarro Wolf anuncia la intervención del Gobierno en las EPM.

En junio de 1985, 250.000 barranquilleros enviaron una carta al entonces Presidente de la República, Belisario Betancur, en la que le pedían la despolitización y racionalización en el manejo de las Empresas Públicas Municipales (EPM).

Se vivía entonces una crisis tan aguda en el servicio de agua que la gente, exasperada, terminó por ir hasta las residencias de las autoridades para exigirles soluciones.

Hoy la situación es semejante y el problema es el mismo: deficiencia en los servicios, especialmente el de agua. Y la protesta es general, al punto que el nuevo alcalde, Miguel Bolívar Acuña, ya ha recibido con estoicismo más de diez serenatas con ollas vacías y pitos de automóvil.

Como hace cinco años, la gente pide en todos los tonos que se acabe con la excesiva injerencia de los políticos en las Empresas Públicas, con las irrazonables prebendas sindicales y con los sobrecostos en las compras y que se adopten métodos de control dignos de crédito.

El diagnóstico de las Empresas Públicas es cada vez más inquietante. Barranquilla es considerada una de las ciudades capitales con más problemas de servicios y de más alta peligrosidad para la salud pública, debido a las deficiencias en el suministro y calidad del agua, el alcantarillado y el aseo.

La situación es de tal gravedad que hasta el Banco Mundial está a punto de ver fracasar un segundo esfuerzo por lograr la recuperación de esa entidad, como se lo propuso en 1986 cuando inició, junto con el Fondo Financiero de Desarrollo Urbano (FFDU), un programa de asistencia institucional y financiera, a seis años, por un monto de 38 millones de dólares, de los que ha entregado el noventa por ciento. Los resultados no se ven.

Es más, la actual administración acabó Oficina de Asistencia Técnica del Programa de Inversiones con el Banco Mundial, lo cual constituye otro incumplimiento de sus compromisos con la entidad multilateral. Sinembargo, el gerente de la entidad, Alvaro Dugand Donado sostiene que esa oficina era innecesaria y que él cumplirá las obligaciones crediticias con el Banco Mundial, asumiendo, sin costosos intermediarios, las funciones de la Oficina de Asistencia Técnica, que estaba constituida por 14 profesionales.

La deuda de las EPM incluida la externa, tasada en dólares y francos franceses crece desmesuradamente: en 1986 era de 2.000 millones de pesos y hoy llega a los 30.000 millones, a pesar de que la Nación, el Departamento y el Municipio le han transferido recursos por cerca de 14.000 millones de pesos.

La situación financiera es tan crítica que los sobregiros con los que la entidad atiende las nóminas y otros gastos urgentes han sido suspendidos, porque existe incertidumbre entre los banqueros por la suerte futura de las EE.PP..

Su imagen también se empobrece. Las Empresas producen toda el agua que los usuarios necesitan (alrededor de siete metros cúbicos por segundo), pero esta no le llega a una tercera parte de la ciudad, porque el 52 por ciento se pierde a causa de una red desueta que origina las famosas fugas que convierten las calles en ríos; de equipos inapropiados y de la ineficiencia de los operarios.

Del 48 por ciento que factura, apenas recauda algo más de la mitad. El resto pasa a engrosar la cuenta de deudores morosos.

En materia burocrática, Dugand, dice que sobran 1.400 de los 1.960 trabajadores que tiene, pero que la nómina difícilmente puede reducirse porque la inamovilidad está pactada convencionalmente a partir de los dos meses de servicio.

Para Dugand, las Empresas Públicas son un caos . A quién culpar? Desde tiempo atrás dice el consultor de la entidad, Michael Bolaños, ex funcionario del Banco Mundial es conocido el desastre administrativo y financiero de las Empresas Públicas y de ello no puede excusarse a ninguna de las administraciones ni organizaciones políticas que han intervenido en su manejo.

Tampoco las organizaciones comerciales e industriales, que se han prestado para sobrefacturar y otorgar beneficios ilegales a sus funcionarios. Ni la comunidad, que utiliza el soborno para evadir el pago de servicios e impuestos .

Las metas del plan de inversiones con el Banco Mundial y el FFDU iniciado en 1986 no se cumplieron. A estas alturas, cuando el convenio está en su etapa final, muy poco ha mejorado el servicio, no se ha ampliado a los barrios más pobres, tampoco la empresa ha generado sus propios recursos para cubrir la totalidad de los gastos y, menos, existen ahorros para nuevas inversiones.

Es la segunda vez que en Barranquilla fracasa un programa con asistencia del Banco Mundial. La primera ocurrió entre 1973 y 1979, que dejó como saldo cerca de treinta kilómetros de tuberías enterradas e inutilizadas y el tanque elevado del barrio Carrizal, al que tampoco le llega agua.

El Banco responsabilizó de eso al extinto Instituto de Fomento Municipal (Insfopal). Entonces, qué? Para remediar tan agobiante situación no hay sino dos soluciones: primero, liquidar las Empresas Públicas Municipales, y, segundo, refinanciarlas y reestructurarlas.

El asunto divide a la ciudad. El gerente, el alcalde y los políticos se empeñan en recuperar las Empresas. Los gremios y la ciudadanía claman porque se acabe porque se convirtieron en un barril sin fondo .

Para que las EPM logren subsistir reza el informe rendido por el consultor Bolaños en mayo pasado es necesario que en los próximos seis meses se logre limpiar desde adentro la organización; refutar (desmontar) el actual convenio laboral; implantar los programas resultantes de esta consultoría y encontrar el soporte financiero de la comunidad para que la asista con recursos frescos de aproximadamente 15.000 millones de pesos en los próximos diez meses .

Eso, aquí, muy pocos están dispuestos a hacerlo. La tarea del rescate la asumió su actual gerente con el apoyo del alcalde, Miguel Bolívar, y del Concejo, cuya presidencia la ejerce David Name Terán, jefe político de los dos.

El Plan de Acción para la Reestructuración Financiera, como Dugand llamó el programa, procurará obtener, en los próximos cuatro años, recursos por 144 mil millones de pesos por concepto de servicios e impuesto predial (cedidos por el municipio a las EPM desde 1972), lo que resolvería el problema.

Sin embargo los gremios rechazan la propuesta con argumentos como estos: primero, que el Plan de Acción no agarra al toro por los cachos , pues únicamente contempla paños de agua tibia para la crisis financiera, pero ningún remedio para el cáncer que la corroe internamente (burocracia aguda mezclada con sindicalismo voraz, politización de los cargos y del manejo y corrupción administrativa.

Y segundo, que la proyección hecha de aquí a 1994 significa un aumento del 810 por ciento en los ingresos por servicios, lo que se considera desproporcionado y lesivo para el consumidor.

Para muchos, el proyecto es irrealizable si se tiene en cuenta que los ingresos de las EPM fueron de 8.082 millones pesos en 1989. El estudio hecho para este año por Dugand habla de ingresos por servicios de 19 mil millones de pesos, que para 1994 serían de 65.652 millones. Proyección de crecimiento imposible, según el presidente del Comité Intergremial del Atlántico, Efraín Cepeda Saravia.

Además, no tiene en cuenta otros factores. Barranquilla pasa por una difícil situación económica y social. Crecen el desempleo y los precios; se estancan las ventas (apenas subieron el 1.2 por ciento en el primer semestre y la gente compra lo esencial, es decir alimentos y drogas); hay parálisis en la construcción; la industria no prospera. Eso, aparte de que las demás empresas de servicios pugnan también por obtener más recursos para sus programas.

Adicionalmente, vienen otras cargas: valorización municipal, por cerca de 18.000 millones de pesos; valorización departamental, por 12.000 mil millones; Dique Direccional, 10.000 millones; Plan de Renovación del Distrito Central, 78.000 millones.

Sinembargo, el Banco Mundial todavía tiene velas en el asunto, puesto que no ha entregado todos los recursos acordados. Además, la entidad acaba de exigirle a Planeación Nacional que intervenga en el caso de Barranquilla, como garante que es la Nación del préstamo.

Por su parte, Planeación les exigió a las EPM una explicación sobre la modificación de los planes de desarrollo acordados con el Banco. Además, la entidad señala que el plan financiero propuesto por los dirigentes barranquilleros Bolívar, Dugand y el Concejo tendría una grave incidencia sobre la muy crítica prestación de servicios en Barranquilla .

Pero, a pesar de las advertencias del Banco Mundial y de Planeación, los acuerdos municipales y las resoluciones de la Junta Directiva ya fueron aprobados para que Dugand desarrolle su estrategia.

Ante este panorama, que ha polarizado a la ciudadanía, el Gobierno Nacional ya fijó su posición, a través del ministro de Salud, Antonio Navarro Wolf, quien anunció que el Consejo de Ministros intervendrá en los próximos días en las EPM, decisión que ha encontrado un amplio respaldo en Barranquilla. La intervención gubernamental se inicia mañana con una entrevista del ministro Navarro con Dugand, en la que el gerente expondrá sus planes para sacar las Empresas de su aguda crisis. Una alternativa La estrategia financiera del gerente Alvaro Dugand comprende los siguientes aspectos: Entregar a La Previsora, mediante una fiducia, el manejo de los recursos, unos 45.000 millones de pesos en dos años, para darle confianza a la ciudadanía; vender los activos de las EPM no vinculados a los servicios de agua, aseo y alcantarillado (inmuebles que tienen un valor de 7.000 millones de pesos); crear un fondo especial para el acueducto y el alcantarillado; crear unos Bonos de Servicios, redimibles a los cinco años, para ponerlos entre la ciudadanía; transferir el manejo de servicios como el zoológico y mercados a otras entidades, y establecer medidas de saneamiento administrativo como reducción de personal en forma gradual y controles en las compras.

Simultáneamente, Dugand emprendió el cobro a los morosos por servicios e impuestos, cuyas cuentas ascienden a 13.000 millones de pesos.

El alcalde Miguel Bolívar busca apoyo político para obtener de la Nación aportes en razón de que la fuente, el río Magdalena, se encuentra altamente contaminada por desechos de todo el país, lo cual encarece el tratamiento del agua. Un chorro de irregularidades Las irregularidades en las EPM son cuento viejo. Van desde el abandono de costosos bienes (algunos comprados recientemente con recursos del Banco Mundial), no adquisición oportuna de insumos para la operación del acueducto como los productos químicos, hasta el olvido para cobrar las facturas.

Por la labor de la auditora de la Contraloría Municipal ante las EPM, Yaneth Suárez Caballero, el Alcalde y la Procuraduría iniciaron investigaciones para poner fin a hechos como los siguientes: sobrefacturación, evasión de impuestos tolerados por funcionarios, saqueos, desatención a las prioridades, mantenimiento de fondos rotatorios cuya existencia no se justifica, abuso de la figura de urgencia evidente para evadir las licitaciones, falta de control en la entrega de productos químicos (los proveedores acostumbran llegar con sus camiones en la madrugada, cuando no hay vigilancia) y falsificación masiva de paz y salvos en impuesto predial.

Los repuestos importados para la reparación de vehículos pagan bodegaje en Cartagena desde hace dos años por negligencia para su nacionalización. No se le han pagado los 38 millones de pesos que las Empresas le adeudan al Instituto de los Seguros Sociales, pero la empresa convino con el sindicato pagar a una entidad privada 400 millones para que preste los servicios de atención médica.

Además, a pesar que el Banco Mundial y algunos funcionarios de la empresa consideraban que el parque automotor es suficiente limpiar la ciudad, la anterior administración, presidida por Gustavo Certain, contrató la recolección del cincuenta por ciento de la basura con entidad privada a un costo 1.250 millones de pesos anuales. A esto se suma que dicho contrato no ha sido justificado técnica y financieramente ante el banco.

Entre diciembre de 1989 y mayo de este año fueron enganchados 405 nuevos empleados, que ahora gozan de la cláusula de la inamovilidad. Cerca de 200, que fueron desvinculados en esos seis meses, iniciaron procesos porque no les pagaron sus liquidaciones y los embargos resultantes agobian la entidad.

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