CONDENADA LA NACIÓN POR DESAPARICIÓN DE ABOGADO

CONDENADA LA NACIÓN POR DESAPARICIÓN DE ABOGADO

Seis años después de la detención del abogado Alirio de Jesús Pedraza Becerra por parte de miembros de la Policía Judicial, la Nación fue condenada a indemnizar a sus familiares por su desaparición.

06 de octubre 1996 , 12:00 a. m.

La decisión la adoptó la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que halló a la Nación, por intermedio del Ministerio de la Defensa y la Policía Nacional, responsable de la desaparición del abogado.

En criterio de los magistrados, tras la captura de Pedraza por parte de miembros de la Policía Judicial, era deber del Estado garantizarle su vida e integridad personal.

En un fuerte cuestionamiento, el Tribunal precisa que se violaron los derechos a la vida, la integridad y la libertad por la conducta asumida por la administración que, luego de colocar a Pedraza bajo su guarda, permitió y propició su desaparecimiento . (sic).

Por ello, la corporación le ordenó a la Nación que le pague a la familia del abogado más de 185 millones de pesos por los daños materiales y morales causados con su desaparición forzada.

Los hechos se remontan al 4 de julio de 1990 cuando un grupo de ocho hombres que vestían de civil y portaban armas detuvieron al abogado. Desde ese día, jamás se volvió a saber de su paradero.

Testigos La retención de Pedraza fue observada por un celador del centro comercial La Campiña, en la calle 145 con carrera 92, en Suba, quien trató de auxiliarlo pero los desconocidos se identificaron con carnés en los que se señalaba que pertenecían a la Policía Judicial.

El mismo procedimiento utilizaron con dos agentes de la Policía que estaban cerca a la cabina en la que se encontraba el abogado en el momento de ser detenido.

Después de una diligencia de reconstrucción de los hechos e identificación de algunas personas, el celador tuvo que salir del país por amenazas.

Tras la retención, los desconocidos partieron con Pedraza en un Mazda, escoltado por un Trooper blanco y otro automóvil.

Dentro de la investigación se comprobó que contra el abogado, la Primera Brigada del Ejército había proferido irregularmente una orden de captura, fechada el primero de julio de 1989, por presuntos vínculos con una organización subversiva.

Responsabilidad El Tribunal precisó en la sentencia que el Gobierno de Colombia no ha desmentido la participación de agentes estatales en la desaparición de Pedraza ni la orden de captura proferida en su contra, lo que compromete grave y directamente su responsabilidad .

Igualmente recuerda que las investigaciones adelantadas por la Procuraduría Delegada para la Defensa de los Derechos Humanos y la Unidad de Investigaciones Especiales, no han llegado a ninguna conclusión respecto de la desaparición del abogado.

Pedraza estaba vinculado, desde 1984, al Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, a la que le prestaba asesoría legal, asumía la defensa penal de presos políticos y adelantaba procesos en la jurisdicción contenciosa por violación a los derechos humanos.

Además, atendía procesos disciplinarios instaurados ante la Procuraduría General contra miembros de la Fuerza Pública.

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