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VIRAJE JUDICIAL

VIRAJE JUDICIAL

El Gobierno del presidente Gaviria ha ensayado un camino nuevo y audaz para restituir a Colombia su paz, su tranquilidad y justicia. No abjura de los mecanismos utilizados hasta ahora para combatir el narcotráfico y el terrorismo, pero instituye otros de distinta naturaleza, también con el objeto de facilitar el desmantelamiento de las organizaciones criminales. La guerra de exterminio respondió a circunstancias específicas. Los resultados obtenidos autorizan, en concepto del Jefe del Estado, a buscar el mismo fin, capacitando a la judicatura para moverse con más agilidad, flexibilidad y eficacia. Al efecto, se le dota de preceptos racionales que le permitan cumplir su misión de emergencia con más amplio margen para discernir y calificar las conductas delictivas.

Por: REDACCIÓN EL TIEMPO
08 de septiembre 1990 , 12:00 a. m.

Había dicho el presidente Gaviria, e insiste en decirlo, que el país no podía resignarse a tener la extradición como único o principal instrumento de lucha contra el narcotráfico y cualquier expresión de terrorismo. Colombia debía estar en capacidad de juzgar a los delincuentes de su nacionalidad, de sancionarlos y de garantizar el cumplimiento estricto de las penas impuestas. La figura de la extradición se aplicaría en forma discrecional mientras estuviere vigente el régimen de estado de sitio y su procedimiento administrativo cesaría de existir al levantarse aquél. Cualquier alternativa real parecía estar condicionada a las reformas de la Administración de Justicia, en la Asamblea Constituyente.

No obstante, por el apremio de la situación de orden público, se ha querido obrar sin tardanza, valiéndose de las facultades del artículo 121, con encomiable sentido de las urgencias nacionales. Y en buena hora se ha sorprendido a los compatriotas con el decreto legislativo que facilita la entrega de quienes hayan delinquido, así como de los bienes habidos en actos ilícitos o empleados para cometerlos.

El requisito básico es el de que comparezcan voluntariamente ante un juez de la República y hagan confesión libre, espontánea y completa de los hechos punibles en los cuales hubiesen sido autores o partícipes. Los que quieran entrar por esta puerta, recibirán el beneficio de la rebaja de penas y la seguridad jurídica de no ser extraditados. Los que no lo hagan, se expondrán a sufrir todo el peso de la ley, y, según las palabras presidenciales, quedarán sometidos a las máximas penas. Entre ellas, la de la extradición.

A quiénes se extiende la mano de la Justicia, entre severa y comprensiva? A las bandas de narcotráfico, a las del llamado paramilitarismo y a las de auto-defensa. Si la extradición se esgrime como el motivo primordial del terrorismo, una oportunidad se ofrece para el juzgamiento y la sanción en Colombia de los crímenes perpetrados, cualquiera hubiese sido su escenario, nacional o internacional. Lo único que se exige es demostrar el ánimo de sujetarse a sus leyes y renunciar a la posesión de armas y elementos de uso o procedencia ilícitos.

Naturalmente, al entregarse y desarmarse los grupos de autodefensa, el Estado adquiere el compromiso inviolable de velar por la vida, honra y bienes en las zonas que aducen amparar. La afortunda tarea de pacificación realizada en Sucre y Córdoba, en parte por acción directa de las Fuerzas Militares, en parte por los acuerdos políticos con los movimientos subversivos, es claro indicio de la aptitud recobrada del Estado para hacer valer su presencia y sus fueros.

Igualmente deberá hallarse en capacidad de garantizar la integridad y la autonomía de los jueces respectivos. Espectáculos como el genocidio de La Rochela no deben repetirse. Ni el sacrificio de aquellos a quienes les corresponda conocer negocios especialmente delicados. Pues había virtual consenso sobre la necesidad de contar con justicia nacional propia, es de suponer que se contribuya a su buen funcionamiento. Y si se prefería una tumba en la patria a una cárcel en el exterior, toca al Estado preocuparse por que aquí sean seguras y en ellas puedan cumplirse estrictamente las penas rebajadas.

En el fondo, se concede una opción: la de entregarse voluntariamente y entregar los medios y el fruto de las actividades ilícitas, a trueque de no ser extraditados y de gozar de la rebaja de la sanción o, en caso contrario, atenerse al actual régimen punitivo. La de transitar los caminos legales de la paz o la de proseguir la guerra de exterminio. Con arrojo, reflexión y madurez conceptual se ha hallado una senda diferente la escondida senda? para el tratamiento del problema más explosivo que el país haya contemplado.

La sangre derramada, los enormes costos humanos y materiales de la dura lucha, incitaban a ver de ponerles término a tantos estragos, sin perjuicio de seguir combatiendo el delito y de bregar por la erradicación del terrorismo, el narcotráfico y demás comportamientos ilícitos. Es la gran oportunidad de la Justicia. Había que dársela, permitiéndole aplicar su inteligencia, su valoración de las conductas y, adicionalmente, poniéndola en condiciones de acopiar pronta y menos difícil información.

A este viraje en la conducción del asunto más complejo que la nación tiene entre manos, es menester ponerle fe, cooperación sincera de todos los ángulos y grande esperanza. No todo cabía confiarlo a los azares y a los logros de la guerra de exterminio. Internacionalización y privatización El ministro Ernesto Samper, titular de la cartera de Desarrollo, ha expuesto criterios eminentemente sensatos y realistas sobre los procesos industriales de reconversión y privatización y sobre el programa de internacionalización de la economía. Bien merecen destacarse por cuanto contribuyen a disipar entelequias y embelecos.

Primero: La base de la internacionalización no debe constituirla la liberación de importaciones, pues sería inocente pensar que solamente con este mecanismo Colombia podría reactivar su economía , cuando la consecuencia suele ser el peligro de recesión.

Segundo: La reconversión industrial supone esfuerzos sistemáticos en la orientación del crédito, en los estímulos fiscales y en el remozamiento tecnológico, tanto como en el mejoramiento de la infraestructura de puertos, vías terrestres y servicios públicos.

Tercero: No todo es privatizable. Hay empresas o entidades que por su naturaleza, función e impacto social o regional, deben permanecer en manos del Estado. Entre ellas, las de importancia crítica o los monopolios naturales, susceptibles de regulación pero no de traspaso a la órbita privada.

Sobre la privatización de Telecom hay un intenso debate, a propósito del estatuto expedido en uso de facultades extraordinarias. Por qué no asume el Congreso su facultad constitucional de revisarlo y, a la vez, de definir este punto vital de filosofía política? Sería el medio más adecuado para resolver el litigio, democráticamente y conforme a la ley. Duelo de la poesía Al concluir esta columna, me llega la noticia inesperada del fallecimiento de un altísimo poeta y noble amigo, Rafael Ortiz González, a quien seguí desde niño en su luminosa carrera literaria. De su capacidad para la creación estética, restan versos inmortales, cantos a su amada tierra santandereana, preciosas viñetas de figuras femeninas. Generoso y romántico, ejerció con decoro y eficiencia graves responsabilidades públicas, noblemente inspirado en la voluntad de servir a su comarca y a Colombia. Paz y laurel sobre su tumba!

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