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NARCOGUERRA A ESTRADOS JUDICIALES

NARCOGUERRA A ESTRADOS JUDICIALES

La expedición del decreto que establece prerrogativas excepcionales a los traficantes que se entreguen y se sometan a juicio en Colombia marca el comienzo de una nueva estrategia en la lucha contra el narcotráfico, el terrorismo y el crimen organizado. Y es quizás la única oportunidad de los cerebros de los carteles de la cocaína y sus enlaces de un juicio en Colombia. La conclusión está contenida en las declaraciones del ministro de Justicia, Jaime Giraldo Angel, que ayer explicó las metas que persigue el Gobierno tras la expedición del decreto en mención.

Por: REDACCIÓN EL TIEMPO
07 de septiembre 1990 , 12:00 a. m.

La estrategia en marcha dijo el Ministro está sustentada sobre varios presupuestos básicos. El primero es judicializar la guerra contra el narcotráfico . Es decir, obtener que las conductas delictivas en que han incurrido traficantes y terroristas sean sometidas a la Ley y castigadas con beneficios paralelos para los delincuentes y la sociedad.

En lo que hace a los narcotraficantes y terroristas, esos beneficios (además del juzgamiento en Colombia y la seguridad de que no habrá extradición) están representados en la garantía de juicios imparciales y rebaja de penas.

En lo que se refiere a la sociedad, el beneficio está en el resarcimiento de los perjuicios ocasionados y en la efectiva expresión de una voluntad de reinserción a la vida civil.

Con la expedición del decreto aseveró el Ministro no estamos esperando ninguna señal de los narcotraficantes. En lo que estamos es en un proceso de apertura que hace el Estado unilateralmente y lo que queremos es que haya una voluntad real de reincertarse a la vida social haciendo primero una confesion de las faltas cometidas. Por eso, el decreto no se refiere solamente a narcotraficantes sino a paramilitares y a todos aquellos que esten incursos en las conductas delictivas tipificadas en el Estatuto Antiterrorista, que son muchos más .

Asi fueramos capaces de capturar a los narcotraficantes y de lograr eficientemente el someterlos a la Justicia, el entendido de un proceso de paz es que la gente se acoja a una nueva filosofía. Estamos enfrentados a una guerra entre dos bandos. Viendo cuál atemoriza más al otro, y en ese enfrentamiento no ha quedado sino mucha sangre y mucho dolor , añadió.

La idea fundamental es que judicialicemos el conflicto, que los ciudadanos de bien y los delicuentes sepan que hay un Estado al cual tienen que someterse y que no se puede decir que se está por fuera del orden jurídico y que es posible colocarse por encima de las instituciones y derruirlas. No. Se requiere que una persona llegue y diga soy responsable de tal conducta y me someto a la Justicia. En ese momento hay una voluntad de paz. Lo demás es seguir una guerra disfrazada y estéril , añadió.

El segundo pilar de la estrategia posible en el mediano plazo si se cumplen los requisitos anteriores es la obtención definitiva de la paz.

Logro que habilitaría la suspensión de las medidas de Estado de Sitio expedidas ante la situación de guerra disfrazada que enfrentó el país.

El principal aspecto en este campo es la derogatoria de medidas como la extradición por vía administrativa, instrumento que solo puede operar en tanto subsistan las circunstancias de orden Público que precipitaron su expedición.

Una manifestación plena dijo Giraldo de que si volvemos a restablecer esta vida jurídica del país, no tenemos para que recurrir a la extradición porque si somos capaces de juzgar a nuestros propios delincuentes, si la gente se somete a la Justicia colombiana, el mecanismo de la extradición carece de sentido . Las garantías Qué hace prever el éxito de la estrategia? A juicio de Giraldo Angel, múltiples aspectos. Los primeros y más importantes son los que tienen que ver con las garantías ofrecidas por fuera del mismo decreto.

En principio, asegura el Ministro, hay una demostración real de rodear de plenas garantías y pleno respeto a los derechos humanos, las actuaciones en materia de extradición y juicios a los traficantes.

El Gobierno tomó varias decisiones en materia de extradición y mostró con hechos. Básicamente definió una política en materia de extradición .

Una política que gira sobre la hipótesis fundamental del estudio de cada caso a nivel individual y la aplicación aun cuando se trata de procesos administrativos de todas las garantías que prevé el mismo procedimiento ante la Corte Suprema de Justicia al punto de garantizar el pleno derecho a la defensa y atreverse a negar la entrega en los casos en que sea improcedente .

Además, dijo Giraldo, hemos oficiado a todos los representantes de Colombia en Estados Unidos para que se verifique que los colombianos han sido juzgados exclusivamente por los cargos por los cuales se concedió la extradición.

Existe también, explicó el Ministro, la voluntad de que si se obtiene el efectivo sometimiento de los narcotraficantes a la Justicia colombiana, el Gobierno empiece a presionar la adopción de instrumentos multilaterales como la creación de un tribunal internacional que comprometa a todos los países.

En contraposición con ese sumo de garantías y frente a los casos en que se desconozca esta apertura, el país no bajara la guardia en la persecución de los delitos ni en la aplicación de la extradición respecto de quienes persistan en matenerse al margen de la Ley . Las dudas del decreto De cara a la audaz medida que tomó el presidente César Gaviria, recibida con muy buenos augurios entre la opinión nacional, surgen algunos interrogantes que solo el futuro se encargará de despejar.

Si será posible que un pez gordo del narcotráfico denuncie los bienes que provengan de manera directa o indirecta de su negocio ilícito? Además, será posible que entregue información sobre el dinero acumulado en cuentas en el exterior, por ejemplo? o sobre sus propiedades a nombres de testaferros, parientes y allegados? Los jueces que van a manejar procesos tan delicados cuentan ya con la infraestructura necesaria? Gozarán los administradores de Justicia de la seguridad debida?, tendrán las garantías para que su tarea pueda ser objetiva, libre de cualquier tipo de presión? Si los grandes capos se entregan, en qué tipo de prisiones van a estar confinados? Quién va a tener en la realidad el control de esos penales: el Estado o los narcotraficantes? Podrá un funcionario colombiano juzgar un delito de narcotráfico cometido y originado en el exterior? En un caso como este, no podrán las jurisdicciones foráneas basarse en el principio de la territorialidad para reclamar el juzgamiento del reo? Abre el decreto un período de gracia para aquellos que incurran en porte ilegal de armas y concierto para delinquir, al señalar que los beneficios contemplados en él se aplicarán a quienes cometieren los hechos punibles hasta 180 días siguientes a la vigencia del decreto?

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