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DECLARACIÓN DEL PRESIDENTE GAVIRIA

DECLARACIÓN DEL PRESIDENTE GAVIRIA

En los últimos meses, los colombianos libramos y ganamos las más grandes y duras batallas que país alguno haya enfrentado en la historia contemporánea contra las organizaciones criminales más poderosas del planeta. Lo hemos hecho con un doloroso sacrificio de miles de vidas humanas de candidatos a la Presidencia, dirigentes políticos y sociales, funcionarios, jueces, soldados, agentes de la Policía y el DAS, periodistas, mujeres, niños y ancianos, y a un altísimo costo económico y social, con la firme convicción de que esa es nuestra responsabilidad para con nosotros mismos y para con la humanidad toda. Los éxitos alcanzados son indiscutibles. No solo hemos golpeado duramente y en sus más altos niveles a esas organizaciones sino que hemos logrado afectar severamente el envío de cocaína procesada en Colombia al mercado consumidor. Es así como alguanas autoridades de los Estados Unidos han reconcido que ese flujo se redujo sustancialmente en el último año, como consecuencia de las acc

Por: REDACCIÓN EL TIEMPO
06 de septiembre 1990 , 12:00 a. m.

Los resultados obtenidos nos animan a seguir adelante y a utilizar la experiencia adquirida en el diseño de nuevos y más efectivos mecanismos para reprimir este delito y controlar sus secuelas. Con el fin de alcanzar de manera pronta los objetivos que nos hemos trazado de derrotar y erradicar el terrorismo y de continuar luchando contra el narcotráfico de manera decidida, hemos establecido una serie de normas destinadas a dotar a nuestro aparato judicial de algunos instrumentos similares a aquellos que han demostrado su eficacia en países como Italia y los Estados Unidos.

El Consejo de Ministros expidió hoy un decreto legislativo que busca facilitar y agilizar la obtención de información y el desmantelamiento de las organizaciones criminales del narcotráfico, así como de los comúnmente llamados grupos paramilitares y de las denominadas autodefensas. Gracias a esos instrumentos, los jueces especializados y de orden público, creados por administraciones anteriores, estarán en capacidad de otorgar rebajas, dentro de límites precisos, y condenas de ejecución condicional a quienes se entreguen, confiesen sus delitos, entreguen armas y bienes vinculados a esos delitos y cooperen con las investigaciones.

En forma paralela a la introducción de estos nuevos instrumentos, seguiremos utilizando aquellos que en el pasado han demostrado su eficacia como parte de esta lucha. Es así como, en uso del carácter discrecional que debe tener el actual régimen de extradiciones y después de un detenido y detallado análisis de cada uno de los casos en forma individual, el Gobierno tomó hoy la decisión de extraditar a tres ciudadanos colombianos solicitados por la justicia norteamericana. Asimismo, El Gobierno determinó negar tres solicitudes de extradición de las autoridades de los Estados Unidos. Finalmente y por razones humanitarias, decidió aplazar la extradición de un ciudadano que se encuentra en una clínica de la capital, víctima de una enfermedad grave.

Los anteriores criterios pueden ser revisados en el futuro, cuando decisiones tomadas por el Gobierno, el Congreso y la Asamblea Constitucional robustezcan aún más nuestro aparato judicial, y en la medida en que las condiciones de orden público así lo indiquen.

He sostenido en varias oportunidades que no nos podemos quedar con la extradición como el único o el principal instrumento en esta lucha. Por esa razón, hemos desarrollado los nuevos mecanismos judiciales que acabo de anunciar y que, en resumen, implican la puesta en práctica de un procedimiento especial para reforzar las investigaciones y procesos de la justicia.

Se trata de un procedimiento que permite que se fortalezca la administración de justicia y que se sometan a la ley quienes han estado por fuera de ella. Quienes hayan estado en el delito, se hayan arrepentido y voluntariamente se presenten ante los jueces para confesar libre y espontáneamente sus delitos podrán ser juzgados por nuestro jueces, con base en nuestro ordenamiento jurídico, siempre y cuando esa confesión pueda servir de base para una sentencia condenatoria.

Quien desee someterse a la ley, deberá presentarse ante cualquier juez penal o promiscuo, confesar sus delitos, identificar los bienes que hayan servido para cometer los ilícitos o que provengan de su ejecución en forma directa o indirecta, entregar las armas y cooperar con las autoridades judiciales brindándoles información sobre otros delitos y otros delincuentes. Esto le permitirá ser beneficiado con una reducción de la pena en razón de su disposición a entregarse a la justicia y colaborar con las investigaciones.

Si quien se presente ante esos jueces para confesar un delito posee armas de uso privativo de las Fuerzas Armadas, explosivos y demas material bélico prohibido por la Ley, deberá entregarlo a esos jueces.

Si la persona que se presenta sólo ha cometido el delito de porte ilegal de armas o perteneciere a un grupo armado que haya podido configurar concierto para delinquir --como alegan miembros de algunas organizaciones llamadas de autodefensa--, y entrega esas armas, será dejado en libertad bajo condena de ejecución condicional, si no ha incurrido en ninguna otra conducta criminal.

Si ha cometido otros delitos, tipificados en el estatuto de estupefacientes o en el estatuto antiterrorista, su presentación y su confesión ante el juez le significarán la reducción de una tercera parte de la pena. En razón de su colaboración para descubrir a los demás autores o partícipes de los delitos confesados y de la cuantía de los bienes denunciados a los jueces, esa reducción podra elevarse hasta la mitad de la pena.

Si entre los delitos confesados hubiere algunos cometidos en el exterior, el juez allegara, como lo establece el código penal y en el marco de una política de amplia colaboración internacional para combatir este tipo de delitos, las pruebas pertinentes a fin de garantizar que el procesado sea juzgado por todos los crímenes e infracciones y tales conductas no queden impunes.

Si el procesado confiesa sólo algunos de los delitos cometidos por él, o confiesa delitos que no estén cobijados por el decreto expedido hoy, se adelantarán investigaciones separadas dentro de las previsiones de las leyes que los regulen. en estos casos, el decreto sólo se aplicará en lo referente a los delitos confesados cobijados por esta norma.

Quiero reiterar que estos procedimientos sólo operarán para quienes se presenten voluntariamente ante los jueces, confiesen sus delitos y colaboren con las autoridades. Sobre quienes no lo hagan, caerá todo el peso de nuestro aparato judicial, y se aplicarán las máximas penas y las normas vigentes sobre extradición.

Por último, el Gobierno reafirma su posición de no dialogar con ninguna de estas organizaciones. Estas decisiones han sido tomadas de manera libre, soberana y unilateral, en el convencimiento de que las mismas contribuirán a combatir de manera más efectiva la criminalidad, a fortalecer la administración de justicia y a afianzar la paz.

La lucha por defender nuestra democracia, nuestros valores y nuestras libertades continuará. Queremos una vez más demandar de la comunidad internacional una solidaridad efectiva que trascienda el terreno de las palabras y los mensajes de aliento. Los países desarrollados deben saber que ningún éxito en esta batalla será perdurable si no viene acompañado de resultados efectivos en materia de una sustancial reducción de la demanda y el consumo, en controles más severos al lavado de dólares, el tráfico de armas, la venta de insumos químicos y las redes de distribución de drogas. El Gobierno y todos los colombianos seguimos esperando que los países desarrollados encuentren la manera de brindarnos su apoyo. Colombia no aspira a nada distinto del libre comercio para sus productos de exportación, tratamiento apenas justo si se tienen en cuenta los grandes sacrificios que nuestro país ha tenido que hacer en esta lucha.

Tengo la plena convicción de que estas medidas, similares a las aplicadas con éxito en otros países del mundo, permitirán a nuestro aparato judicial hecerle frente de manera más efectiva a los grandes desafíos que nos impone la violencia. Para ello las autoridades requieren de la colaboración y la solidaridad de los ciudadanos. Sé que cuento con el concurso de todos los colombianos. Si avanzamos hacia una profunda transformación de nuestras instituciones para hacerlas más amplias, más democráticas, y si participamos activa y decididamente en la construcción de un futuro mejor para nosotros y para nuestros hijos, alcanzaremos la meta de hacer de Colombia la patria pacífica, prospera y justa que todos merecemos. Texto del Decreto 2074 de 1990 Artículo 1o.- Mientras subsista turbado el orden público y en Estado de Sitio todo el territorio nacional, quienes antes de la vigencia del presente decreto hayan cometido cualquiera de los delitos establecidos en la ley 30 de 1986 y demás normas que la adicionan o modifican, o cualquiera de los delitos de competencia de los jueces de orden público o especializados, tendrán derecho a rebaja de la pena o a condena de ejecución condicional según las previsiones de este decreto, cuando se cumplan los siguientes requisitos: 1. Que la persona no se encuentre privada de la libertad. 2. Que la persona comparezca voluntariamente ante un juez penal o promiscuo de la República y haga confesión libre y espontánea de los hechos punibles en que haya intervenido como autor o partícipe, siempre y cuando ella pueda servir de base para dictar sentencia condenatoria.

3. Que en dicha confesión denuncie bienes que hayan servido para realizar los ilícitos, o que provengan de su ejecución en forma directa o indirecta, si los hubiere.

Si se trata de armas, o de cualquiera otro bien que esté fuera del comercio, deberá hacer entrega de los mismos al juez si los tiene en su poder al momento de hacer la confesión, o posibilitar su incautación de manera efectiva.

Parágrafo.- No obstante lo establecido en este artículo, para los delitos de porte ilegal de armas y concierto para delinquir, los beneficios se aplicarán a quienes cometieren los hechos punibles hasta ciento ochenta días (180) siguientes a la vigencia del Decreto.

Artículo 2o.- Si el juez que recibe la confesión es el competente para conocer de los hechos punibles y estuviere adelantando el proceso, continuará la actuación, recibirá indagatoria y procederá a definir la situación jurídica dentro de los términos de ley, si fuere el caso, disponiendo la libertad inmediata del imputado sin caución y con el compromiso de hacer presentación personal cuando se le requiera por razón del proceso, si se tratare únicamente de delitos de porte ilegal de armas y concierto para delinquir.

Si confiesa además otros delitos, o los confesados son diferentes de los anteriores, pero todos de competencia de los jueces de orden público o de los jueces especializados, o conexos con ellos, se proferirá detención preventiva sin derecho a excarcelación.

Artículo 3o.- Si el juez fuere competente por razón de la naturaleza del hecho, pero no estuviere conociendo del mismo, procederá a dictar auto cabeza de proceso, a recibir la indagatoria y a definir la situación jurídica en los términos y condiciones previstos en el artículo anterior, y simultáneamente, establecerá por medios expeditos la existencia de proceso sobre los hechos punibles confesados, remitiendo la actuación a quien tuviera el expediente tan pronto recibe información en tal sentido, junto con el detenido y con los bienes si los hubiere.

Si no obtuviere información dentro de los cinco (5) días siguientes, continuará adelantándose el proceso.

Articulo 4o.- Si el juez ante quien se hizo la presentación no fuere competente para investigar los hechos punibles, recibirá sin demora la versión libre y espontánea, y remitirá la persona, de manera inmediata, con la respectiva actuación, al competente para la instrucción del asunto a fin de que la avoque de inmediato, poniéndole los bienes a su disposición. El juez competente para decirle la situación jurídica, dictara auto cabeza de proceso, recibirá la injuarada y resolverá la siatuación juridica y lo referente a la libertqd del sindicado, conforme a las previsiones del artículo tercero.

Paragrafo.- Para la recepción de indagatoria, los términos a que se refiere el artículo 412 del Código de Procedimiento Penal se empezarán a contar a partir del día siguiente al de aquel en que el privado de libertad sea puesto a su disposición.

Artículo 5o.- El Ministerio de Justicia podrá disponer del cambio de radicación del proceso de los casos y mediante el procedimiento señalado en el decreto legislativo 2490 de 1988.

Artículo 6o.- El proceso se adelantará por todos los delitos confesados, siempre que se trate de los enunciados en el artículo primero de este decreto, o conexo con ellos, siguiendo el procedimiento abreviado establecido en los libros Segundo, título séptimo, capítulo único del Código de Procedimiento Penal, pero no habrá lugar a la libertad provisional a que se refiere el artículo 483 de dicho estatuto.

Si la persona confiesa delitos distintos a los señalados en el artículo primero de este decreto, o si es procesado por otros delitos diferentes a los que constituyen materia de la confesión, se adelantarán por separado los procesos respectivos ante el juez que sea competente, así algunos de los no confesados sean conexos con los que si lo fueron rompiendose por este hecho la unidad procesal.

Artículo 7o.- Si alguna de las personas que hubiera intervenido en la comisión de los hechos punibles confesados no se encontraran en las condiciones señalados en el artículo primero de este decreto, el juez que esté conociendo de los hechos investigara por separado esos comportamientos, rompiéndose la unidad procesal.

Artículo 8o.- Cuando el procesado haya confesado solo los delitos de porte ilegal de armas y concierto para delinquir, el juez suspenderá la ejecución de la sentencia por un período igual al de la pena impuesta, en los términos señalados en los términos señalados en los artículos 69, 70 y 71 del Código Penal. Si hubiere confesado la comisión de otros, el juez condenará por todos, pero reducirá la pena imponible en la proporción que corresponda, así: en una tercera parte por razón de la confesión, y hasta en otra sexta parte por razón de la colaboración que se haya prestado para descubrir los demás autores o partícipes del delito y por la cuantía de los bienes denunciados.

Artículo 9o.- Los beneficios establecidos en este decreto para los casos de confesión y colaboración con la justicia son incompatibles con los consagrados para estas mismas conductas en las leyes penales, pero el beneficiario podrá acogerse a cualquiera de ellos, a su elección.

Artículo 10o.- En la sentencia que se profiera como culminación de los procesos por delitos a que se refiere este decreto, se condenará al pago de los perjuicios causados por el hecho punible.

Artículo 11o.- En la respectiva sentencia se dispondrá el decomiso a favor del Estado de todos los bienes denunciados por el procesado en su confesión salvo los derechos de terceros de buena fe y de los demás cuya relación directa con el delito se acredite por cualquier otro medio probatorio, quien quiera que sea su dueño.

Parágrafo.- Todo lo anterior se aplicará sin perjuicio de las normas vigentes sin destinación provisional o definitiva de los bienes vinculados o derivados de los delitos a que se refiere esete decreto.

Artículo 12o.- Si dentro de los delitos confesados hubiera alguno cometido en el exterior, el juez allegará las pruebas pertinentes mendiante los procedimientos establecidos en el capítulo tercero del libro quinto del Código de Procedimiento Penal para incorporarlos al proceso de acuerdo con lo previsto en el artículo 15 de Código Penal. En esos casos no procederá la extradición por tales hechos salvo que se alleguen al proceso pruebas que los desvirtúe o los altere sustancialmente.

Artículo 13o.- En lo previsto en este decreto se adelantará el proceso por las normas especiales o generales establecidas para los delitos a que se refiere este delito.

Artículo 14o.- El presente decreto rige a partir de su publicación y suspende las disposiciones que le sean contrarias.

Publíquese y cúmplase.

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