Secciones
Síguenos en:
EPIDEMIA DE PAROS

EPIDEMIA DE PAROS

La semana que concluye es una de las más difíciles que le ha tocado vivir, en 48 años, a Hernando Sánchez Aroca, un llanero que por cosas del destino y la política es hoy el alcalde encargado de Facatativá (Cundinamarca).

Por: REDACCIÓN EL TIEMPO
22 de septiembre 1996 , 12:00 a. m.

Fueron días de gente enardecida; de piedra, llamas y gases lacrimógenos; de rechiflas y madrazos; de conversaciones, rompimientos y promesas de solución.

La causa final de esa explosión de violencia fueron los altos incrementos en el costo de la energía eléctrica, consecuencia de la aplicación de una estratificación que puso al 51 por ciento de los habitantes de este municipio de obreros de las flores en estrato cuatro. Hubo recibos con alzas hasta del 800 por ciento.

En la noche del martes, Sánchez y alrededor de 30 funcionarios más estuvieron a punto de caer en manos de una turba enardecida que quería destruirlo todo en la Alcaldía. Después de cuatro horas de terror, la Fuerza Pública les ayudó a salir y buscar escampadero en un batallón cercano.

A la 6 y 30 de la mañana del día siguiente, cuando Sánchez volvió a su despacho, encontró desorden, vidrios rotos, papeles en cenizas y computadores inservibles.

Además, el reporte de un muerto y más de 25 heridos, el informe de que los problemas se habían trasladado de la plaza al barrio Brasilia, en la salida sur, y la buena nueva de que el Gobierno quería conversar con él y la gente del paro en Bogotá, con el fin evitar más problemas como los que habían registrado profusamente los medios.

Todo ese día, mientras Sánchez negociaba en Bogotá, la gente siguió enfrentándose a la Fuerza Pública. Piedras contra gases. Y aún después de logrado un principio de arreglo, la agitación continuó. La larga jornada terminó con el incendio a la sede de la Electrificadora de Cundinamarca.

Después del muerto Todo se pudo evitar, dicen los facatativeños, si el Gobierno les hubiera parado bolas a tiempo. Tuvo que haber un muerto para que hiciera caso , dijo Sánchez. Toda la responsabilidad, según el alcalde y otros funcionarios municipales consultados, es de las autoridades centrales por no colaborar en la búsqueda de una solución a un problema anunciado .

Desde cuando se supo del mismo, más de un mes atrás dicen los funcionarios locales empezaron a tocar las puertas de la Ministerio de Minas, de la Superintendencia de Servicios Públicos, del Ministerio del Interior, pero no aparecieron ni personas con poder de decisión ni soluciones concretas.

Funcionarios del gobierno central como el superintendente de Servicios Públicos, Juan Carlos Vives dicen, en cambio, que ellos no tenían la obligación de arreglar un problema que surgió básicamente en torno a una decisión del resorte local, y no nacional.

En la elaboración de una estratificación ellos sólo determinan si se hace acorde con las disposiciones legales.

Lucero Camacho, concejal de Facatativá, cree que simplemente el Gobierno actuó con indiferencia porque quiso recoger la pita que había soltado en Caquetá y Putumayo. Habría que preguntarse si, después de todo lo que sucedió, valió la pena .

Culpable o no, lo cierto es que sólo la intervención directa del Gobierno, a través del ministro del Interior, Horacio Serpa, puso el asunto en vía de solución y desactivó la bomba popular que dejó finalmente tres muertos, perdidas materiales por no menos de dos mil millones de pesos y una alta tensión en un pueblo tradicionalmente pacífico.

Las dudas Pero también arrojó más interrogantes sobre el futuro de orden público del país y las capacidades de maniobra en ese terreno por parte del gobierno de Samper.

El caso de Facatativá se puede enmarcar en el conjunto de paros y movimientos de protesta que se han llevado las primeras planas durante los últimos dos meses? O es, acaso, un hecho aislado? El origen del asunto, una protesta por tarifas de la energía causada por la aplicación de una estratificación errada, parecería indicar lo segundo. Pero el hecho de que el paro, en principio pacífico, se tornara violento hasta el punto de poner de nuevo al Gobierno en la disyuntiva de negociar o arrasar, afirma la primera alternativa.

Eduardo Díaz Uribe, gerente de la Red de Solidaridad y uno de los negociadores en los conflictos del sur, explica que el caso de Faca plantea un escenario distinto al del Putumayo o Caquetá .

En este, la guerrilla y el narcotráfico están presentes y el problema básico es el arraigo de la economía cocalera. En el segundo, hay también un problema social de por medio, pero aquí la guerrilla no es autoridad en la zona, por lo que su estrategia es la de infiltrarse y sacar provecho de la situación.

Tirios y troyanos en Faca reconocen la presencia de gente extraña en los hechos. Pero, mientras que para unos es algo sustancial en su cariz violento, para otros es apenas un hecho marginal que no puede negar el carácter justo de los reclamos.

Pedro Santana, presidente de la organización Viva la Ciudadanía, considera que en el caso de Faca hay antecedentes históricos desde los 70 y 80 sobre movimientos cívicos en la población que no se deben desconocer. Siempre dice se han quejado por los servicios públicos .

Otra cosa asegura el ex ministro Díaz, para quien, si bien no se puede criminalizar a la población ni desconocer el trasfondo social, tampoco se puede cometer la ingenuidad de desconocer que la guerrilla va a tratar de sacar dividendos de situaciones como esa y convertir todo en una problema de orden público.

Lo grave dice Díaz es el hecho de que la organización ciudadana sea manipulada por unos pocos. No hay negación más clara de la organización social que ver a la guerrilla convertida en su vocero .

Antes había un esbozo de organización regional o local. Ahora eso se acabó. Tal vez debido a ello se genera violencia más pronto , dice el politólogo Luis Alberto Restrepo.

Santana, no obstante, cree que esa debilidad no es tan clara. Según él, hay más control de la gente sobre sus representantes de lo que se cree. En todos los casos hasta ahora se han impuesto los intereses inmediatos de la población y no los políticos de los agitadores.

Gobierno vulnerable Así como se habla de vulnerabilidad en la organización social, también se aplica el término a las autoridades.

Esa vulnerabilidad, en el caso del Gobierno, empieza por el factor político, según la socióloga Martha Cecilia García: Este momento político es una caja de resonancia de una situación que han vivido muchos gobiernos y los medios se han valido de ello .

Y sigue por el momento económico. Santana resalta un clima negativo que tiene ya la administración Samper por la baja ejecución del plan social, por la más elevada tasa de desempleo de la década, por el profundo deterioro del agro, y por los recortes que planteó para los ingresos municipales y regionales.

En la medida en que esa solución empeore, las posibilidades de una generalización de los paros aumentarían y las del Gobierno para cumplir cualquier promesa en eventuales acuerdos podría disminuir de manera dramática.

Un tercer factor es el desgaste continuo que plantean las protestas populares para la Fuerza Pública. En el caso de Faca fue evidente el mal clima hacia la Policía, por los enfrentamientos en la noche del martes y el miércoles pasado, a tal punto que sólo cuando el Ejército entró a controlar la situación la tensión disminuyó.

Con todos estos conflictos dice Santana las Fuerzas Armadas han ganado en lo burocrático y lo presupuestal, pero han perdido en imagen ante la gente, y ningún problema de orden público s e resuelve sin la colaboración de la gente .

Díaz Uribe resalta, sin embargo, que hasta hoy el Gobierno ha manejado bien estas crisis porque no se ha dejado provocar . Lo que está buscando la guerrilla dice es que se hable de los 200 muertos del Guaviare o de cualquier otra parte .

Y, en las actuales circunstancias del país, todo parece dado para que se expanda la epidemia de los paros, por múltiples razones, y cualquiera de ellos podría degenerar en una tragedia, porque, como dice la concejal Camacho: Si esto pasó en Faca un municipio de segunda categoría, a 45 minutos de Bogotá, que interesa a muchos políticos y que cuenta con ciudadanos de alta influencia, qué no puede ocurrir en otros municipios?

Llegaste al límite de contenidos del mes

Disfruta al máximo el contenido de EL TIEMPO DIGITAL de forma ilimitada. ¡Suscríbete ya!

Si ya eres suscriptor del impreso

actívate

* COP $900 / mes durante los dos primeros meses

Sabemos que te gusta estar siempre informado.

Crea una cuenta y podrás disfrutar de:

  • Acceso a boletines con las mejores noticias de actualidad.
  • Comentar las noticias que te interesan.
  • Guardar tus artículos favoritos.

Crea una cuenta y podrás disfrutar nuestro contenido desde cualquier dispositivo.