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PERÚ: DE NUEVO, ESTADO DE EMERGENCIA

PERÚ: DE NUEVO, ESTADO DE EMERGENCIA

El gobierno peruano decretó desde ayer por 30 días un estado de emergencia con suspensión de garantías individuales en el departamento de Lima y la provincia de El Callao. Dispuso, además, que las Fuerzas Armadas controlen el orden en esas áreas. Según un decreto firmado por el presidente Alberto Fujimori, divulgado por el diario oficial, las garantías suspendidas se refieren a la inviolabilidad del domicilio, el libre tránsito por el territorio nacional, la libertad de reunión y a que nadie puede ser detenido sino por mandato expreso del poder judicial.

Por: REDACCIÓN EL TIEMPO
06 de septiembre 1990 , 12:00 a. m.

La disposición no dice a qué obedecen las medidas. Solamente dice que es deber del Gobierno preservar y mantener el orden público en el departamento de Lima y provincia constitucional de El Callao.

Sinembargo, las medidas habrían sido adoptadas para impedir manifestaciones populares en rechazo a un denominado programa de estabilidad económica, establecido el 8 de agosto en un intento de frenar la inflación. El plano que contempla grandes aumentos en los precios de los combustibles, alimentos, medicamentos y servicios esenciales.

Habrían sido dispuestas también para neutralizar marchas de estudiantes de universidades estatales en demanda de recursos económicos para el funcionamiento normal de esos centros de enseñanza, que afrontan una situación crítica.

El 4 de agosto, en vísperas de la declaración del programa de estabilidad económica, el Gobierno estableció un estado de emergencia con suspensión de garantías individuales, por un lapso de 30 días, en once ciudades importantes del país, entre ellas las provincias de Lima y El Callao.

Según el decreto divulgado ayer, esas medidas rigen ahora en todo el ámbito del departamento de Lima, que tiene ocho provincias, y en la vecina provincia de El Callao, donde se encuentra el puerto más importante del Perú.

El 28 de agosto, al continuar la violencia subversiva, el Gobierno prorrogó por 60 días el estado de emergencia con suspensión de garantías individuales en los departamentos de Ayacucho, Junín, Apurímac, Huancavélica, Pasco, Huánuco, San Martín y Ucayali y en la provincia de Ucayali, del departamento de Loreto. Además implanto las mismas medidas, por idéntico lapso, en el distrito de Quimbiri, de la provincia de La Convención, en el departamento de Cusco.

Las áreas declaradas en emergencia, donde vive más del 50 por ciento de los 22 millones de peruanos, constituyen la mitad del territorio nacional.

Todas esas áreas están bajo el control de los militares.

Por otra parte, las autoridades militares dijeron que prosigue el toque de queda nocturno de ocho horas diarias en los departamentos de Junín y Pasco, al este y noreste de Lima, respectivamente, ante la continuación de la violencia subversiva con pérdidas de vidas humanas y para dar seguridad en el normal desarrollo de las actividades de la población.

Entretanto, la Cámara de Diputados de Perú inició el estudio para admitir o no a debate una acusación constitucional contra el ex presidente Alan García, por supuestas ganancias ilícitas concedidas a la empresa estadounidense Occidental Petroleum.

La primera lectura de la petición de acusación, suscrita por la coalición de partidos comunistas y socialistas Izquierda Unida, se produjo en la noche del martes pasado, instantes después de que la Cámara de Diputados aprobara la admisión a debate de otra acusación constitucional contra García por su presunta responsabilidad en la matanza de 250 presos en tres cárceles limeñas, en junio de 1986.

De acuerdo con los procedimientos parlamentarios, deberá efectuarse en una próxima sesión plenaria una segunda lectura de la acusación por la comisión de delitos contra los deberes de función . Luego, el pleno de la Cámara decidirá si se admite o no a debate.

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