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NI PLEBISCITO NI REFERÉNDUM

NI PLEBISCITO NI REFERÉNDUM

El Gobierno no convocó ni un plebiscito ni un referéndum para el próximo 9 de diciembre, mediante el decreto que autorizó la contabilización de los votos sobre la Asamblea Constitucional. Tan solo se limitó a facilitar que el texto de los votos acordados por los partidos y fuerzas políticas sean sometidos a votación popular . Así lo hizo saber ayer el presidente César Gaviria, en carta enviada al ex ministro de Gobierno Carlos Lemos Simmonds.

Por: REDACCIÓN EL TIEMPO
05 de septiembre 1990 , 12:00 a. m.

El presidente César Gaviria señaló ayer que el Gobierno no convocó ni un plebiscito ni un referéndum para el próximo 9 de diciembre, mediante el decreto que autorizó la contabilización de los votos en favor o en contra de la Asamblea Constitucional, sino que tan solo se limitó a facilitar que el texto de los votos acordados por los partidos y fuerzas políticas sean sometidos a votación popular .

Así lo hizo saber mediante una carta enviada al ex ministro de Gobierno Carlos Lemos Simmonds, en la que respondió una serie de inquietudes planteadas por el ex funcionario, en un artículo públicado en EL TIEMPO, sobre la importancia del tarjetón en la elección de los constitucionalistas.

Al respecto, Gaviria manifestó que por razones eminentemente técnicas se acordó dejar en manos del Consejo Nacional Electoral la decisión sobre la viabilidad práctica del tarjetón en unas elecciones en donde habrán, seguramente, muchas listas.

El texto de la carta es el siguiente: Apreciado doctor Lemos: En los últimos días ha crecido la expectativa acerca de cuál será el mecanismo de elección aplicable en la integración democrática de la Asamblea Constitucional. En su pasada columna usted manifestó que el tarjetón era mejor que el sistema tradicional de papeletas.

Los representantes de las fuerzas políticas signatarias del Acuerdo sobre la Asamblea Constitucional y de su desarrollo, y yo personalmente, propusimos que para la elección del 9 de diciembre de 1990 se adoptara el sistema de tarjetón. El Partido Liberal, el Movimiento de Salvación Nacional, el Partido Social Conservador y el Movimiento Alianza Democrática M-19 consideraron que era un significativo avance en la vida democrática.

Por razones eminentemente técnicas se acordó dejar en manos del Consejo Nacional Electoral, cabeza de la organización electoral responsable de administrar la votación y el escrutinio para la elección del 9 de diciembre, la decisión final sobre la viabilidad práctica del tarjetón en unos comicios donde seguramente habrá muchas listas.

El propósito fundamental que ha guiado al Gobierno desde el inicio de este proceso de transformación constitucional ha sido el de abrir nuevos espacios democráticos en los cuales tengan la oportunidad de competir de manera equilibrada las fuerzas políticas, sociales y regionales de la Nación. Al hacerlo, hemos tratado de interpretar y desarrollar el mandato político que nos otorgaron los ciudadanos y que está contenido en la papeleta que más de cinco millones de votantes depositaron el 27 de mayo.

Para cumplir el mandato de que la reforma debe tener el objetivo básico de fortalecer la democracia participativa , se acordó un temario en el cual sobresalen, tanto la posibilidad de modernizar las instituciones para aumentar su capacidad de responder eficazmente a las necesidades del país, como la posibilidad de crear nuevas oportunidades de participación ciudadana en la administración de justicia, en el Congreso, en la vida económica, en la administración pública, en fin, en todos los capítulos de la reforma.

Además, para cumplir el mandato de que la Asamblea fuera integrada democrática y popularmente se acordó que todos los candidatos a la misma compitieran en condiciones de igualdad por el apoyo electoral de los colombianos. Se ha asegurado que la Asamblea no será escogida a dedo ni tendrá un carácter corporativo. Sólo exepcionalmente, el Presidente de la República podrá designar personas para el reducido número de puestos que han sido reservados para los grupos guerrilleros que se desmovilicen y que obviamente no pudieron postular candidatos a la Asamblea.

Igualmente, para cumplir el mandato de que en la Asamblea hubiera representación de las fuerzas políticas, sociales y regionales dela Nación , elegidos popularmente, se acordó el sistema que mayor garantías ofrece a las fuerzas que tienen dispersos sus votos en todo el territorio nacional y, que, al mismo tiempo, permite que haya candidatos regionales, no solo departamentales. Tradicionalmente la circunscripción nacional ha sido, con razón, vista en el país como el sistema que garantiza a las minorías políticas y a las fuerzas sociales oportunidades de obtener representación en los cuerpos colegiados de carácter nacional.

Finalmente, como la movilización ciudadana muestra claramente la voluntad de la Nación de ejercer su soberanía, el Gobierno consideró que la decisión de convocar para el 5 de febrero de 1991 una Asamblea que no es soberana sino que deberá respetar la soberanía de la Nación, debía quedar en manos del pueblo. El Gobierno se ha limitado a facilitar que el texto de los votos acordados por los partidos y fuerzas políticas sean sometidos a votación popular. No convocó un plebiscito ni un referéndum. Al ordenar a la organización electoral contabilizar unos votos, el Gobierno ha dejado en boca del pueblo la última palabra sobre lo que políticamente han acordado quienes obtuvieron más del 96 por ciento de la votación del 27 de mayo.

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