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RECLUTAS DEL OTRO EQUIPO

RECLUTAS DEL OTRO EQUIPO

En Estados Unidos, la batalla por la admisión de los homosexuales en las Fuerzas Armadas apenas empieza. Por un lado está el presidente Clinton, empeñado en cumplir con una promesa electoral que en su momento sirvió para atraer votantes, pero que luego terminó siendo más complicada de lo que parecía, y los sectores liberales del partido demócrata y de la opinión pública, incluyendo los homosexuales mismos. Por el otro lado se encuentran buena parte del Senado, la derecha conservadora y religiosa, la mayoría de la opinión pública y los militares, empezando por el Estado Mayor Conjunto.

Tres recientes encuestas hechas por Gallup, CNN/Time y CBS/New York Times fueron unánimes en demostrar que el 48 por ciento de los encuestados no aprueba la presencia de los homosexuales en el Ejército. Los que aprueban representaron el 44, 43 y 42 por ciento, respectivamente.

La intención de Bill Clinton de hacer el cambio a través de una orden ejecutiva desató una reacción que sorprendió a la nueva administración por su virulencia y que empantanó las primeras dos semanas de su gobierno. Los primeros en protestar fueron los militares que ya venían preparados desde la campaña electoral.

El general Collin Powell Jr., jefe del Estado Mayor Conjunto, declaró tan franca y abiertamente, como le fue posible, su oposición a la medida. En el fondo, el problema es el efecto que tiene en la disponibilidad de combate de las tropas , dijo Powell. Opiniones similares fueron expresadas por los comandantes de cada una de las cuatro armas.

El nuevo Secretario de Defensa, Les Aspin, tampoco se demoró mucho en entender que la oposición en el Congreso y, particularmente, en el Senado era más fuerte de lo que se esperaba y así se lo dejó saber al Presidente con la recomendación de que hiciera todas las consultas necesarias y se tomara su tiempo antes de hacer algo de lo que se podría arrepentir después. Tiempo de conciliar La vulnerabilidad de la medida en el Senado, que puede revocar una orden ejecutiva, se debió al hecho de que la oposición al Presidente estaba encabezada por un miembro de su propio partido, el senador de Georgia Sam Nunn, quien preside el Comité de los Servicios Armados. Nunn hizo valer su poder y obligó al Presidente a un compromiso que muchos consideraron como otra muestra de la debilidad de la nueva administración, en la medida en que expuso por primera vez la división interna dentro del campo demócrata y la falta de homogeneidad que en un principio se daba por descontada.

Por su parte, los republicanos, en la minoría, jugaron la carta de incluir la prohibición a los homosexuales en las Fuerzas Armadas con el acta de permiso familiar, amenazando de esta forma la primera pieza de legislación importante de la nueva administración.

Al final esto no fue necesario. El Presidente se tomó la molestia de hacer todas las consultas pertinentes y de operar en la forma que mejor sabe hacerlo: conciliando. El compromiso alcanzado por el presidente Clinton, los comandantes de las Fuerzas Armadas y el Congreso básicamente puso el tema en un período de espera mientras se analizan cuidadosamente las consecuencias de la movida.

El Presidente logró que mientras pasa el período de gestación de la orden ejecutiva, precedido supuestamente por una etapa de debate en el Congreso, no se le pregunte a los nuevos reclutas cuál es su preferencia sexual y que no se dé de baja a nadie por este motivo.

De cualquier manera, Clinton dejó claro que de lo que se trata en su opinión no es de impedir que los homosexuales entren a las Fuerzas Armadas dado que ya están ahí, sino de hacer una distinción entre las acciones disciplinarias tomadas sobre la base de conducta y las decisiones disciplinarias tomadas sobre la base de estatus. Incompatibilidad militar La oposición, dirigida por Nunn, consiguió que se continúen las acciones disciplinarias en curso contra los homosexuales y que sea posible transferirlos, una medida que usualmente significa ponerlos como reservistas de tercera categoría, sin sueldo. Unos 700 militares fueron dados de baja el año pasado solamente por sus preferencias sexuales y se estima que los servicios armados gastan unos 500 millones de dólares al año en encontrar homosexuales, darlos de baja y remplazarlos.

Mientras se realizan audiencias en el Congreso, que pueden muy bien determinar el futuro de la medida, el Secretario de Defensa elaborará una orden ejecutiva que será dada a conocer el 15 de julio.

El argumento principal esbozado por los jefes de Estado Mayor contra la medida es el mismo que está consagrado en la prohibición establecida en 1982 por el entonces presidente Ronald Reagan. Según ésta, la homosexualidad es incompatible con el servicio militar en la medida en que afecta la capacidad de mantener la disciplina, buen orden y la moral; en que mina la confianza, atenta contra la integridad de sistema de rango y comando, y afecta a los miembros que frecuentemente tienen que vivir durante largos períodos en condiciones que no permiten privacidad.

Lo paradójico del caso es que si Clinton se descuida, la admisión abierta de los homosexuales en las Fuerzas Armadas que inicialmente se ha planteado como antidiscriminatoria podría determinar una forma de segregación. Debido a las condiciones en que tienen que vivir los militares, especialmente los marinos que tienen períodos de servicio de hasta seis meses, durmiendo a menos de un metro de distancia los unos de los otros, quienes sean heterosexuales pueden, eventualmente, reclamar su derecho a la privacidad y rehusar mezclarse con personas con las que no se sienten cómodas. En este caso habría que crear acomodaciones y duchas separadas. Servicio con honor Hay quienes podrían objetar por razones religiosas o de salubridad. Ya hay incluso quienes afirman que la nueva medida estimulará el contagio del Sida. La respuesta, aparentemente, es elaborar un código de conducta muy estricto, pero nuevamente surge la pregunta de si este código debe ser solamente para los homosexuales o para todo el mundo. Otros estiman que la presencia de los homosexuales puede conducir a incidentes de violencia como los que ya han ocurrido en algunos casos en bases militares, donde varios de ellos han sido golpeados y/o han perdido la vida.

Finalmente, el propio Aspin parece ser partidario de que a los homosexuales se les prohíba participar en posiciones de combate y servir en barcos de guerra, una medida que ha sido vigorosamente atacada por los grupos homosexuales en el país, quienes la consideran exactamente lo opuesto de lo que se pretende corregir con la orden presidencial.

Clinton recibió el apoyo inesperado, aunque no sorpresivo, de una juez federal de distrito en California, quien dictaminó que la prohibición era inconstitucional en la ausencia de conducta sexual que interfiera con la misión militar . Según el veredicto, y citando varios estudios hechos al respecto, la juez determinó que los homosexuales y las lesbianas han servido y siguen sirviendo en el servicio militar de Estados Unidos con honor, orgullo, dignidad y lealtad.

La justificación del Departamento de Defensa para su política de prohibir homosexuales y lesbianas del servicio militar está basada en mitos culturales y estereotipos falsos. Estas justificaciones no tienen base y son muy similares a las razones ofrecidas para mantener las Fuerzas Armadas segregadas en los años 40 .

Aparte de proveer una oportunidad para demostrar que Bill Clinton tiene la suficiente habilidad política de maniobrar en aguas turbulentas y de arrancar el mejor compromiso posible, el tema de los homosexuales en las Fuerzas Armadas también ha ofrecido varias lecciones a la nueva administración.

Una de ellas es que gobernar es más difícil de lo que parece; otra es que los demócratas no son un partido homogéneo; otra es que la oposición está viva y coleando, especialmente la derecha religiosa y los conservadores de extrema derecha que se tomaron el partido republicano como rehén en la pasada convención y quienes han utilizado el tema para reagruparse y organizar una extraordinaria campaña en contra, incluyendo decenas de miles de llamadas que llegaron a congestionar las líneas telefónicas del Congreso.

Se calcula que la derecha religiosa controla entre 300.000 y 400.000 púlpitos en el país, aparte del enorme poder económico que se puso en evidencia en las pasadas elecciones. Entre quienes están organizando la oposición también se encuentra el ubicuo coronel Oliver North.

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