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PERSECUCIÓN A LA CORRUPTELA

PERSECUCIÓN A LA CORRUPTELA

La tragedia causada por las bombas que explotaron en el centro de Bogotá esta semana opacó todos los demás sucesos. La violencia continúa instalada en la vida cotidiana de los colombianos. Sigue subordinando todos los acontecimientos políticos bajo su demoledora capacidad de enterrar cualquier avance democrático. Uno de los hechos recientes que pasó inadvertido fue la acusación que hizo la Procuraduría ante la Corte Suprema de Justicia contra un senador, un representante y tres ex congresistas, por enriquecimiento ilícito.

Esta, como la anterior acusación del Ministerio Público contra otros cinco congresistas hace cuatro meses y como la de la Fiscalía contra 27 concejales y ex concejales, cinco congresistas, el ex alcalde de Bogotá y sus dos secretarios de Hacienda, no es una denuncia cualquiera. Es el concepto de una institución del Estado que encuentra méritos para que la Corte Suprema juzgue si estos señores aprovecharon su investidura para apropiarse de los dineros públicos.

No es que antes no se denunciaran estos crímenes. Muchos periodistas se hicieron famosos destapando la corrupción del Congreso. Pero la diferencia es que antes no pasaba nada.

En Bucaramanga, por ejemplo, parte del tour por la ciudad era mostrarle a los visitantes el edificio, que según la chismografía local, había construido Morales Ballesteros con auxilios parlamentarios y ahora era su sede política. Antes solo era el rumor, ahora Morales fue acusado ante la Corte y esta tendrá que dictar un fallo.

Qué cambió? Un artífice de la Constitución de 1991, afirma que la nueva Carta abolió varias fuentes de impunidad. Primero, le quitó la inmunidad a los congresistas. Segundo, los parlamentarios pueden perder su investidura (por ausentismo, por violar las inhabilidades, por conflicto de intereses, entre otros) con la simple denuncia de un ciudadano que luego es investigada por el Consejo de Estado.

Tercero, la competencia que se ha creado entre las distintas entidades de control es positiva, pues las obliga a investigar, agilizar sus pesquisas y a producir resultados.

Valió entonces la pena la Constituyente. Esta se convocó como una reacción contra la clase política tradicional, personalizada en los congresistas y sus abusos. Ahora se está persiguiendo, con una persistencia nunca antes vista, la corrupción del Congreso.

Además de los diez investigados por la Corte, y de los involucrados en el caso de los auxilios en Bogotá, la Procuraduría está investigando a otra treintena de congresistas por hacerse ricos con dinero ajeno.

Existen, sin embargo, los escépticos: los escándalos recientes sólo muestran que los congresistas siguen con sus viejos vicios. Vale la pena recordarles las palabras de Carlos Pizarro, el dirigente asesinado del M-19, con relación a la Constituyente, pero ahora aplicables al Congreso: Hay que aceptar, con el más grande de los realismos, que parte del pasado tendrá que estar presente con nosotros en la discusión de nuestro futuro .

Hoy está presente la corruptela del pasado, pero está, por fin, siendo enfrentada, con la visión del país que queremos en el futuro. Si es que el terror nos deja país.

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