Con agua y sedientos

Con agua y sedientos

Es toda una paradoja que, justo cuando el país recibe los embates de otra fuerte temporada invernal, un reporte de la Defensoría del Pueblo sostenga que en algo más de la mitad de los municipios colombianos -570 para ser exactos- el agua que se distribuye está contaminada o tiene algún riesgo para la salud.

27 de noviembre 2011 , 12:00 a. m.

La causa de que eso sea así no es precisamente la escasez. Según cálculos de Acodal, la oferta hídrica en el territorio nacional supera en seis veces el promedio del planeta y cada habitante dispone -en teoría- de un volumen de 50.000 metros cúbicos, que es una suma enorme.

Quizás tanta abundancia tenga que ver con las contradicciones que saltan a la vista. Mientras en buena parte del mundo la falta del precioso líquido es un factor de inmensa preocupación, que pone en riesgo a cientos de millones de personas y compromete la seguridad alimentaria de decenas de Estados, en Colombia la riqueza hídrica es despreciada y desperdiciada. No solo el cuidado de las principales cuencas es pobre, por decir lo menos, sino que desafíos como la contaminación de afluentes y la deforestación constituyen una amenaza creciente.

En medio de ese panorama, la calidad del agua es un tema fundamental. Si bien el país ha logrado una cobertura en acueducto que llega al 91 por ciento, la potabilidad del líquido que sale de la llave no está asegurada. A su vez, el servicio de alcantarillado está conectado al 84 por ciento de los hogares, pero no existen buenos planes de manejo de residuos, con lo cual se crea otro tipo de problemas, que afecta a un sinnúmero de ríos y quebradas. Un caso emblemático es el de Bogotá, que todavía está en mora de tener un programa de tratamiento completo y efectivo para su principal afluente, tras haber gastado sumas cuantiosas.

La percepción de que la infraestructura en este campo es inadecuada e insuficiente aumenta -por irónico que suene- cuando las lluvias arrecian. La reciente emergencia de Manizales, que se suma a las que hace poco han vivido otras capitales, como Cúcuta, Villavicencio y Yopal, muestra que no basta con tener las redes tendidas, sino que hay que disponer de una mejor gestión del riesgo. Además, el hecho de que cerca de cuatro millones de habitantes de poblaciones intermedias o pequeñas no tengan acceso a un acueducto es algo que raya en lo imperdonable.

Lo anterior no quiere decir que hayan faltado políticas. Desde mediados del siglo pasado, cuando se creó el hoy desaparecido Instituto de Fomento Municipal, se han tratado de ensayar estrategias, que produjeron resultados parciales. Sin desconocer que con el curso de los años la brecha se ha cerrado en comparación con esa época, la tarea está lejos de completarse.

Las razones por las cuales la meta de cobertura total en agua potable y alcantarillado sigue siendo esquiva son diversas. Dentro de las explicaciones que se dan está la de una institucionalidad frágil, tanto a nivel nacional como local, lo que hace que la gerencia de los proyectos sea mala y el manejo de las entidades prestadoras deje mucho que desear. A lo anterior se añade la presencia de la corrupción, que se traduce en sobrecostos y obras que nunca se concluyen. La politiquería también tiene que ver con casos de ineficiencias y mal servicio, que exasperan a los usuarios.

Para colmo de males, hay ensayos que no han resultado. La administración pasada anunció con bombos y platillos, en marzo del 2007, la llegada de los planes departamentales de agua y saneamiento como una solución definitiva para los cuellos de botella del sector. El propósito era que, con el liderazgo de las gobernaciones, se pudieran articular iniciativas que incorporaran fondos de los órdenes municipal, departamental y nacional, con lo cual se podían financiar diseños técnicos y garantizar una buena ejecución de los proyectos.

En la práctica, lamentablemente, las cosas no salieron como se esperaba. A pesar de que en un momento se habló de recursos cercanos a los 8 billones de pesos, lo invertido acabó siendo una proporción mucho menor. Para empeorarlo todo, en algunas regiones se crearon estructuras burocráticas exageradas, antes de que estuviera trazada la hoja de ruta. Los abusos, sumados a una gran lentitud en el avance de las obras, acabaron por debilitar el esquema, que además quedó en entredicho cuando la Contraloría cuestionó el uso del mecanismo de las vigencias futuras para financiar el esfuerzo.

Aunque tal obstáculo quedó superado esta semana después de que el Congreso le diera su bendición a una ley que permite el uso de dichas vigencias mediante el cumplimiento de parámetros estrictos, el Gobierno aprovechó la oportunidad para lanzar su programa. Este recibe ahora el nombre de 'Agua para la prosperidad', y su propósito es edificar sobre lo que quedó en marcha en los planes departamentales, cuyos proyectos en ejecución ascienden a 1,3 billones de pesos.

Si el nuevo esquema funciona o no, es algo que solo se sabrá con el tiempo.

Por ahora, es indiscutible que, a pesar de su patrimonio hídrico, Colombia tiene muchas asignaturas pendientes en lo que tiene que ver con acueducto y saneamiento. Resulta inaceptable que, en medio de tanta abundancia del líquido, una gran parte de la ciudadanía esté sedienta y no tenga calidad ni disponibilidad del agua que merece y necesita.

editorial@eltiempo.com.co

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