Es decir, el Corpes dejó en libertad a las oficinas de planeación departamental para que juntaran los distintos municipios de sus jurisdicciones en grupos lo más homogéneos posible y el resultado fue la conformación de treinta y cuatro divisiones de esta clase.
A esta operación de planificación, de ordenamiento territorial, de división administrativa o de simple ejercicio académico se le denominó subregionalización.
Desde un principio me llamó la atención el hecho que ninguna de las oficinas de planeación tuvo en cuenta el criterio de conflicto social para definir áreas y proponer soluciones específicas a pesar de su vieja existencia, y dramática presencia.
Tal vez por esta razón insisto en llamar la atención sobre los principales factores que generan conflictos con el propósito de armar propuestas y estrategias que al menos los neutralicen o disminuyan.
Estos factores son los siguientes: Guerrilla, paramilitares, narcotráfico, grupos armados privados y delincuencia común.
Deficiencias en servicios públicos, saneamiento básico, salud, infraestructura, educación, comercialización y tecnología.
Problema agrario.
Deterioro creciente de las ciénagas y otras fuentes de agua.
Falta de ordenamiento y manejo integral de unidades territoriales con existencia de grandes recursos naturales. Entre otros, los parques naturales y la Sierra Nevada de Santa Marta.
Areas inseguras de producción y extracción. Son los casos de los cultivos de palma africana y plátano y las explotaciones de carbón, oro y ferroníquel.
Manejo inadecuado del territorio y la administración, lo cual ocasiona inconformidad de las poblaciones, desatención permanente, escasa presencia de las administraciones, decisiones no consultadas y las severas limitaciones de los municipios.
Las aspiraciones insatisfechas de los sures de Bolívar, Cesar y Magdalena.
La creciente tugurización de las ciudades.
El desempleo, subempleo y el rebusque.
El hecho de no tener en cuenta de manera expresa las áreas con conflictos sociales trajo consigo que los distintos planes departamentales de desarrollo dejaran a un lado este aspecto fundamental.
Es cierto que todos contemplan planes y programas de solución a múltiples necesidades, en especial educación, salud, vías, acueducto, energía eléctrica y alcantarillado, pero no podemos olvidar que la desaparición de los conflictos no depende exclusivamente de la realización de estas obras.
Pienso que ya es hora, después de cinco años de aplicación, de evaluar hasta qué punto es certera y funcional la subregionalización de la costa y solicitar la atención prioritaria, con inclusión en los planes de desarrollo, de las áreas con conflictos sociales manifiestos o potenciales.
