Gustavo de Greiff vuelve y suena

Gustavo de Greiff vuelve y suena

Diez años vivió en México Gustavo de Greiff, el primer fiscal general que tuvo la nación. Durante cuatro años, fue embajador de Colombia. E invitado por el Colegio de México -importante centro de pensamiento fundado por exilados de la Guerra Civil española-, estuvo seis años investigando a fondo lo que ha pasado con las drogas prohibidas.

12 de noviembre 2011 , 12:00 a. m.

De joven, estudiaba en el Gimnasio Moderno, pero resultó ser un colegio muy liberal y entonces su padre lo metió al San Bartolomé, al cuidado de los jesuitas. Se graduó de abogado, fue juez, litigante, consejero de Estado y rector de la Universidad del Rosario, antes de ser el primer fiscal general de la nación, entidad que tuvo que organizar a marchas forzadas y de donde salió también a marchas forzadas, pues, al año y medio de ejercer el cargo, cuya duración son 4 años, la Corte le aplicó retiro forzoso por haber cumplido 65 años de edad. Fue la manera de salir de un personaje que pasó de ser el más admirado, a ser el más cuestionado, en especial por sus tesis contra la política antidrogas, no compartida por el gobierno Gaviria y mucho menos por el gobierno Clinton. Hace cinco años, volvió a Colombia, donde su existencia transcurre en la penumbra de su vida familiar.

Y vuelve a sonar con dos temas recurrentes en él: sus críticas a la política antidroga impuesta por Estados Unidos y la propuesta de que se estudie la posible regulación de la producción, la distribución y el consumo. De Greiff sostiene que la guerra contra las drogas es un fracaso porque el prohibicionismo no reduce el consumo. El peligro de ir a prisión no es disuasivo y la criminalización ha generado crimen organizado, corrupción de agentes gubernamentales, violencia rural y urbana, destrucción familiar, vidas perdidas en prisión, etc. Dice que la Policía, en algunos países, se preocupa más por apresar consumidores que traficantes y vendedores. En cuanto al propósito del prohibicionismo, que era encarecer el costo de la droga y así reducir el número de consumidores, tampoco se cumplió. En EE. UU., en 1997, dos gramos de cocaína costaban 161 dólares y en el 2009, la misma cantidad costaba 80 dólares. En los mismos años, el costo de 2 g de heroína bajó de 528 a 364 dólares. En 1997, en Europa, 2 g de cocaína costaban 113 euros y en el 2008, costaban entre 44 y 88 euros. Analizando otras políticas antidroga, como "reducción del daño", que consiste en tratar el consumo como asunto de salud pública y reducirlo a base de información y de acciones preventivas, focalizando la represión en el crimen organizado, anota que esa política tiende a solucionar el consumo, pero deja de lado producción y comercio. Con respecto a la iniciativa de los ex presidentes César Gaviria, Fernando Cardozo y Ernesto Zedillo de atacar la producción y el comercio mediante la persecución del crimen organizado, anota que esta represión, además de haber fracasado, genera corrupción y violencia. "Los gobiernos de América Latina y la opinión pública deberían encabezar un movimiento que termine con los males del prohibicionismo -sugiere-. ¿O seguimos esperando que con las mismas políticas fracasadas se obtengan resultados diferentes? Como dijo en EE. UU.

el director de la Wola: "¿Es que acaso somos adictos al fracaso?".

Sus tesis y sus propuestas le han costado más de un dolor de cabeza. Habló en el corazón de Estados Unidos de legalización. Invitado por el alcalde de Baltimore, Kurt Schmoke, dictó una conferencia que al gobierno Clinton no le gustó. "La procuradora Janet Reno me recibió a las patadas, porque no estaba de acuerdo con la legalización", me dijo hace 17 años, en entrevista para este diario. Más dura reacción produjo el artículo escrito a cuatro manos con su hijo Pablo, publicado en The Washington Post, en el que decía, entre otras cosas: "Los narcotraficantes no merecen las utilidades que les ayudamos a ganar.

Nuestros esfuerzos en recortar la producción e impedir la venta de drogas implican una compleja estructura de instituciones que consumen billones de dólares y ponen en peligro la vida de miles de personas tanto en EE. UU. como en Colombia. Como no tengo interés en vivir en un país dominado por criminales, mi reacción ha sido endurecer la lucha contra todos los aspectos del comercio de drogas. Como fiscal general, continuaré presionando a los traficantes, utilizando todos los recursos legales para entablar procesos contra ellos. Mi propósito es estimular una discusión dinámica sobre lo que pueden implicar diferentes formas de legalización, como lo han hecho en otros países". La respuesta del gobierno estadounidense a De Greiff fue quitarle la visa.

¿Por qué insiste en un tema que electriza a los gringos y que le costó la visa? Porque creo que la legalización es la mejor manera de acabar con el narcotráfico. Pero no acaba con el consumo. Este debe tratarse como problema de salud pública. Caso interesante es Portugal: legalizó marihuana, cocaína y heroína. Australia despenalizó el consumo y no habido mayor aumento. Siendo fiscal general, supe que Holanda, cuando regularizó el consumo, se llenó de consumidores de otros países, mientras entre jóvenes holandeses el consumo disminuyó. "La droga perdió el encanto de lo prohibido", me dijeron jefes de la Policía holandesa que me visitaron. Creo que hay buenos argumentos para convencer a la gente de que la legalización no desbocaría el consumo. ¿Por qué en EE. UU. no aceptan ni siquiera que se haga ese debate? Por dos razones: la moral protestante y los intereses creados. Gustavo de Greiff, quien hace 18 años pasó por la Fiscalía General como un terremoto, ahora resuelve consultas, escribe un libro sobre el uso de la fuerza y mira los toros desde la barrera, sin que falten sus puyazos sobre el diario acontecer. Porque, como él mismo lo dice: "No puedo quedarme callado".

Congestión de la justicia y decisiones erradas.

¿Cómo ve la controvertida reforma de la justicia? El acuerdo de Gobierno, Congreso y cortes, sobre unas disposiciones, fue puro maquillaje. Pero debe aumentarse el presupuesto para que haya más juzgadores y deben capacitarlos a través de intensas campañas. Las leyes sustantivas y de procedimiento no requieren cambios de fondo. A quienes piden más recortes para que haya pronta justicia, hay que decirles que los términos se acortaron al máximo y que las demoras no son cuestión de términos, sino de congestión en los despachos, pereza, incompetencia y falta de preparación de los jueces.

Cuando un juez tiene que atender más de 600 procesos, la situación se torna aberrante. Ni suprimiendo el Consejo Superior de la Judicatura ni elevando la edad de retiro forzoso ni alargando períodos para los elegidos se solucionan los problemas de fondo. El no impartir pronta y cumplida justicia obedece a dos fallas: duración del proceso por congestión y baja calidad de las decisiones.

En los tiempos en que usted fue fiscal general había 1.000 fiscales. Ahora hay 3.000... La corrupción ha crecido tanto que cada fiscal tiene que investigar centenares de casos. Cuando fui fiscal, lo que me quitaba más tiempo era combatir el narcotráfico. Ahora hay que combatir narcotráfico, subversión, corrupción, Farc, bacrim. Es un trabajo agotador. Los fiscales están atiborrados. Por eso las lentas decisiones. A Viviane Morales, antes de posesionarse, le hablé de un dicho que me parece obsceno, pero existe entre jueces y fiscales: "A nadie se le niega un auto de detención". Veo ahora que la Fiscalía incurre en el error de ir dictando autos de detención. ¿Para qué detener a un individuo sin tener razones fuertes que justifiquen la pérdida de su libertad? Al inculpado es mejor dejarlo libre, pero vigilado. Si está detenido, es más difícil conseguir pruebas en su contra. Y si luego hay que ponerlo en libertad, se desprestigia la justicia. Y me asombra la lentitud en juzgar a los Moreno y a los Nule. Tenerlos detenidos tanto tiempo sin juzgarlos es correr el peligro de tener que soltarlos por vencimiento de términos

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