El desmonte del régimen uribista

El desmonte del régimen uribista

01 de noviembre 2011 , 12:00 a. m.

El país cambió y, con las elecciones del domingo pasado, el mapa político y electoral, también. En Bogotá, un ex guerrillero, considerado por el régimen uribista la principal amenaza para la democracia colombiana, ganó la alcaldía de Bogotá. Y no es una victoria cualquiera.

Con un movimiento organizado en solo cuatro meses, Gustavo Petro no solo derrotó a las maquinarias electorales de la capital (que, además, tuvieron a Uribe, como jefe de debate, haciendo campaña en los barrios con megáfono en mano), sino que su lista fue una de las mayoritarias para el concejo de la ciudad.

Algo debe significar que eso haya ocurrido en Bogotá y que, con alguna excepción, los candidatos de Uribe hayan sido derrotados sin atenuantes en todo el país; que el Partido Conservador haya sido prácticamente borrado de la escena electoral, y que el partido de 'la U', en muchos departamentos y municipios haya tenido que recurrir a las coaliciones para seguirse manteniendo con vida. Y mucho más, la novedosa fuerza del voto en blanco (mayoritaria en las votaciones para Concejo de Bogotá) y la derrota en algunas partes del país de los grupos armados ilegales y redes de mafiosos y de corruptos, que controlaban importantes gobiernos locales y regionales, a manos de candidatos independientes o políticos de reconocida probidad.

En estas elecciones, Colombia comenzó a salir del régimen del todo vale. Ese que durante 8 años construyó un poder territorial basado en la elusión de la ley, el quiebre de las instituciones, la destrucción de los partidos, el caudillismo, la persecución de los opositores o el poder de los corruptos. Ese que llevó a que el Procurador General de la Nación dijera que "en estas elecciones, el país está amenazado como nunca por la corrupción". Y no era una tarea fácil. Nunca como ahora la democracia colombiana había sido desafiada tan abiertamente por mafiosos, corruptos y grupos armados ilegales.

Tras distintas modalidades, hicieron visible su disposición de tomarse (en unos casos) y reafirmar (en otros) el poder local y regional.

Ríos de dinero y presiones abiertas y veladas sobre candidatos y electores a favor de una determinada opción marcaron el proceso en muchas partes del país. Los miles de denuncias, las apariciones desafiantes de jefes políticos vinculados a poderosas organizaciones ilegales y las varias decenas de candidatos asesinados revelaban ese desafío. No eran pocas las cosas que estaban en juego. No solo el control de grandes presupuestos y poderosos aparatos burocráticos en municipios y departamentos.

También (y por sobre todo) estaba en juego el futuro político de Colombia. En un país que, bajo el gobierno Santos, ha reemprendido el camino de la institucionalización, el mapa político de los poderes locales y regionales es el que define la composición del Congreso y la elección presidencial. La razón es elemental. Cuando las instituciones funcionan normalmente, el poder político real (el que convierte la movilización ciudadana en votos) se construye desde los territorios. Y quienes aspiren al Congreso o a la Presidencia deberán contar con el poder elector de alcaldes y gobernadores. En estas elecciones, el cambio comenzó a verse, aunque todavía permanecen viejos resquicios del régimen precedente que, con el poder de las armas o el dinero, logró mantener algunas alcaldías y gobernaciones. Pero ahora tendrá que vivir en condiciones distintas. No solo por el control que implica una mayor visibilidad pública, sino porque (como hasta ahora se ha visto) no va a tener en el Gobierno Nacional a un aliado dispuesto a hacer la vista gorda, como sucedió en el pasado. Es una buena noticia. En estas elecciones, el desmonte del régimen del todo vale ha comenzado.

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