POLÉMICO FALLO EN EL CESAR

POLÉMICO FALLO EN EL CESAR

En un verdadero enredo se convirtió una demanda que supuestamente le ganaron 135 ex empleados a la Gobernación del Cesar, cuya indemnización estaría representada en 1.578 millones de pesos.

20 de abril 1995 , 12:00 a.m.

Mientras la Sala de Casación Laboral, a través de la secretaria Laura Margarita Manotas González certificó a la Oficina Jurídica del Departamento, que ese despacho desconoce el proceso y por ello el fallo; el abogado Rafael Francisco Palacios Castro, quien representa a los trabajadores, dijo que está dispuesto a demostrar que no miente y que la Corte Suprema de Justicia concedió la razón a los demandantes.

Este lío entre los ex empleados, pertenecientes al Sindicato de Trabajadores del Departamento del Cesar (Sintrodec), y la Gobernación del Cesar se inició en 1983 cuando el gobernador de entonces, Luis Rodríguez Valera, efectuó el despido masivo amparado en una ordenanza aprobada por la Asamblea.

En virtud a esa decisión, los afectados demandaron al departamento el 5 de enero de 1984, argumentando violación al Código Sustantivo del Trabajo. El negocio pasó por manos de cinco abogados desde su inicio hasta la fecha, es decir desde apelaciones ante el Tribunal Administrativo del Cesar y luego ante la Corte Suprema.

El último de los contratados, Rafael Francisco Palacios Castro, dijo que asumió el proceso a mediados de diciembre de hace dos años y en enero del pasado presentó recurso extraordinario de casación ante la Sala Laboral de la Corte Suprema.

De acuerdo con Palacios, la Sala falló en favor de los trabajadores el 19 de diciembre de 1994, lo cual está consignado en la radicación 1.075.

No obstante, la Oficina Jurídica del Cesar pidió certificación del fallo, a lo que Laura Manotas respondió que el recurso interpuesto por el abogado no aparece en los libros índices, radicadores ni libros de protocolo de sentencias, pues hasta el 13 de diciembre de 1994 se hicieron pronunciamientos jurídicos.

Se agrega en la certificación: que un documento presentado por Palacios a la Oficina Jurídica del Cesar no corresponde a las expedidas por la Secretaría de la Sala tanto en su forma como en su contenido, así como no son los sellos que aparecen en ella los utilizados por la Sala, ni las firmas corresponden a la de alguno de los magistrados que integran la sección segunda, ni a la de la Secretaría de la Sala .

Al respecto, el jefe Jurídico del Departamento, César Emilio Sánchez, dijo que ante las circunstancias y amparado en la certificación de la Corte, será demandado penalmente ante la Fiscalía del Cesar el abogado Rafael Palacios y su actitud será notificada al Consejo Superior de la Judicatura.

Al ser consultado sobre el tema, el gobernador, Mauricio Pimiento Barrera, sostuvo que guardaba reservas sobre este caso.

Los trabajadores al conocer el pronunciamiento de la Sala sostienen que se está desconociendo sus derechos y que no admiten que les salgan con que no existe ninguna determinación.

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