Un informe entregado ayer,- realizado sobre la base de una labor de auditoría-, revela que de las visitas que el contralor de Luruaco, Javith López Arias, manifiesta realizar a los entes por él vigilados, no se levantan actas o informe alguno que evidencien el ejercicio del control fiscal .
En cuanto a su organización administrativa -según el informe- la Contraloría de Luruaco no ha adecuado su estructura a las nuevas orientaciones que sobre el control fiscal establece la Ley. Incluso el mismo Contralor Municipal carece de póliza de manejo en su calidad de ordenador del gasto.
En la parte física, las estrecheces y la incomodidad con la que se labora no ofrece a los empleados condiciones óptimas laborales.
En materia de control interno -revela el informe- la Contraloría de Luruaco no ha implantado el sistema que establece la Ley, y carece de manuales de procedimientos específicos para el logro de su misión. Además, no se encontró en la entidad la función referente a este tipo de evaluación.
Se halló, además, que en esta contraloría no se lleva libro de egresos, ni comprobantes pre-numerados, y que los comprobantes no están soportados con el certificado de disponibilidad presupuestal ni se elabora el programa anual mensualizado de caja.
Como consecuencia de la auditoría practicada, la Contraloría General del Departamento establecerá las responsabilidades que se puedan derivar de la gestión encomendada a los funcionarios correspondientes, particularmente por la no aplicación de las disposiciones de orden legal , agrega el informe.
Asimismo, concluye el informe, se dará traslado a la Procuraduría y a la Fiscalía de las irregularidades que puedan constituir faltas disciplinarias o de carácter penal.
En la Contraloría de Sabanalarga, se habían detectado, en la primera quincena de diciembre, que no tenía la infraestructura necesaria para cumplir sus funciones.
Mientras tanto a la Contraloría de Juan de Acosta le fue peor, pues según lo hallado, el municipio cumple con los requisitos para tener una oficina de estas.
