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HABLANDO DE DISCRIMINACIÓN...

HABLANDO DE DISCRIMINACIÓN...

En estos días, hemos asistido a dos actitudes sociológicas con respecto a la igualdad entre el hombre y la mujer, cuya formulación en los códigos de conducta internacional es fruto de lo que se fraguó en Europa a partir del siglo XVIII. Una actitud procede de Oriente; la otra de uno de los núcleos de nuestro mundo occidental, concretamente de Luxemburgo.

De Oriente nos llegó el escalofriante reportaje de la BBC inglesa sobre la suerte de las niñas en China, ingresadas en una especie de guarderías o campos de concentración infantiles, como producto sobrante que exterminar como consecuencia de la preferencia de los padres, ante unas coactivas totalitarias leyes de limitación de la natalidad.

Esta información es completada por la de la situación de las niñas, en los aparentemente modélicos dragones asiáticos Taiwan y otros donde la sociedad de aquellos lugares, ante la exigencia de limitar la natalidad, opta por los niños, con lo que se produce, ya en la actualidad, una ventaja de los hombres, de un mínimo de tres a uno, con respecto a las mujeres.

Un comentario respecto a estas noticias: sorprende su escasa reacción social y es lícito pensar que nos ocurra lo mismo que cuando llegaban a la sociedad democrática las noticias de los campos de exterminio nazis que siempre eran acogidas con escepticismo. Lo deseable sería que estas informaciones fueran exageradas, pero me resisto a dudar de la honestidad y valentía de muchos de los defensores de los derechos humanos que periódicamente produce el mundo anglosajón.

La otra actitud nos viene dada por la noticia de la sentencia del Tribunal de Justicia de Estrasburgo de 17 de octubre de 1995, relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres, en lo que se refiere al acceso al empleo a la formación y a la promoción profesional y a las condiciones de trabajo.

El pleito que originó la sentencia fue promovido contra el land de Bremen que en el artículo 4 de una ley sobre igualdad de trato entre los hombres y mujeres en la función pública, tanto por lo que respecta a la condición de funcionario como el caso de ascensos, concedía preferencia a las mujeres frente a los candidatos masculinos con la misma capacitación en aquellos sectores en que aquellas están infrarepresentadas.

La ley considera que existe infrarepresentación cuando, en los distintos grados de salarios, sueldos y retribuciones de las respectivas categorías del personal de un determinado servicio, las mujeres no cubren al menos la mitad de los puestos. El Tribunal de Estrasburgo considera que tal normativa del land de Bremen se opone a la directiva 76/207 del Consejo de Europa de febrero de 1976, relativa a la igualdad de trato entre hombres y mujeres en lo que se refiere al acceso al empleo, a la formación y a la promoción profesional.

Diferentes argumentos Los argumentos del Tribunal son dos. El primero, que una normativa nacional que garantiza la preferencia absoluta e incondicional de las mujeres, en un nombramiento o promoción, va más allá de una medida de fomento de la igualdad de trato. El segundo, que dice que pretender establecer una igualdad de la representación de la mujer en relación con la del hombre, en todos los grados y niveles de un servicio, sustituye la promoción de la igualdad de oportunidades por su resultado que sólo podría alcanzarse a través de la aplicación de dicha igualdad de oportunidades.

En definitiva, la sentencia plantea, de forma jurídica, el famoso sistema de cupos que presenta a muchos la duda de si este criterio es conveniente en las sociedades avanzadas en las que, constitucionalmente y en forma normativa, se establece la estricta igualdad por razón de sexo ante la ley. Quizás en nuestra sociedad en la que ya es difícil encontrar, en el campo normativo, una discriminación negativa de la mujer se precise únicamente una transformación de hábitos sociales para que esta igualdad sea efectiva.

Hemos presentado dos actitudes bien distintas y de plena actualidad respecto a la discriminación por razón de sexo. La una procede de la periferia de nuestro mundo, que fue configurando los derechos humanos, incluso antes de la Declaración Universal de 1948. Es una actitud prehistórica y que ante el par metro de la dignidad humana no puede ni siquiera intentar justificarse por razones de cualquier tipo, ya sean religiosas o sociales.

La segunda actitud nos viene del corazón de nuestra Europa y nos indica que cualquiera que sea el análisis jurídico de la sentencia del Tribunal de Luxemburgo, el debate sobre la discriminación sexual, en estas latitudes, se plantea en términos en el que ya no sólo no se disiente de esta igualdad, sino que ya se apunta a una posible discriminación positiva respecto a la mujer.

Creo que el bagaje de nuestras feministas, con inclusión de aquellas que no perteneciendo a nuestro ámbito cultural defienden los mismos valores, exige que no deben tener complejo alguno en defenderlos y en afirmar su superioridad. A veces observamos actitudes de condescendencia o de inferioridad que pretenden justificar discriminaciones incalificables respecto a la mujer, amparadas en motivos religiosos o de contextos culturales auténticamente incivilizados, si damos a la palabra civilización el sentido de ciudadanía con igualdad de derechos y deberes.

Opino, por otra parte, que sólo la convicción en la defensa de una trayectoria feminista de raíces racionalistas y solidarias, puede influir en aquellas sociedades en que se cuestionan a la mujer, entre otros, el derecho a la educación, a su protagonismo social, a su modo de vestir y muchas veces el derecho a su integridad física y a su propia existencia.

La diferencia entre hombres y mujeres, en cuestiones como el control de la natalidad y el acceso a la educación y el trabajo, se ha puesto nuevamente en discusión después de la Conferencia en Beijing.

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