LIGA DE VEREDAS IMPUSO DISCIPLINA

LIGA DE VEREDAS IMPUSO DISCIPLINA

Al principio fue inocultable el malestar y la preocupación que causó en Fonseca la sorpresiva llegada de 200 familias campesinas al Centro Cultural y recreativo Los Higuitos, luego de haber sido desalojadas de territorio venezolano por parte de la Guardia Nacional.

18 de abril 1995 , 12:00 a.m.

En los vecinos del Centro Cultural los gestos de contrariedad fueron más marcados. Sin embargo, en un mes que cumplieron de estar en el albergue las cosas cambiaron gracias a que la organización interna implementada por un comité presidido por la líder Lilia Ibáñez y siete campesinos más.

La consigna es que aquel que viole normas establecidas serán sancionado, inclusive con la expulsión de la Liga de Veredas que conforman El Bosque, Montegómez, Progreso, Porvenir, El Castillo, Consumidero y Baranoa.

El buen comportamiento de los campesinos es hoy resaltado por los fonsequeros, que en muchos casos han canalizado ayudas, además de la que en forma constante viene brindado La Gobernación de La Guajira, la Red de Solidaridad Nacional, el Ministerio de Salud, la Iglesia, la Cruz Roja, la Defensa Civil, la Policía Nacional, el Batallón Rondón, la administración municipal, entre otros.

Hasta el momento el municipio y el gobierno seccional han destinado unos 40 millones de pesos para la atención.

Código disciplinario El líder Abraham Jiménez, quien reemplaza a Ibáñez cuando se ausenta, manifestó a TIEMPO CARIBE, que los campesinos están acostumbrados al régimen, que tuvieron que adoptar hace dos años y medio, cuando la Guardia Venezolana les dio el primer aviso del desalojo.

Explicó que viviendo en zona de fronteras, en donde la presencia de los dos gobiernos (de Colombia y Venezuela) es casi nula, para convivir en paz les tocó formar la Liga de Veredas y fijar parámetros, entre ellos la prohibición de bebidas alcohólicas, aplicar multas (entre 10 y 20 mil pesos) y sobreponer el diálogo ante cualquier conflicto.

Jiménez indicó que al principio eran seis veredas, y los del Progreso pidieron ser la séptima. No obstante, tuvieron que cumplir con una exigencia: destruir cerca de cuatro hectáreas sembradas de coca. Casi hay muertos y hubo amenazas contra los líderes, pero al final lo hicieron y los aceptamos , dijo.

La organización se fortaleció, y eso permitió colocarle cortapisa a las intenciones de una columna de las Farc que hace un año y cuatro meses quiso establecerse en la zona y adoctrinarlos. Les dijimos que estábamos bien y se fueron en paz .

Cuando se dio el desalojo, el 12 de marzo, los momentos fueron traumáticos pero ya había una conciencia formada, manifestó Jiménez. Por eso les fue fácil aplicar sus normas en el interior del Centro Cultural, en donde todos deben estar despiertos a las cinco de la mañana y acostados a las diez de la noche.

A cada vereda le corresponde hacerse cargo, un día en la semana, de los alimentos (3 raciones), aseo (2 veces), vigilancia (a cargo del presidente comunal y cuatro auxiliares). Si hay incumplimiento, se multa a todos los miembros de la respectiva vereda con una cifra que está entre 5 y 15 mil pesos.

Y de la tierra qué? Jiménez señaló que en atenciones están bien, pero están preocupados porque a pesar del anuncio de la adquisición de tierras por parte del Incora, hay cabos sueltos en el proceso. En primera instancia, los propietarios de fincas han expresado que aceptan el 80 o el 90 por ciento del costo de los predios en negociación (el Incora ofrece el 40 y el resto en bonos agrarios).

Así mismo, se ha guardado silencio en torno a la indemnización por las parcelas abandonadas en Venezuela; El gobierno colombiano tampoco solicitó a Venezuela el permiso para entrar y recoger lo poco que quedaba; y en materia de crédito no hay claridad.

Por último, precisó el líder que no aceptan soluciones parciales, porque del centro cultural de Fonseca deben salir todos los campesinos. Si llegamos juntos, nos vamos juntos , puntualizó.

Entre tanto, la gerente del Incora Cesar-Sur de la Guajira, Virginia Ojeda, indicó que fue enviado a Bogotá, para que allí definan la compra, un paquete por 2.621 hectáreas (10 predios) para beneficiar a 80 familias y se someterán a peritazgo en la presente semana 824 hectáreas más. La entidad tiene 4 mil millones de pesos de presupuesto para este proceso.

Otros aguardan en la incertidumbre Si a los refugiados en Fonseca no les falta sino que le resuelvan la compra de las tierras para retornar a las labores agropecuarias, a los que están en la Caseta Leandro Díaz del municipio de Hatonuevo, la plaza central de Los Remedios (jurisdicción de Maicao), y en una escuela pública en El Molino, la suerte los esquiva.

Carlos Fontalvo Bocanegra, alojado en Hatonuevo, dijo que a ellos nada les han dicho sobre tierras y que la administración municipal los mira con indiferencia, pues a pesar de recibir ayuda de la Defensa Civil, la Cruz Roja local y el Bienestar Familiar, les ha tocado pedir alimentos a los campesinos en Fonseca.

Aquí la carne no la hemos visto ni en película. Más bien no han dicho que nos van a conseguir el pasaje para que nos vayamos de aquí , manifestó el labriego Rafael Acuña.

Por su parte, Otilia Rosa Viloria, una indígena Zenú, embarazada y con cuatro menores, solo espera que su esposo Carlos Antonio Rivas retorne de Venezuela, a donde volvió para tratar de recuperar algo de lo acumulado en 15 años de estar allí. Si viene nos vamos, como podamos, para Calle Larga (un caserío en San Andrés, Córdoba). Es la única esperanza que tenemos .

Para Abraham Jiménez, la situación que viven los campesinos de Hatonuevo, Los Remedios y El Molino, se agudiza porque no se organizaron a tiempo. Los invitamos a que lo hicieran y no quisieron escucharnos. Ahora quieren que los incluyamos en nuestras listas y eso no es posible , dijo.

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