Pese a que las autoridades y transportadores de las dos naciones se habían comprometido a permitir el paso de taxis de un lado a otro de la frontera, ayer se conoció que ese convenio quedó sin validez.
El acuerdo, que entraría en vigencia a partir del próximo 2 de enero, fue suspendido porque Ecuador no cumplió con una serie de obras que había prometido. Tampoco garantizó el empleo a 150 familias que viven del transporte de maletas, según informaron las autoridades de Ipiales.
Incluso, no se había iniciado la construcción de un centro administrativo en la frontera, como tampoco se habían reubicado los puestos de vigilancia de la Policía y la aduana del vecino país.
Estas observaciones fueron presentadas al embajador de Colombia en Ecuador, Humberto Valencia, luego de una reunión entre los alcaldes de Ipiales y Tulcán, delegados de ambas cancillerías y los representantes de las empresas transportadoras.
Tras las conversaciones, los representantes del gobierno ecuatoriano aceptaron aplazar el servicio de taxis en la línea de frontera hasta que se ejecuten las obras.
El alcalde de Ipiales, Guillermo Enríquez Miranda, dijo que todo se encontraba listo para absorber la mano de obra de 40 maleteros, que serán ocupados en los trabajos de construcción del nuevo alcantarillado de la población.
El problema del transbordo se remonta a unos veinte años atrás, sin que los dos gobiernos hayan podido encontrar una solución definitiva.