En efecto. Luego de tres días de discusión cerrada, en la madrugada del jueves, el presidente de la República Ernesto Samper pudo respirar tranquilo, pues 14 de 15 representantes dijeron que el primer mandatario era inocente. La verdad es que nadie esperaba un pronunciamiento distinto.
Pero casi en forma simultánea, el Senado de la República en pleno aprovechó la coyuntura para aprobar un proyecto que determina que el testaferrato y el enriquecimiento ilícito son delitos conexos. Esto es, que mientras no se condene a los narcotraficantes no puede haber procesos contra otras personas investigadas por esos delitos.
Tanto el gobierno como la fiscalía rechazaron la decisión del senado y el mismo presidente de la República advirtió que la objetaría en caso de llegar a sanción del ejecutivo.
Pero se dio otra sorpresa: cuando todos esperaban que la Cámara de Representantes ratificara la decisión del Senado -dados sus antecedentes- ocurrió lo contrario. En sesión plena decidió por unanimidad no aprobar la norma.
Esta es la segundo oportunidad en el último año que se pretende en el Congreso de la República aprobar normas para beneficiar al crimen organizado y de paso proteger a miembros del legislativo que están en problemas por presuntas vinculaciones con organizaciones de narcotraficantes.
Tanto el Ministro de Justicia, como el Fiscal General de la Nación y una minoría de parlamentarios que votaron en contra del mico legislativo advirtieron del daño que le causa al país este tipo de actitudes del legislativo. El rechazo gremial fue unánime.
Irónicamante, se consideró que para tranquilidad del país las sesiones del Congreso de 1995 se terminaron el viernes anterior.
Este elemento fue suficiente para que los agentes privados consideraron que el ambiente de los negocios en nuestro país sigue enrarecido. El Indicador de la Confianza en Colombia (ICC) cerró la semana en 45 puntos, tres menos que el período precedente.
