EL HOMBRE DEL BARRIGAZO

EL HOMBRE DEL BARRIGAZO

Cuando apenas tenía 5 años se quedó huérfano. Su padre, Emilio Archila, director de la vía Bogotá-Tunja, se bajó del carro, trató de atravesar la vía para comprar cigarrillos en una tienda que estaba en el otro costado y una flota lo atropelló.

17 de junio 2001 , 12:00 a.m.

Cuando apenas tenía 5 años se quedó huérfano. Su padre, Emilio Archila, director de la vía Bogotá-Tunja, se bajó del carro, trató de atravesar la vía para comprar cigarrillos en una tienda que estaba en el otro costado y una flota lo atropelló.

Fueron momentos dolorosos. La familia Archila se quedó sin padre, sin la cabeza protectora que generaba el dinero para todo. Para el sustento diario y para el estudio. El abuelo, Enrique Peñalosa Camargo, el papá del ex alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa Londoño, le tendió la mano a la familia Archila.

Así fue como Emilio José, el hoy Superintendente de Industria y Comercio, que objetó la integración de Avianca y Aces, la primera de propiedad del Grupo Santo Domingo (el mayor conglomerado económico del país), y la segunda del sector cafetero, pudo seguir en el colegio Anglo Colombiano.

Era un pequeñín- la verdad, nunca sobrepasó los 1,65 de estatura- de ojos claros y con pinta de todo, menos de colombiano. Mono, como se dice aquí, mucho más con característica de gringo.

Sus compañeros lo recuerdan como un idealista, listo a enfrentarse a puños con el que fuera.

Era un rebelde que siempre estaba al lado de los más débiles , recuerda Luis Klein, actual vicepresidente financiero del Banco Agrario.

Fue condiscípulo de Patricia Correa, la Superintendente Bancaria, y con ella compartió muchas hazañas de aquellos años maravillosos de colegio. Klein recuerda que Archila decidió que tenía que ser un as en natación y se dedicó a aprender el arte de respirar debajo del agua. En varias ocasiones obtuvo el récord en nadado estilo mariposa de 100 y 200 metros en los campeonatos intercolegiados.

De esa experiencia aprendió que para triunfar hay que hacer sacrificios, convertir la disciplina en una forma de vida y alimentar de pasión los objetivos que se seleccionen para el futuro.

Del Anglo Colombiano pasó a la Universidad del Rosario. Escogió la carrera de derecho, porque era muy universal, y así como se aprendía de leyes, se adquirían con alguna profundidad conocimientos de filosofía, antropología, sociología, economía y política, entre muchas otras áreas del saber.

No era una época de abundancia. Su abuelo lo apoyaba y su primo hermano, Enrique Peñalosa, se convirtió en uno de los grandes amigos. El grandulón, que calza 46 y supera los 1,90 metros, no compartía guayos de fútbol, ni ropa con el enano , pero disfrutaron el micro, la bicicleta y los deportes extremos, del cual heredó la afición por el motocross, que actualmente practica en los escasos momentos libres.

Desde el primer semestre trabajó. Era una condición para terminar la carrera y reducir la dependencia económica de su abuelo. A sus 19 años era empleado de la firma de abogados William Salazar Pardo. Como patinador aprendió los intríngulis de los juzgados, de modo que la teoría la pudo ir contrastando con la práctica.

Fernando Hinestrosa, decano de la Universidad Externado de Colombia, fue su profesor de derecho de obligaciones. El recuerda que el mono tenía a su haber todos los superlativos. Era, dice con el orgullo de maestro, hiperactivo, hiperfogoso, hiperresponsable .

Me impresionaba ese joven por su disciplina personal, por su sagacidad y por su sentido de la ética. No le temblaba la mano ni el carácter , afirma Hinestrosa.

De Rosario Peñalosa, su mamá, que fue a la universidad después de madre, aprendió la rigurosidad y su afecto por la unidad familiar. Una tragedia como la vivida por ellos, a tan temprana edad, había que superarla y solo con tenacidad podría llegar a los destinos previstos.

Así fue que terminada la carrera en 1987, con tesis adelantada, ingresó a la Superintendencia Bancaria a la sección legal de Seguros y Capitalización. Tema espinoso para un novato, pero no tanto para un recién graduado que había hecho intensificación en derecho internacional privado, derecho financiero y derecho de seguros y reaseguros.

Esos inicios en el sector público le fueron dando las bases para escalar. En 1992, a los 27 años de edad, fue jefe de la oficina jurídica del Ministerio de Desarrollo, y en 1994 regresó a la Superintendencia Bancaria como delegado para Seguros y Capitalización.

Allí se encontró el primer inconveniente. Coincidencialmente con una compañía del Grupo Santo Domingo, el mismo que encabeza el dominio de Avianca. Colseguros, una de las compañías más grandes del sector, tenía prevista una integración con La Nacional de Seguros.

Archila encontró que Colseguros, de propiedad de Santo Domingo, necesitaba capitalizarse para poder obtener la aprobación de la operación. El plazo vencía al día siguiente y Archila le dijo a Bernardo Botero, presidente de la aseguradora: La integración solo se puede hacer si mañana mismo trae la propuesta .- A esta hora es imposiblerespondió Botero.

Sin embargo, el grupo reunió a sus mejores asesores y, en menos de 12 horas, la fórmula estaba en la mesa del Superintendente delegado.

Archila tiene una teoría: las leyes están hechas y solo hay que hacerlas cumplir. Si no se hubiera colocado ese plazo perentorio, quién sabe cuánto tiempo se hubiera demorado la operación .

Pero la experiencia en el sector público había que reforzarla con más formación. Hizo posgrados en Roma, Nueva York y la Universidad de los Andes, sobre temas como el derecho al desarrollo, jurisprudencia comparada y legislación financiera.

Entre 1993 y 1994 volvió al ejercicio público. Llegó a la Superintendencia de Industria y Comercio como delegado para la Promoción de la Competencia. Algo así como proteger al consumidor de los abusos y evitar posiciones dominantes en el mercado.

Fue una labor ardua, porque aquí no existe la cultura de defensa del consumidor; la gente no denuncia y las leyes existentes no se aplican , subraya Archila.

En ese periodo se empezó a revisar la ley 155- antimonopolios- que data de 1959. No fue un ejercicio fácil, pero la legislación había que adaptarla necesariamente al concepto de la globalización, cuyos inicios en Colombia empezaron el 22 de febrero de 1990, a finales de la administración Barco.

Fueron jornadas intensas en las que participó mucha gente y en las que las anécdotas no dejan de estar presentes.

Una noche entró una llamada a la Casa de Nariño. La recepción la transfirió a la sala de juntas y la contestó el propio Presidente César Gaviria. Ahí estaban Rudolf Hommes, ministro de Hacienda; Armando Montenegro, director de Planeación Nacional, y un montón de asesores. Quién es Archila?, preguntó Gaviria. Un mono delgado levantó la mano: Soy yo, Presidente . Era Marcella Saetta, su esposa, que tiene la orden de buscarlo donde quiera.

A ella nunca se le niega, así esté con el Presidente. Es su consejera y también su mayor opositora a que trabaje en el sector público.

Demasiado esfuerzo y un mal negocio para una persona que vive de su trabajo, dice Marcella.

Emilio José en eso es terco. Considera que hay que hacer servicio público, máxime cuando los grupos económicos y las grandes empresas son alérgicos a que se les vigile, se les recuerde las normas y se les sancione públicamente.

Archila dice que a pesar de que la ley antimonopolios tiene 43 años, solo en el 99 se impuso una sanción ejemplar por prácticas comerciales desleales.

Aquí la gente está acostumbrada a hacer publicidad engañosa, a violar las normas sobre pesas y medidas y a fusionarse, aliarse o integrarse, pasando por encima al consumidor , sostiene Archila.

Un día, por ejemplo, entró a un Dunkin Donuts, que queda en el primer piso, abajo de su oficina. En el establecimiento había un aviso que decía: Lleve una dona gratis . Archila hizo la fila y reclamó su dona. La vendedora le dijo que para llevarse una gratis tenía que comprar tres. El Superintendente subió a su oficina y él mismo entabló la demanda. El negocio fue sancionado por publicidad engañosa.

Pero eso es lo de menos. El año pasado limitó al máximo la fusión entre Bavaria, del Grupo Santo Domingo, y Leona, de la Organización Ardilla Lulle, una operación en la que nadie se imaginaba por tratase de dos grandes competidores.

El 27 de marzo pasado, el apoderado de Avianca y Aces, Alfonso Miranda Londoño, informó de la intención de integrarse. Tres días después la entidad requirió información adicional, que se completó el 21 de mayo.

Luego de aplicar modelos internacionales sobre el efecto que se tendría sobre 20 factores, entre mercado, demanda, capacidad de respuesta de los competidores, tarifas y calidad del servicio, la operación se objetó en una resolución de 39 páginas.

Conclusión: se restringe la libre competencia. De inmediato, conocida la resolución el lunes pasado, los altos directivos de Valores Bavaria, dueña de Avianca, acudieron al despacho del Súper. Allí intervino el ex secretario general de la Presidencia de la República durante la administración Barco, Germán Montoya.

Archila, dicen las fuentes, fue claro: Como está la propuesta, la integración no es posible .

Qué se debe hacer , preguntaron los interesados? Cambiar la propuesta e interponer un recurso de reposición ante la misma Superintendencia , respondió Archila.

El martes pasado, Montoya y otros directivos del Grupo Santo Domingo fueron a la Casa de Nariño. Hablaron con el Presidente Pastrana y ahí estuvo Archila firme con la decisión. Tanto Aces como Avianca presentarán el recurso de reposición este martes.

Si es satisfactorio, dice Archila, se revocará la decisión. De lo contrario, la objeción seguirá en firme.

Archila dice que ese es su trabajo, que en el país no deben existir intocables y que en Colombia se debe desarrollar la cultura del consumidor.

Pero en su casa hay alguien que está muy preocupado. Es Juan Felipe Archila, su hijo de 15 años, quien constantemente le advierte que no case peleas, que se retire, que no trabaje hasta la una de la mañana y que no les reste bienestar.

La semana pasada, Juan Felipe le preguntó: Papá, cuando se retire o lo echen de la Superintendencia, quién le va a dar trabajo, de qué vamos a vivir?... .

Fallos que protegen al consumidor.

Trato es trato.

La Superintendencia obligó a la compañía prestadora del servicio telefónico celular a respetar un contrato firmado y a echar para atrás una decisión que modificaba los términos del mismo, así ésta alegara que era para lograr un mayor bienestar del usuario.

En este caso el cliente no estaba de acuerdo con el cambio del contrato y pretendía mantener los términos que existían. Alegó que un operador no podía modificar las reglas si su suscriptor no está de acuerdo y que la solución era someterse a lo que está estipulado.

La Superintendencia le dio la razón al usuario y aclaró que si no era viable la preservación del plan original, y en el evento en que el suscriptor no encontrara ajustados a sus necesidades alguno de los planes propuestos por el operador, podría optar por la cancelación definitiva del contrato, sin que se generara en su contra ninguna multa o sanción.

No más.

Myriam Fanny Revelo contra Cocelco: Se ordenó a la compañía Cocelco a revocar una decisión que obligaba a la usuaria a mantener un contrato de telefonía celular. La compañía consideró que la viabilidad de la terminación del contrato dependía de la época de la presentación de la solicitud de cancelación, en la medida en que esta se presente dentro de un período determinado y que se encuentre a paz y salvo.

Por la necesidad de ausentarse del país, en enero del 2000, la usuaria, que había firmado un contrato en noviembre de 1997, solicitó la cancelación del contrato. Cocelco le comunicó posteriormente (marzo 27 del 2000) los cambios en las condiciones del contrato por su solicitud. Esta envió una nueva carta (marzo 30 del 2000) aclarando que había solicitado la cancelación y no el cambio.

La Superintendencia encontró ajustada la queja de la usuaria. Además tuvo en cuenta que el período mínimo de permanencia de un usuario es de un año, que ya se había cumplido en 1998 e incluso que ya una vez había sido prorrogado. Durante cualquiera de las prórrogas del presente contrato el cliente podrá darlo por terminado en cualquier momento informando a Cocelco con 30 días calendario de antelación a la fecha de terminación solicitada .

Contratos gaseosos.

Normas técnicas oficiales obligatorias: Los productores e importadores de aparatos que funcionan con gas combustible, deberán entregar a los consumidores un texto independiente y destacado con información mínima que le permita al usuario hacer la verificación, por su cuenta, de que se cumple con las condiciones de seguridad.

Cada artefacto y su embalaje correspondiente deben llevar adheridas o impresas, de manera permanente y visible para el consumidor y el instalador una o varias placas con la información. Las personas que construyan o realicen instalaciones deberán demostrar el cumplimiento de las normas, cuya vigilancia, control y sanción están en manos de la Superintendencia. Deben también inscribirse en el registro de fabricantes e importadores de la entidad.

Por esa razón, la Superintendencia ordenó a la sociedad Sasofing Ltda., firma que no cumplió el contrato, devolver la totalidad del valor cancelado por la instalación interna de gas natural instalada en la ciudadela Nueva Tibabuyes en Bogotá (178.000 pesos por apartamento) y le impuso una sanción de 26 millones de pesos por no cumplir con las condiciones de calidad.

Pura trama.

Contra concesionarios que deben devolver intereses: Un total de 36 concesionarios de General Motors Colmotores tuvieron que reintegrar a los compradores de sus vehículos los intereses cobrados de mas durante una promoción en que anunciaban la tasa más baja del mercado entre enero y marzo del año pasado. La promoción anunciaba en avisos de prensa, radio y televisión un interés del 1,5 por ciento mensual para la compra de vehículo. Sin embargo, luego de realizar una investigación, se encontró que en algunos casos, para que el cliente accediera a la citada tasa debía pagar un subsidio que no estaba en la publicidad. Ese subsidio no era otra cosa que intereses que cobraban por adelantado y por lo tanto, se pudo haber incurrido en cobro de intereses sobre intereses , encontró la entidad.

La diferencia entre el interés que se le daría al consumidor del 1,5 por ciento mensual y el del mercado sería asumida en un tercio por General Motors y dos tercios por los concesionarios decía el plan, pero en la práctica se la trasladaron a los clientes y se les dijo que para ser beneficiarios debían como mínimo cancelar un 30 por ciento del costo del vehículo como cuota inicial y buscar financiación máxima a 36 meses con la financiera de la empresa.

Por eso, se ordenó que se reliquidaran esos contratos y se abonaran a la cuenta de capital a favor del cliente. Además se fijó el último día de junio para perfeccionar la operación y que se le informe hasta el 15 de junio a los clientes la manera como se hizo la operación.

Por no oir reclamos.

Caso de YFU Colombia y estudiante: La Asociación Juventud para el Entendimiento YFU Colombia pagó una multa por la falta de atención oportuna a los reclamos presentados y por no cumplir con los compromisos con una estudiante que se trasladó a Estados Unidos en un plan de intercambio estudiantil (5,7 millones de pesos). Además de la sanción monetaria, la Superintendencia de Industria y Comercio ordenó la devolución de las sumas pagadas por inscripción (2,7 millones de pesos) y gastos (5.600 dólares).

Además de no recibir a la estudiante a su llegada a Estados Unidos como se había previsto, el hogar donde se ubicó no cumplía con lo establecido en el contrato. La estudiante se quejó inmediatamente y hubo desidia de la empresa para tomar alguna decisión. La familia en Colombia y otras personas cercanas en Estados Unidos presentaron las respectivas quejas, pero fue muy poco lo que se hizo, según la entidad.

Se encontró que ni el hospedaje decoroso en el hogar de una familia de clase media en ese país ni el suministro de las comidas se prestaron como debía ser. La empresa sí hizo algunas gestiones, pero fueron consideradas insuficientes.

Sin garantías ni repuestos.

Sin garantías en ABC Automoviliaria S.A.: La empresa ABC Automoviliaria fue sancionada por no otorgar la suficiente garantía a los clientes que adquirieron vehículos Uaz y que fueron vendidos en Cali en 1996. De la misma manera, ordenó reintegrar las sumas de dinero recibidas por concepto de venta y las reparaciones de vehículos objeto de la queja, previa devolución de los mismos.

Desde el momento de su entrega, los vehículos presentaron problemas de frenos, suspensión y motor, entre otros. Las 10 personas que se quejaron informaron que llevaron en varias ocasiones los automotores para pedir la garantía y casi nunca fueron atendidos y cuando los atendieron, los repuestos que les colocaron a sus vehículos eran de otro tipo de automotores.

Los propios miembros de la Superintendencia que visitaron el sitio para analizar el servicio posventa y ver el estado de los vehículos encontraron el taller cerrado y que no se atendía la garantía. Tampoco había repuestos. La sanción impuesta fue de 26 millones de pesos.

Precios mentirosos.

Industria de Alimentos La Galleta: La Industria de Alimentos Galleta S.A., incurrió en una acción ilegal al comercializar conos para helados moldeados sin azúcar a un valor inferior sin que los precios fijados correspondieran a la estructura de costos de la transacción y afectando a la competencia.

Según la Superintendencia, cuando existe una posición dominante se considera que se abusa al vender o prestar servicios en alguna parte del territorio colombiano a un precio diferente al que se ofrece en otra área de la misma nación, cuando la intención o el efecto de la práctica sea disminuir o eliminar la competencia en esa parte del país y el precio no corresponda a la estructura de costos de la transacción .

Además de encontrar que la empresa maneja el 56 por ciento del mercado nacional, por lo cual tiene una posición dominante, se estableció que Induga vende los conos para helados en la ciudad de Barranquilla a un precio de aproximadamente el 50 por ciento menos de lo ofrecido en Medellín, lo que permitió deducir la intención o la potencialidad de eliminar o disminuir la competencia de Barranquilla .

Mercado cerrado.

Sanción a Corabastos: La firma de un contrato entre Corabastos y los señores José Leovigildo Nemocón, Víctor Manuel Nemocón y Fabio Ernesto Macías limitó la comercialización y distribución en los terrenos de la corporación de cebolla larga y afectó a los demás competidores de este renglón, sentenció la Superintendencia de Industria y Comercio.

La Superintendencia encontró que una cláusula de un contrato que definía que no se autorizara la distribución y comercialización del producto mencionado al por mayor en la bodega popular de Corabastos. Solo se autorizó a dos bodegas, donde se encontraban 3 de los grandes mayoristas del producto.

De esta manera, los arrendatarios de locales en la bodega popular se vieron obligados a vender su producto a quienes tuvieran locales en las bodegas 24 y 25, lo que no solo limitó la libre producción y distribución, sino que se tradujo en un beneficio para los distribuidores.

La Superintendencia encontró que tal situación no solo limitaba la producción y distribución de cebolla larga, sino que además implicaba un beneficio para los mayoristas que suscribieron el acta, lo que se consideró una práctica comercial restrictiva. Tanto Corabastos como los comercializadores fueron multados.

Llamadas desleales.

A la empresa de telefonía celular Comcel le tocó cancelar una multa, por 520,2 millones de pesos. Fue el pago por una sanción por competencia desleal denunciado por los operadores de larga distancia 007 Mundo, Orbitel y Telecom. En 1998, Comcel ofreció entre sus usuarios servicios de larga distancia internacional haciendo uso de la tecnología IP (Internet Protocol), lo que motivó el rechazo de los operadores de larga distancia que consideraron afectada su actividad durante los meses que estuvo vigente la promoción. Con el servicio # 124 los usuarios podían hacer llamadas internacionales a precios muy por debajo de la competencia.

Además de la multa, Comcel, tuvo que responder por daños y perjuicios a las empresas operadoras en un proceso de liquidación que acaba de arrancar en la Superindustria. La compañía prestadora del servicio telefónico celular presentó un recurso de reposición que fue negado.

Después de 14 meses de estudio, el organismo de control y vigilancia hizo responsable a la empresa celular de actos violatorios de las normas de competencia e impuso la multa indicada.

Alimentos engañosos.

A empresas de alimentos por falta de peso: La Superintendencia impuso multas por 300 millones de pesos a 25 empresas de alimentos por considerar que engañaban al consumidor al echar menos producto del anunciado en sus empaques. Las sanciones oscilaron entre 8 y 17 millones de pesos y recayeron en empresas de Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla, Bucaramanga y la zona arrocera del Tolima.

En una campaña en defensa de los consumidores, la Superintendencia verificó que la cantidad ofrecida correspondiera a la entregada. A 12 de esas empresas se les obligó a hacer correcciones en sus empaques.

Fueron multadas las productoras de arroz Diana, Vistahermosa, Super Arroz, Casarroz, Flor del Día, El Leopardo, Clásico, Grantolima, Nacional, Excelso del Tolima, Don Quijote, Uniarroz del Tolima, Bonnet Excelso del Tolima y Supremo. Igualmente, las procesadoras de leche La Alquería, Ciledco, Coolechera del Atlántico, Frescaleche, Lechesan, Ledesa (leche Prima y leche La Granjera) y Parmalat. Igualmente las salsamentarias El Bohemio, Muriel y Barahona, Jorge Ortiz, Rica Rondo, Salsan, Alimentos La Cali y Agroindustria Uve, Lenteja California y Lenteja Mercar.

Libre de sospecha.

La competencia no fue desleal: Un ex empleado de la empresa Monclat Ltda. fue acusado de competencia desleal al cambiar de empresa (Fabriplast Ltda) supuestamente por llevarse los secretos de los clientes y desviar algunos de los mismos. Aunque ambas empresas desarrollaban una actividad similar y fabricaban bolsas de plástico, la Superintendencia no encontró méritos para acusar o sancionar a la persona.

La entidad dijo que no había evidencia suficiente que permitiera concluir que la sociedad investigada hubiera acudido a mecanismos fraudulentos tendientes a desviar la clientela ni demostró que los supuestos secretos industriales relacionados por el denunciante como violados revistieron tal carácter.

Aclaró además que ninguna de las dos empresas contaban con los registros de propiedad industrial.

Publicidad a medias.

No cumplieron lo que prometieron: La revista Cromos, System Depor y Dunkin Donuts fueron multadas con 56, 39 y 6 millones de pesos, respectivamente por no cumplir con lo que prometían en sus avisos publicitarios y violar el Estatuto del Consumidor. En el caso de Cromos la sanción tuvo que ver con la campaña publicitaria realizada entre 1998 y 1999 en la que ofrecía incentivos como televisores portátiles, CD players y hornos microondas por la suscripción a la revista. La promoción suscitó muchas quejas por las irregularidades en la entrega de los productos y demora en ese proceso.

Además, tampoco se informó claramente sobre los compromisos que se adquirían para acceder a los incentivos. El Superintendente dijo que no se podía guardar silencio acerca de la duración de las ofertas, la cantidad de los bienes ofrecidos y el compromiso de aceptar la renovación automática y obligatoria para el segundo año.

En el caso de System Depot la sanción se dio por no responder por la calidad de algunos bienes y servicios que prestaba.

Amarga tarea.

Las reglas que impuso la Superintendencia de Industria y Comercio a Leona y Bavaria después de su arreglo no fueron pocas. Incluyeron desde planes de publicidad hasta la obligación de permitir que en sus plantas, un tercero pueda fabricar productos similares, si la capacidad instalada lo permite, es decir la competencia puede estar en casa.

Como matrices, no podrán subordinar la venta de cualquiera de sus productos a la compra de ninguna de las tantas marcas de cerveza y maltas, que los dos grupos producen. Según la Superintendencia, de hacerlo se configuraría una venta condicionada, que podría ser castigada con multas y hasta con cierre del establecimiento.

Tanto Bavaria como Leona debieron revisar sus contratos de exclusividad. Los grupos Ardilla Lulle y Bavaria, como dueños de medios de comunicación, no podrán exigirles a otros medios masivos exclusividad cuando pauten publicidad en torno a cervezas o maltas, porque sería considerado restricción de la competencia.

Con este negocio los dos grupos resultaron ganadores: Ardila Lulle obtuvo los recursos para pagar las abultadas deudas de la cervecería y Bavaria se consolidó como la mayor cervecera del país, con una posición mucho más fuerte incluso frente a la pretensión de los competidores internacionales.

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